El Poder Judicial de la Federación es mucho más que un contrapeso
institucional del sistema político mexicano. Además de equilibrar
el ejercicio del poder público, por décadas ha sido el último gran
dique para frenar acciones que puedan atentar contra el Estado de
Derecho.
Desde hace al menos veinticinco años, el Poder Judicial de la
Federación se ha mantenido firme en la defensa de la Constitución y
la legalidad, sirviendo de esa forma al País.
Cuando los otros Poderes de la Unión o bien autoridades de otros
órdenes de gobierno han excedido en el ejercicio de sus tareas
públicas, ahí han estado los jueces, magistrados y ministros para
defender los derechos humanos, la constitucionalidad y la legalidad.
No debe perderse de vista, que la principal función Constitucional
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido la de evaluar,
controlar y juzgar los actos del Poder Ejecutivo y Legislativo. Por
ello, es indispensable mantener su independencia de dichos poderes.
En gran medida, la Reforma Judicial de 1994 fue el hito que ayudó a
avanzar en esa dirección. A partir de un nuevo andamiaje normativo y
la creación del Consejo de la Judicatura Federal, hubo un
reordenamiento de la organización interna del Poder Judicial de la
Federación, brindando mayor eficacia a las competencias de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con ello, en los últimos 25 años, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha gozado de mayor independencia y autonomía en sus
decisiones, para dar marcha atrás, cuando así fue menester hacerlo,
a resoluciones que tuvieron un origen en el Poder Legislativo o el
Poder Ejecutivo.
La Reforma Judicial de 1994 también ayudó a focalizar la tarea de
la Corte en el área del derecho Constitucional. Mediante el amparo,
y con el fortalecimiento de las controversias constitucionales y la
creación de las acciones de inconstitucionalidad, muchas veces las y
los ministros le han dado cauce a la legalidad en diversas coyunturas
de la vida pública nacional.
A pesar de estos avances, el Poder Judicial de la Federación tiene
importantes márgenes de mejora; sobre todo, para hacer frente a los
casos de corrupción y nepotismo que se han presentado en los últimos
años.
Hoy la justicia es lenta y costosa. Por ello, hace falta un impulso
que permita actualizar las instituciones y los mecanismos que
sostienen al Poder Judicial de la Federación. Sin perder
independencia y autonomía, se debe renovar el ámbito judicial, para
que el acceso a la justicia y la aplicación de la Ley tenga nuevos
alcances y garantice protección a más mexicanos.
La experiencia ha demostrado que, sin lugar a dudas, la Suprema Corte
juega un papel fundamental en la vida de México.
Mientras las materias Constitucionales han impactado en el desarrollo
institucional del país, el liderazgo de la Corte en asuntos de
legalidad, ha permitido transformar el día a día de los ciudadanos.
Por ello, no debe renunciarse a este papel trascendental, sino
fortalecerse.
Este diagnóstico es coincidente en diversos sectores de la sociedad
y se demuestra con la existencia de 99 iniciativas que abordan
distintas preocupaciones y puntos de vista, y que pretenden reformar
al ámbito judicial, desde una gran amplitud temática, ideológica y
jurídica.
En Coparmex reconocemos que es momento de llevar a cabo una
transformación del Poder Judicial de la Federación y por ello
celebramos la iniciativa del Senador Ricardo Monreal del Grupo
Parlamentario de Morena, para iniciar una gran discusión en la
materia, donde se analicen todas estas posturas y se escuchen las
voces de los tres Poderes de la Unión, pero también de los sectores
relevantes, como la abogacía, la academia y la sociedad civil.
Con la presencia de los Ministros de la Suprema Corte, los Consejeros
de la Judicatura Federal, los Magistrados del Tribunal Electoral, el
Consejero Jurídico de la Presidencia, el Fiscal General de la
República y Legisladores Federales, la semana pasada se dio
banderazo de salida a las mesas de trabajo que conducirán a la
“Reforma con y para el Poder Judicial”.
Por sí solo, este ejercicio de diálogo es ya relevante. Sin
embargo, la seriedad en sus participantes y la inclusión de las
distintas voces representativas de la academia, la sociedad civil y
la empresarialidad, será la clave para definir una reforma
profundamente modernizadora. La audiencia de esos actores, puede
conducir a una reforma gravemente perjudicial para la eficiencia y
autonomía del Poder Judicial.
En Coparmex, apostamos a favor de la reforma al Poder Judicial de la
Federación, siempre y cuando ésta permita hacer frente a los añejos
–pero actuales– desafíos que tiene esta esfera del quehacer
público, sin comprometer la división y el equilibrio de poderes.
