- ONU Medio Ambiente publica la primera evaluación global sobre el estado de derecho
ambiental.
- Desde 1972 los países han alcanzado más de 1.100 acuerdos ambientales, pero una pobre aplicación obstaculiza
la acción efectiva para reducir la contaminación global o mitigar el cambio climático.
- El organismo llama a aumentar la voluntad política para aplicar la legislación ambiental
actual.
Nairobi/Ciudad de Panamá, 24 de enero de 2019
– La
débil aplicación del derecho ambiental está exacerbando las amenazas
para el planeta, a pesar de que las leyes y organismos dedicados al
medio ambiente han proliferado en las últimas cuatro décadas, reveló
la primera evaluación global sobre la materia, publicada hoy por ONU
Medio Ambiente.
El informe titulado
Estado de Derecho Ambiental: Primer informe global
concluyó que, aunque el volumen de leyes ambientales se ha multiplicado
por 38 desde 1972, la incapacidad de aplicar y hacer cumplir plenamente
las regulaciones es
uno de los mayores desafíos para mitigar el cambio climático, reducir
la contaminación o detener la pérdida generalizada de especies y
hábitats.
“Este informe explica por qué, pese a la proliferación de leyes ambientales, persisten problemas como la contaminación,
la reducción de la biodiversidad y el cambio climático”, dijo
David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
“A
menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las
normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se
alcanzará el derecho humano fundamental a un medio ambiente saludable”,
señaló Boyd.
En
el reporte se concluyó que, si bien la cooperación internacional
contribuyó a que numerosos países concertaran
más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972 y a que se elaboraran
múltiples leyes marco sobre medio ambiente, ni el multilateralismo ni la
asignación de fondos han dado lugar a la creación de organismos
ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes
y los reglamentos con efectividad.
Los
autores del informe identificaron los numerosos factores que
contribuyen a la deficiente aplicación de las
leyes ambientales, entre ellos, la escasa coordinación entre organismos
gubernamentales, una capacidad institucional debilitada, la falta de
acceso a la información, la corrupción y una participación cívica
reducida.
En
el informe se detallan los numerosos acontecimientos positivos en
materia de derecho ambiental registrados desde
1972, incluida la aprobación del derecho constitucional a un medio
ambiente sano en 88 países y la consagración de la protección del medio
ambiente en las constituciones de otros 65.
Además, se resalta el establecimiento de más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países, y la existencia
de disposiciones legales sobre el derecho de los ciudadanos a la información ambiental en más de 60 Estados.
“La
comunidad internacional puede hacer más. Con demasiada frecuencia, el
apoyo de los donantes se centra en esferas
muy específicas del medio ambiente, por lo que algunas áreas tienen
sólidos programas ambientales mientras que otras no reciben fondos ni
atención”, sostuvo
Carl Bruch, Director de Programas Internacionales del Environmental Law Institute.
”Este abordaje de nichos puede socavar el estado de derecho ambiental al no ofrecer uniformidad en la aplicación
y el cumplimiento de la ley y enviar mensajes confusos al público en general”, dijo Bruch.
El
informe advierte una tendencia preocupante: la resistencia a las leyes
ambientales que ha resultado en un creciente
número de casos de hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores
del medio ambiente. Entre 2002 y 2013, 908 personas fueron asesinadas en
35 países, entre ellas, guardaparques, inspectores gubernamentales y
activistas locales. Solo en 2017, 197 defensores
ambientales fueron asesinados.
“La
criminalización y los crecientes ataques a los defensores del medio
ambiente son violaciones manifiestas del
estado de derecho ambiental y una afrenta a los derechos, las funciones
y las contribuciones de los pueblos indígenas y la sociedad civil en la
protección ambiental”,
afirmó Joan Carling, activista de los derechos de los pueblos indígenas y defensora del medio ambiente originaria de Filipinas.
“Este informe da cuenta de la falta generalizada de rendición de cuentas, gobernanza sólida y respeto por los derechos
humanos a favor de la sostenibilidad”, señaló Carling.
La participación efectiva de una sociedad civil informada contribuye a que los gobiernos adopten mejores decisiones,
las empresas apliquen medidas más responsables y las leyes ambientales sean más efectivas.
La presentación de informes periódicos sobre la calidad ambiental local, incluida la calidad del aire y el agua,
contribuye a alcanzar esos objetivos.
Según
el Índice de Democracia Ambiental, solo 20 de 70 países examinados, es
decir, 28%, están clasificados como
“buenos” o “muy buenos” en lo que respecta a la elaboración de un
informe periódico, completo y actualizado sobre el estado del medio
ambiente.
Mientras
que las normas y oportunidades para la participación cívica han
aumentado de forma general, algunos Estados
han incorporado nuevas restricciones a las actividades de la sociedad
civil que limitan la capacidad del público de expresar su opinión sobre
las injusticias relativas al medio ambiente.
Las iniciativas tendientes a restringir a la sociedad civil resultan más evidentes en China, la Federación de Rusia,
Turquía, Vietnam y Camboya, entre otros países.
En
el informe se destacan diversos ejemplos de buenas prácticas, incluidas
numerosas innovaciones de países en
desarrollo que suelen enfrentar los mismos problemas que los países
desarrollados, pero con menos recursos para hacerles frente. El alcance
de esas iniciativas refuerza dos puntos clave del informe:
desarrollar y promover el estado de derecho ambiental
plantea un desafío para todos los países y resulta cada vez más
pioritario.
Para
alcanzar los objetivos de los cientos de leyes, reglamentos y políticas
nacionales en este sector –incluidos
la salud, el bienestar público, economías sólidas y sociedades
pacíficas– se debe asignar prioridad absoluta al fortalecimiento del
estado de derecho ambiental.
