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Durante
su comparecencia en la Cámara de Diputados, con motivo de la Glosa del
Primer Informe de Gobierno, indicó que esta administración se ha
propuesto
equilibrar las condiciones en el sector agroalimentario, ante una
realidad de pobreza, desigualdad y exclusión.
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El
Gobierno de México promueve la incorporación y atención de todos los
productores en condiciones favorables, orientando recursos a la
provisión
de bienes públicos para la información agroalimentaria, servicios de
sanidad e inocuidad y el financiamiento para actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras y acuícolas.
En este primer año de
gestión, el rescate del campo está en plena marcha y la recuperación de
la seguridad alimentaria del país —con soberanía— ha iniciado, afirmó el
secretario
de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula.
Apuntó que el Gobierno
de México emprendió este cambio de fondo y de forma en el sector
primario nacional con acciones orientadas a cerrar brechas entre los
productores y las regiones,
fortalecer a un sector agroalimentario sustentable e incluyente y
brindar apoyos directos para los campesinos y sus familias, que les
permitan salir de la pobreza y la marginación.
Al comparecer ante el
pleno de la Cámara de Diputados, con motivo de la Glosa del Primer
Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader)
subrayó que la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador hace uso responsable y honesto de los recursos para estimular
las actividades productivas del campo y otorgar mayor respaldo a quien
más lo necesita.
En su presentación en
el recinto legislativo de San Lázaro, Villalobos Arámbula indicó que en
los sectores agropecuario y pesquero del territorio mexicano coexisten
dos polos asimétricos:
uno moderno, integrado a procesos globales y generador de riqueza, y
otro, en el que se perpetúan las condiciones de marginación y atraso.
El modelo de apertura
económica y comercial globales —ofrecidos años atrás a los sectores
avanzados del sector agroalimentario para ser más competitivos en los
mercados internacionales—
no alcanzó a los pequeños productores y fue incapaz de sacar de la
pobreza a millones de personas, además de que acrecentó la desigualdad y
la exclusión, mencionó.
“Más del 55 por ciento
de la población rural nacional vive en pobreza y, de éstos, el 16.4 por
ciento registra pobreza extrema”, apuntó.
Sostuvo que esta
administración se propone aumentar la disponibilidad de alimentos
básicos y reducir la dependencia de las importaciones, con el
acompañamiento a los productores
y la vinculación de la innovación y las tecnologías, lo que permitirá
también incidir en sacar de la pobreza y la marginación a las familias
del sector rural.
Señaló que ante una
realidad de desigualdad se deberán aplicar políticas diferenciadas y
realizar los ajustes necesarios para la operación efectiva de los
programas prioritarios,
los cuales contribuirán a resarcir la deuda social en los territorios
rurales.
La seguridad
alimentaria con soberanía, dijo, depende en gran medida de una política
de Estado para lograr la autosuficiencia en al menos cinco productos
básicos: maíz, frijol,
trigo panificable, arroz y leche, reduciendo las importaciones y, en
consecuencia, la dependencia externa.
Agricultura entrega recursos de manera directa y promueve inversiones con productores altamente tecnificados
Detalló que el trabajo
de los productores nacionales permite registrar una balanza comercial
agropecuaria y agroindustrial superavitaria, que alcanzó los seis mil
688 millones
de dólares en el reporte de enero a julio de este año.
“Queremos promover
inversiones con productores altamente tecnificados y gestionar el
otorgamiento de estímulos fiscales para las unidades económicas rurales,
además de aplicar
precios preferentes para diésel y gasolina en el sector acuícola y
pesquero”, apuntó.
Abundó que los
programas Producción para el Bienestar, Precios de Garantía,
Fertilizantes, Crédito Ganadero a la Palabra y de Apoyo a Cafetaleros y
Cañeros, han demostrado que
con la entrega de recursos de manera directa y sin intermediarios es
posible causar un mayor impacto entre quienes tienen el derecho a
recibir estos beneficios.
Especificó que bajo
este nuevo esquema para el campo se logró dispersar el 75 por ciento del
presupuesto a cerca de 1.2 millones de productores en el primer
trimestre del año,
lo que permitió a los agricultores invertir anticipadamente en insumos
productivos en alrededor de 4.5 millones de hectáreas de granos.
Además, dijo, al 30 de
septiembre se logró alcanzar el ciento por ciento de las metas
programadas en beneficio de 1.8 millones de productores y más de 2.5
millones de predios,
con lo cual estos programas han sido el eje de las acciones emprendidas
en el sector y el principal instrumento para orientar el rescate del
campo mexicano.
Aseguró que, con la
ampliación de la canasta básica, que pasó de 23 a 40 productos, se
brindan mayores opciones alimentarias a los habitantes de las regiones
de alta y muy alta
marginación y en localidades en situación de emergencia o desastre; son
algunas acciones con las que “estamos dando de comer a quienes nos dan
de comer”, acotó.
Puntualizó que 4.3
millones de unidades económicas rurales (81.3 por ciento) tienen una
agricultura familiar, de subsistencia y autoconsumo, o con limitada
vinculación al mercado,
segmento al que fue posible destinar el 49 por ciento del presupuesto
con los programas Producción para el Bienestar, Precios de Garantía,
Fertilizantes, Crédito Ganadero a la Palabra y de apoyo a cafetaleros y
cañeros.
“Estamos comprometidos
con el desarrollo de una agricultura sostenible mediante un manejo
adecuado de los recursos agua, suelo y la reducción de los impactos
ambientales en las
actividades primarias, con prácticas de adaptación a los efectos del
cambio climático y la protección de la biodiversidad”, indicó.
Incorporación y atención a todos los productores del país
El secretario Víctor
Villalobos precisó que el gobierno promoverá la incorporación y atención
de todos los productores en condiciones favorables, orientando recursos
a la provisión
de bienes públicos para la información agroalimentaria, servicios de
sanidad e inocuidad y el financiamiento para actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras y acuícolas.
Igualmente, a la
inversión en innovación, investigación y tecnología vinculada a las
necesidades de los productores; el desarrollo de capacidades y
extensionismo; el fortalecimiento
de las cadenas agroindustriales, y el acompañamiento a los
exportadores, a fin de aumentar el flujo de sus mercancías y la
diversificación de mercados agroalimentarios, concluyó.
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