Aquiles
Córdova Morán
El
gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, vuelve a acusar al
Movimiento Antorchista, por enésima vez, de ser una organización
criminal, sin aportar ninguna prueba. Yo lo acuso de estar preparando
un fraude monumental para robarse la elección que viene y aquí doy
las pruebas en que apoyo mi aseveración. Hace pocos días, la Cámara
de Diputados de Puebla recibió para su discusión, y aprobación en
su caso, dos propuestas de reformas a las leyes vigentes. La primera
es una iniciativa del gobernador Miguel Barbosa para modificar el
artículo 232 del Código electoral del estado; la segunda es del
diputado Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada
morenista, y consta de dos partes: la primera propone modificar la
Constitución del estado y la segunda, nuevamente, el Código
electoral. La iniciativa del gobernador propone:
1)
Se prohíbe colocar propaganda electoral en los siguientes lugares:
equipamiento urbano (postes, señales e infraestructura que tenga que
ver con el servicio público). La prohibición incluye cualquier
objeto colocado en las estructuras antedichas, tales como mamparas,
bastidores o cualquier accesorio que se pueda colgar o fijar en
ellas. Tampoco se podrá colocar propaganda en accidentes geográficos
(superficies de tierra, partes de un cerro u otro accidente del
terreno al lado de las carreteras); en señales de tránsito, postes,
semáforos y otras estructuras de las carreteras o vías de
ferrocarril. En los lugares antes señalados no se podrá colocar
tampoco la llamada “propaganda indirecta”, que es mostrar la
imagen del candidato o partido político en portadas de revistas,
libros, anuncios de entrevistas o diarios o cualquier otro elemento
que contenga la imagen, nombre, símbolo, siglas o elementos que
induzcan al elector a concluir que se trata de un candidato o de un
político.
2)
No se podrá fijar, pintar, colgar o adherir ningún elemento de
propaganda electoral, directa o indirecta, en espectaculares,
pantallas electrónicas, ni colgarse de algún elemento adherido a
estos.
3)
Se prohíbe colgar, fijar, pintar o adherir ningún elemento de
propaganda de partidos o candidatos, incluyendo cualquier elemento
que induzca a pensar que se trata de un candidato o partido político
en: a) taxis, b) autobuses, c) microbuses, d) camionetas de
pasajeros, e) todo vehículo del servicio público de transporte de
pasajeros, f) servicio mercantil, g) servicios auxiliares, h)
servicio ejecutivo. i) Así como en bases, terminales, sitios u
oficinas de los servicios mencionados en los incisos anteriores.
En
pocas palabras, Barbosa quiere, simple y llanamente, impedir la
propaganda electoral, violando incluso la libertad de prensa, la de
imprenta y el derecho legítimo de cualquier autor a promover su
obra. Él dice que quiere frenar el abuso que, en este terreno, se ha
venido cometiendo desde siempre, particularmente en el sexenio de
Rafael Moreno Valle; que busca que todos los candidatos y partidos,
incluido el suyo, Morena, compitan en igualdad de condiciones. Piso
parejo para todos, dice. Pero el argumento es notoriamente falso.
Primero, muchas de las prohibiciones que enumera ya están en la ley,
y no veo la razón por la que quiere prohibir las que él añade ni
por qué las considera un exceso. Segundo, existe ya una medida
bastante más eficaz para remediar el abuso de que habla, y ese es el
tope de gastos de campaña que contabiliza en pesos y centavos todo
lo que el candidato y su partido hagan para promoverse. Y
precisamente las prohibiciones añadidas por Barbosa se tasan a
precio alzado para limitar su uso. ¿Qué necesidad hay de
prohibirlas totalmente? Solo una: impedir a como dé lugar que el
mensaje de la oposición llegue a los electores. Tercero, el uso y
abuso de los programas de gobierno y del dinero público con fines
electorales por parte de Morena, es una verdad del dominio público,
por lo que el “piso parejo” de Barbosa es pura propaganda, un
taparrabo para esconder su deseo de favorecer aún más a su partido.
Aunque lo niegue.
