➢ A
11 días de bloqueo se tienen pérdidas por más de 75 millones de pesos
por bloquear el paso del tren y dañando a la industria mexicana que no
logra hacer llegar sus productos a sus destinos
Ciudad de México, 23 de julio de 2020.
El bloqueo al paso de mercancías, productos e insumos esenciales
iniciado el pasado lunes 13 de julio en el poblado de Corral, municipio
de Guaymas, en el estado de Sonora, por un grupo de personas del Pueblo
Yaqui, provoca severas afectaciones a la población en general, a
empresas mexicanas y extranjeras y a la actividad económica del país.
La
interrupción arbitraria del paso del ferrocarril de carga y del
autotransporte ha derivado en una crisis logística que se comienza a
manifestar en el desabasto de productos necesarios para los
consumidores, para los procesos productivos y para el comercio exterior,
debido al corte del flujo de mercancías a través de los cruces
fronterizos de Nogales y Mexicali.
Las
pérdidas estimadas, a más de 11 días de bloqueo, son de más de 75
millones de pesos y aumentan hora tras hora, con la detención de casi
tres mil carros de ferrocarril y 170 mil toneladas de carga que es
indispensable para las industrias automotriz, cementera, acerera, minera
y para la producción agrícola, entre otras actividades fundamentales
para Sonora y para México.
En
momentos en que todos estamos llamados a un esfuerzo adicional para
favorecer la recuperación económica por la pandemia de COVID-19, esta
injustificada interrupción de las cadenas logísticas agrava la situación
para la economía nacional y la de las familias mexicanas, además de que
daña de forma directa a las exportaciones e importaciones hoy tan
importantes para el país.
Entendemos
la complejidad de la problemática que los manifestantes plantean y la
necesidad de que haya mesas de trabajo con las autoridades de distintos
niveles para construir soluciones adecuadas, sin afectar a terceros. Sin
embargo, este bloqueo daña a industrias y personas que no tienen
relación con dichas demandas, violenta la ley, coarta las libertades,
daña la certeza jurídica indispensable para cualquier actividad
económica y antepone el interés de algunos al bienestar de todos.
Refrendamos
nuestro respaldo a las acciones que el gobierno de Sonora, con apego a
la legalidad y en coordinación con las autoridades federales, lleve a
cabo para dar solución política al conflicto y restaurar cuanto antes la
libertad de tránsito en la zona colapsada.
Por
su parte la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN) hace un llamado a las autoridades correspondientes
y a los manifestantes a entablar un diálogo constructivo y logren un
acuerdo que restablezca el flujo de mercancías, pues de otra manera se
está dañando a la industria nacional y a la sociedad que necesita de
esos productos para su supervivencia.
"Debemos
privilegiar el diálogo, y hacemos este llamado a que los manifestantes
encuentren un mecanismo de presión diferente sin estar afectando al
aparato productivo que además impacta a la sociedad de la región, los
empleos y en general la imagen de la entidad", comentó Francisco
Cervantes Díaz, presidente de CONCAMIN.
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