CEPAL lanzó hoy
su informe anual Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020, en
el que analiza la respuesta fiscal de los países de la región frente a
la crisis humana y económica provocada
por la enfermedad del coronavirus.
(6 de julio, 2020)
La
política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del
impacto social y económico derivado de la pandemia del COVID-19 y, al
mismo tiempo, proporcionar
el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad
económica que permita guiar a la región hacia un desarrollo sostenible e
inclusivo en un mundo post COVID-19. Así lo señala el
Panorama Fiscal
de América Latina y el Caribe 2020, publicación anual de la CEPAL dada a conocer hoy en el sitio web de la institución.
El
informe analiza la respuesta fiscal de los países de la región frente a
la crisis humana y económica provocada por la enfermedad del
coronavirus (COVID-19). Destaca
la rapidez con que los países han reaccionado ante la crisis mediante
la adopción de paquetes de medidas fiscales que representan, en
promedio, un 3,2% del producto interno bruto (PIB) de los países de
América Latina. Como se detalla en el informe, estos paquetes
contemplan medidas de gasto público, alivio tributario y apoyo de
liquidez respaldado por los gobiernos de la región.
No
obstante, el informe señala que el manejo de la política fiscal en la
actualidad se ve complejizado por un entorno macroeconómico poco
favorable y altamente incierto.
A los aumentos del endeudamiento público observados durante la última
década, se suma el hecho de que, debido a la pandemia, los países
enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la
contracción en la actividad económica y menores precios
de los productos básicos (commodities), mientras que las necesidades de gasto aumentan rápidamente para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia.
En
este contexto, la CEPAL indica en el estudio que las medidas fiscales
ya anunciadas representan un primer paso en lo que podría ser un largo
camino hacia la recuperación
de la región. De acuerdo al documento, en los próximos meses, y ante el
eventual levantamiento gradual de las medidas de confinamiento, los
países deberán impulsar importantes medidas de estímulo fiscal con el
objetivo de contribuir a la reactivación de la
actividad económica, la inversión y la creación de empleo de calidad.
Para ello serán necesarios mayores esfuerzos fiscales y que la región
cuente con acceso adecuado a medidas de financiamiento.
Junto
con examinar los retos de la política fiscal en el contexto actual de
la pandemia y la evolución de las finanzas públicas durante 2019, el
Panorama Fiscal 2020 de la CEPAL, analiza la problemática
de la evasión fiscal en la región. La CEPAL estima que la región perdió
325.000 millones de dólares –equivalente al 6,1% del PIB– en 2018 por
incumplimiento tributario. La evasión del impuesto
sobre la renta corporativa en la región es especialmente aguda. Los
sistemas tributarios en algunos países generan menos de 50% de los
ingresos por concepto de este impuesto que en teoría deberían generar,
lo que resulta en brechas tributarias de entre 0,7%
del PIB y 5,3% del PIB. Frente a este desafío, los países de la región
se encuentran desarrollando una serie de acciones e innovaciones para
acotar los espacios para evasión y así impulsar la movilización de
recursos internos para financiar los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, agrega el informe.
El
impacto del COVID-19 en múltiples aspectos económicos y sociales hace
que la acción del Estado a través de la política fiscal, en general, y
de los programas de
gasto público, en particular, cobren una mayor relevancia, recalca la
publicación. En este sentido, el documento examina el gasto público en
clasificación funcional entre 2000 y 2018. Durante este período, el
crecimiento del gasto público en América Latina
se debió a mayores erogaciones destinadas a financiar políticas
sociales. En particular, el gasto en salud, educación y protección
social pasaron de representar 1,5%, 2,9% y 3,2% del PIB en 2000, a
representar el 2,3%, el 3,9% y el 4,0% del PIB en 2018, respectivamente.
Sin
embargo, como lo muestran los efectos sociales derivados de la
pandemia, estos niveles de gasto son insuficientes para atender las
demandas sociales que enfrenten
los países de la región y proveer bienes y servicios públicos de
calidad. Adicionalmente, el informe establece que la política de
consolidación fiscal en los últimos años ha acortado el crecimiento del
gasto social y ha provocado una contracción de los gastos
de capital, particularmente los relacionados con la inversión en
transporte.
Según
la CEPAL, en la medida en que la región supere la contingencia
sanitaria, se abrirá una oportunidad para reconstruir una mejor realidad
para los países de la
región, con sociedades más inclusivas e igualitarias.
La
pandemia ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social,
tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y
en la limitada provisión
crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad. Por lo tanto,
la región debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social
que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de
fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible
mediante la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los
sistemas de protección social – incluyendo la adopción de un ingreso
básico universal-, y que proporcionen sistemas de educación y salud de
calidad, y sistemas de pensiones de calidad, enfatiza
el informe.
En
este sentido, la política fiscal deberá contribuir al logro de estas
metas a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente, y de
un gasto público efectivo
y equitativo que dé prioridad a atender las necesidades de las
sociedades de la región, finaliza el documento.
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