El
diputado Biestro Medinilla, por su parte, propone reformar el
artículo 35 de la Constitución del estado para suprimir el derecho
de la primera minoría a contar con un diputado más de
representación proporcional. La reforma busca aumentar el número de
las curules a repartir, mediante representación proporcional, entre
todos los partidos con derecho, lo que beneficiaría a Morena por ser
el partido con mayor votación (al menos eso es lo que ellos
esperan). Pero, para darse cuenta cabal de la maniobra, tenemos que
examinar otros puntos de la iniciativa de Biestro.
Propone
también reformar el artículo 16 del Código electoral para
adecuarlo, dice, a la reforma constitucional anterior, lo cual es
inobjetable. Lo turbio comienza con la redacción confusa e imprecisa
del texto. Leyéndolo con atención y esfuerzo, permite entrever que
su verdadero objetivo es eliminar el candado que este artículo pone
al riesgo de sobrerrepresentación de cualquier partido,
particularmente del partido mayoritario. Este candado establece que
ningún partido podrá contar con un número de diputados cuyo
porcentaje respecto al total de legisladores (41 en el caso de
Puebla) sea mayor en 8 puntos al porcentaje de los votos a su favor
calculado contra el total de votos emitidos en la elección
respectiva. Así, si se suprime este candado y el número de curules
a repartir mediante la representación proporcional aumenta, crece
también la probabilidad de que Morena se haga con la mayoría
calificada de los 2/3 del Congreso, aunque los votos a su favor no la
justifiquen. Morena busca el control absoluto del Congreso a como dé
lugar.
Biestro
propone modificar el artículo 41 del Código para precisar que
ningún partido político, nacional o local, que participe por
primera vez en una elección en Puebla, puede formar coaliciones,
frentes, fusiones o pactar candidaturas comunes con otro partido.
Pero resulta que esta taxativa ya está contemplada en el artículo
58 del mismo Código, y es dudoso que Biestro o sus asesores legales
no lo sepan. ¿Cómo se explica el “error”? La respuesta la da la
misma iniciativa al proponer que ese artículo 58 conserve su
redacción actual, suprimiendo “solo” el capítulo que contiene
la reglamentación de las coaliciones y demás formas de asociación
entre partidos. Esa mutilación deja al libre arbitrio del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado (IEE) (actualmente bajo
dominio absoluto de Barbosa, como lo demostró su ilegal resolución
en contra del derecho del antorchismo poblano a formar su propio
partido local) la aceptación o el rechazo de las alianzas entre
partidos. Es decir, Barbosa se reservaría el derecho a decidir qué
alianzas proceden y cuáles no, por ser un riesgo para el triunfo de
Morena.
Finalmente,
Biestro propone reformar el artículo 47 del Código electoral, que
dispone que la cantidad
total de
dinero público a repartir entre los partidos políticos vigentes
debe calcularse multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral por una cantidad equivalente al 65% del valor de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra fija diseñada
para este y otros cálculos oficiales parecidos. La propuesta es que
el cálculo se haga empleando el total
de votos emitidos en
la elección respectiva, en lugar del total del padrón electoral.
Biestro busca, pues, disminuir en un 50% promedio el financiamiento
público a los partidos, puesto que todo mundo sabe que el número de
ciudadanos que acuden a las urnas es siempre menor al de empadronados
y que a duras penas llega al 60% en los mejores casos. Así, el
multiplicando del cálculo que propone Biestro es, por término
medio, un 50% menor que el que estipula la ley actual, y el resultado
se reducirá en la misma proporción.
Si
se toman juntas las dos propuestas, la de Barbosa y la de Biestro,
salta a la vista que son las dos mitades de un plan único, trazado
por la misma mano, con un doble objetivo. a) Enviar a la oposición a
la guerra electoral prácticamente sin dinero y sometida a una
legislación draconiana que le prohíbe hacer uso de los medios de
propaganda que considere más eficaces para llegar al electorado. Se
busca construirle a Morena un enemigo ad
hoc, un
luchador amordazado
y con el brazo derecho inmovilizado para
garantizar su victoria en cualquier circunstancia. b) Crear un seguro
adicional consistente en dejar en manos del gobernador la decisión
de aceptar o rechazar los pactos y alianzas que proponga la oposición
y, de ese modo, cerrar la posibilidad de que su partido pueda ser
sorprendido y derrotado por esta vía.
