El día de ayer el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla
Valdez, se presentó acompañado del Fiscal General del Estado, Guillermo
Ruíz Hernández en la Plaza de Cobro No. 34 “Playas de Tijuana”, ubicada
en el kilómetro 011, Cuerpo “A”, de la Autopista Tijuana-Ensenada.
En un acto improvisado, el titular del ejecutivo estatal anunció
que esa tarde publicaría un decreto para que la plaza de cobro y el
tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito, pasaran a la posesión
del Gobierno del Estado de Baja California, el cual se encargará de
mantener y conservar el mencionado tramo carretero, por lo que la caseta
ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas.
Asimismo, anunció que, a partir de ese momento la Fiscalía General
del Estado, con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana, se haría
cargo de las instalaciones de la caseta de cobro mencionada, para evitar
actos delictivos y darle seguridad, entregándoles en ese acto la
posesión de las mismas.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE) consideran que el mencionado decreto viola la
Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y
atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT,
para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar
carreteras federales y autopistas; así como vigilar técnicamente su
funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales
respectivas.
CAPUFE, como administrador y operador, procederá a iniciar las
acciones correspondientes, para que se le restituya la posesión y
administración de la caseta y el tramo carretero.
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la
Ley de Vías Generales de Comunicación, por el daño, interrupción y
deterioro de los servicios que operen en las mismas.
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