Pero
esto no es todavía suficiente. Barbosa y los morenistas quieren
asegurar también el control absoluto del Congreso ya elegido, para
lo cual se propone suprimir el diputado adicional para la primera
minoría (que, por supuesto, no esperan ser ellos) y así restarle
peso al disminuir su número; y hay que eliminar el candado a la
sobrerrepresentación para poder agandallarse
la mayoría calificada aunque sus votos no alcancen para eso. Se
trata, en resumen, de un plan perverso para burlar la voluntad
popular y conservar (y acrecentar si es posible) el control de
Barbosa y de sus incondicionales sobre el Congreso poblano. Los
enormes peligros que de tal plan se derivarían, no necesitan
adivinarse ni hace falta especular sobre ellos. Han sido y son el pan
de cada día para la inmensa mayoría de los poblanos desde que
Barbosa se hizo con el poder. Sin embargo, es verdad que todo esto
puede empeorar más, mucho más, si esos señores logran imponer la
dictadura que están fraguando.
Dicho
esto, solo me queda una duda: ¿qué pasa con los señores diputados
de oposición (pocos o muchos) y con sus respectivos partidos
políticos? ¿Por qué no levantan la voz siquiera sea para prevenir
a los futuros votantes? Realmente no lo sé. Pero permítaseme
parafrasear una frase de Marx que creo que viene al caso: el peor
daño que infligen los dictadores a la humanidad no es físico,
económico o político; es el terrible daño moral de convertir a la
sociedad en un conjunto de eunucos, dispuestos a soportar las peores
humillaciones con tal de asegurar la pitanza y salvar la vida. Los
poblanos no debemos aceptar resignadamente semejante degradación de
nuestra condición humana.
Barbosa
se prepara para robarse la elección que viene
Aquiles
Córdova Morán
El
gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, vuelve a acusar al
Movimiento Antorchista, por enésima vez, de ser una organización
criminal, sin aportar ninguna prueba. Yo lo acuso de estar preparando
un fraude monumental para robarse la elección que viene y aquí doy
las pruebas en que apoyo mi aseveración. Hace pocos días, la Cámara
de Diputados de Puebla recibió para su discusión, y aprobación en
su caso, dos propuestas de reformas a las leyes vigentes. La primera
es una iniciativa del gobernador Miguel Barbosa para modificar el
artículo 232 del Código electoral del estado; la segunda es del
diputado Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada
morenista, y consta de dos partes: la primera propone modificar la
Constitución del estado y la segunda, nuevamente, el Código
electoral. La iniciativa del gobernador propone:
1)
Se prohíbe colocar propaganda electoral en los siguientes lugares:
equipamiento urbano (postes, señales e infraestructura que tenga que
ver con el servicio público). La prohibición incluye cualquier
objeto colocado en las estructuras antedichas, tales como mamparas,
bastidores o cualquier accesorio que se pueda colgar o fijar en
ellas. Tampoco se podrá colocar propaganda en accidentes geográficos
(superficies de tierra, partes de un cerro u otro accidente del
terreno al lado de las carreteras); en señales de tránsito, postes,
semáforos y otras estructuras de las carreteras o vías de
ferrocarril. En los lugares antes señalados no se podrá colocar
tampoco la llamada “propaganda indirecta”, que es mostrar la
imagen del candidato o partido político en portadas de revistas,
libros, anuncios de entrevistas o diarios o cualquier otro elemento
que contenga la imagen, nombre, símbolo, siglas o elementos que
induzcan al elector a concluir que se trata de un candidato o de un
político.
2)
No se podrá fijar, pintar, colgar o adherir ningún elemento de
propaganda electoral, directa o indirecta, en espectaculares,
pantallas electrónicas, ni colgarse de algún elemento adherido a
estos.
3)
Se prohíbe colgar, fijar, pintar o adherir ningún elemento de
propaganda de partidos o candidatos, incluyendo cualquier elemento
que induzca a pensar que se trata de un candidato o partido político
en: a) taxis, b) autobuses, c) microbuses, d) camionetas de
pasajeros, e) todo vehículo del servicio público de transporte de
pasajeros, f) servicio mercantil, g) servicios auxiliares, h)
servicio ejecutivo. i) Así como en bases, terminales, sitios u
oficinas de los servicios mencionados en los incisos anteriores.
En
pocas palabras, Barbosa quiere, simple y llanamente, impedir la
propaganda electoral, violando incluso la libertad de prensa, la de
imprenta y el derecho legítimo de cualquier autor a promover su
obra. Él dice que quiere frenar el abuso que, en este terreno, se ha
venido cometiendo desde siempre, particularmente en el sexenio de
Rafael Moreno Valle; que busca que todos los candidatos y partidos,
incluido el suyo, Morena, compitan en igualdad de condiciones. Piso
parejo para todos, dice. Pero el argumento es notoriamente falso.
Primero, muchas de las prohibiciones que enumera ya están en la ley,
y no veo la razón por la que quiere prohibir las que él añade ni
por qué las considera un exceso. Segundo, existe ya una medida
bastante más eficaz para remediar el abuso de que habla, y ese es el
tope de gastos de campaña que contabiliza en pesos y centavos todo
lo que el candidato y su partido hagan para promoverse. Y
precisamente las prohibiciones añadidas por Barbosa se tasan a
precio alzado para limitar su uso. ¿Qué necesidad hay de
prohibirlas totalmente? Solo una: impedir a como dé lugar que el
mensaje de la oposición llegue a los electores. Tercero, el uso y
abuso de los programas de gobierno y del dinero público con fines
electorales por parte de Morena, es una verdad del dominio público,
por lo que el “piso parejo” de Barbosa es pura propaganda, un
taparrabo para esconder su deseo de favorecer aún más a su partido.
Aunque lo niegue.
El
diputado Biestro Medinilla, por su parte, propone reformar el
artículo 35 de la Constitución del estado para suprimir el derecho
de la primera minoría a contar con un diputado más de
representación proporcional. La reforma busca aumentar el número de
las curules a repartir, mediante representación proporcional, entre
todos los partidos con derecho, lo que beneficiaría a Morena por ser
el partido con mayor votación (al menos eso es lo que ellos
esperan). Pero, para darse cuenta cabal de la maniobra, tenemos que
examinar otros puntos de la iniciativa de Biestro.
Propone
también reformar el artículo 16 del Código electoral para
adecuarlo, dice, a la reforma constitucional anterior, lo cual es
inobjetable. Lo turbio comienza con la redacción confusa e imprecisa
del texto. Leyéndolo con atención y esfuerzo, permite entrever que
su verdadero objetivo es eliminar el candado que este artículo pone
al riesgo de sobrerrepresentación de cualquier partido,
particularmente del partido mayoritario. Este candado establece que
ningún partido podrá contar con un número de diputados cuyo
porcentaje respecto al total de legisladores (41 en el caso de
Puebla) sea mayor en 8 puntos al porcentaje de los votos a su favor
calculado contra el total de votos emitidos en la elección
respectiva. Así, si se suprime este candado y el número de curules
a repartir mediante la representación proporcional aumenta, crece
también la probabilidad de que Morena se haga con la mayoría
calificada de los 2/3 del Congreso, aunque los votos a su favor no la
justifiquen. Morena busca el control absoluto del Congreso a como dé
lugar.
Biestro
propone modificar el artículo 41 del Código para precisar que
ningún partido político, nacional o local, que participe por
primera vez en una elección en Puebla, puede formar coaliciones,
frentes, fusiones o pactar candidaturas comunes con otro partido.
Pero resulta que esta taxativa ya está contemplada en el artículo
58 del mismo Código, y es dudoso que Biestro o sus asesores legales
no lo sepan. ¿Cómo se explica el “error”? La respuesta la da la
misma iniciativa al proponer que ese artículo 58 conserve su
redacción actual, suprimiendo “solo” el capítulo que contiene
la reglamentación de las coaliciones y demás formas de asociación
entre partidos. Esa mutilación deja al libre arbitrio del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado (IEE) (actualmente bajo
dominio absoluto de Barbosa, como lo demostró su ilegal resolución
en contra del derecho del antorchismo poblano a formar su propio
partido local) la aceptación o el rechazo de las alianzas entre
partidos. Es decir, Barbosa se reservaría el derecho a decidir qué
alianzas proceden y cuáles no, por ser un riesgo para el triunfo de
Morena.
Finalmente,
Biestro propone reformar el artículo 47 del Código electoral, que
dispone que la cantidad
total de
dinero público a repartir entre los partidos políticos vigentes
debe calcularse multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral por una cantidad equivalente al 65% del valor de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra fija diseñada
para este y otros cálculos oficiales parecidos. La propuesta es que
el cálculo se haga empleando el total
de votos emitidos en
la elección respectiva, en lugar del total del padrón electoral.
Biestro busca, pues, disminuir en un 50% promedio el financiamiento
público a los partidos, puesto que todo mundo sabe que el número de
ciudadanos que acuden a las urnas es siempre menor al de empadronados
y que a duras penas llega al 60% en los mejores casos. Así, el
multiplicando del cálculo que propone Biestro es, por término
medio, un 50% menor que el que estipula la ley actual, y el resultado
se reducirá en la misma proporción.
Si
se toman juntas las dos propuestas, la de Barbosa y la de Biestro,
salta a la vista que son las dos mitades de un plan único, trazado
por la misma mano, con un doble objetivo. a) Enviar a la oposición a
la guerra electoral prácticamente sin dinero y sometida a una
legislación draconiana que le prohíbe hacer uso de los medios de
propaganda que considere más eficaces para llegar al electorado. Se
busca construirle a Morena un enemigo ad
hoc, un
luchador amordazado
y con el brazo derecho inmovilizado para
garantizar su victoria en cualquier circunstancia. b) Crear un seguro
adicional consistente en dejar en manos del gobernador la decisión
de aceptar o rechazar los pactos y alianzas que proponga la oposición
y, de ese modo, cerrar la posibilidad de que su partido pueda ser
sorprendido y derrotado por esta vía.
Pero
esto no es todavía suficiente. Barbosa y los morenistas quieren
asegurar también el control absoluto del Congreso ya elegido, para
lo cual se propone suprimir el diputado adicional para la primera
minoría (que, por supuesto, no esperan ser ellos) y así restarle
peso al disminuir su número; y hay que eliminar el candado a la
sobrerrepresentación para poder agandallarse
la mayoría calificada aunque sus votos no alcancen para eso. Se
trata, en resumen, de un plan perverso para burlar la voluntad
popular y conservar (y acrecentar si es posible) el control de
Barbosa y de sus incondicionales sobre el Congreso poblano. Los
enormes peligros que de tal plan se derivarían, no necesitan
adivinarse ni hace falta especular sobre ellos. Han sido y son el pan
de cada día para la inmensa mayoría de los poblanos desde que
Barbosa se hizo con el poder. Sin embargo, es verdad que todo esto
puede empeorar más, mucho más, si esos señores logran imponer la
dictadura que están fraguando.
Dicho
esto, solo me queda una duda: ¿qué pasa con los señores diputados
de oposición (pocos o muchos) y con sus respectivos partidos
políticos? ¿Por qué no levantan la voz siquiera sea para prevenir
a los futuros votantes? Realmente no lo sé. Pero permítaseme
parafrasear una frase de Marx que creo que viene al caso: el peor
daño que infligen los dictadores a la humanidad no es físico,
económico o político; es el terrible daño moral de convertir a la
sociedad en un conjunto de eunucos, dispuestos a soportar las peores
humillaciones con tal de asegurar la pitanza y salvar la vida. Los
poblanos no debemos aceptar resignadamente semejante degradación de
nuestra condición humana.
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