De no atender estas materias, la Reforma podría llevarnos a un
debilitamiento institucional en el Poder Judicial. La existencia de
mecanismos o la falta de ellos –que permitan un sometimiento de las
decisiones judiciales a los intereses de los demás poderes, en
especial al Ejecutivo– es el mayor riesgo que tiene la impartición
de justicia en México.
Cualquier mecanismo que promueva la politización de la Suprema Corte
de Justicia implicaría un desmantelamiento de su independencia y
autonomía. Un ejemplo de ello, pudiera ser la idea de reducir la
duración en el cargo de los Ministros, trasladándole al Senado la
facultad para hacerse cargo de su ratificación para un segundo
periodo.
Con ello, se estaría abriendo la posibilidad de incurrir en un
conflicto de intereses por parte de la Cámara de Senadores, ya que,
en la mayoría de las cuestiones constitucionales, sería la parte
demandada y juzgada por los propios Ministros de la Corte, a los
cuales tendría que ratificar en su cargo. Peor aún, si la reducción
en el periodo pasara de 15 a 6 años, pudiendo coincidir con la
duración en el cargo de los legisladores.
Otro grave riesgo, sería el debilitamiento de la carrera judicial,
al abrir desmedidamente la puerta a cargos de jueces, magistrados y
ministros a profesionales que provengan de otros ámbitos del
Derecho, ajenos a la materia judicial. La apertura, sin duda, es un
buen camino para transparentar y fortalecer el ejercicio del Poder
Judicial; pero cuidando de nunca debilitar la preparación técnica
especializada en la impartición de justicia.
Por ello, en Coparmex, como lo hemos hecho a lo largo de 90 años de
historia –en los que hemos participado en los grandes cambios de la
vida institucional de México–, vamos a pugnar por una
transformación judicial profunda, que atienda sus principales
desafíos y que evite, a toda costa, sus riesgos.
Los mexicanos tenemos de frente la gran oportunidad de redefinir al
Poder Judicial y, con ello, transformar verdaderamente a México para
los siguientes años y décadas.
A partir de una reflexión profunda, donde se tomen en cuenta las
preocupaciones de todos los sectores, podemos avanzar en temas
fundamentales como:
Procurar el principio de inamovilidad judicial. El plazo actual de
duración de los Ministros es de quince años; una medida razonable
que resultó de la Reforma Judicial de 1994 para eliminar la
designación vitalicia de Ministros.
Reducir el plazo a seis años, atentaría contra este principio de
inamovilidad, poniendo en serio riesgo a un pilar de nuestra función
judicial.
Fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal, con integrantes
apartidistas, provenientes de la academia y de las barras de
abogados, para que sea un órgano eficiente de administración, pero
sin intervenir en las funciones jurisdiccionales de jueces,
magistrados y ministros.
En este propósito, aumentar el número de Consejeros resulta
innecesario y oneroso, contrario a las políticas de austeridad en el
ejercicio de los recursos públicos.
Revisar y mejorar los procesos de selección de ministros,
magistrados y jueces, para asegurar que los profesionales más
capacitados sean los que decidan la materia judicial.
Es un buen momento para explorar otros métodos donde se escuche la
voz experta de la academia, la abogacía y la sociedad civil.
Igualmente, debe prescindirse de Ministros que tengan un perfil
político o que hayan participado –en los últimos años– en
actividades con afiliación partidista.
Fortalecer los mecanismos de Control Constitucional, tales como las
Acciones de Inconstitucionalidad, las Controversias Constitucionales,
el Juicio de Amparo e incluso las acciones colectivas. Pequeños
ajustes en la Ley pueden lograr un gran impacto en la vida
institucional del país.
Modernizar los mecanismos presupuestales asignados al Poder Judicial,
sobre todo, en el ámbito local. Porque al fortalecer los tribunales
en todos sus niveles, fortalecemos la impartición de justicia en el
país.
Combatir las prácticas de corrupción e impunidad al interior de su
personal, con nuevos mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas. Pero también con respeto a los derechos de los funcionarios
y empleados de carrera.
Promover nuevos mecanismos de fortalecimiento a la carrera judicial,
para que los mejores especialistas accedan a los distintos cargos por
mérito y avanzar, con ello, en la erradicación de la lamentable
práctica del nepotismo.
Revisar las facultades disciplinarias al interior del Poder Judicial,
para volver más eficientes los castigos y sanciones a los jueces que
cometan actos indebidos.
En contraparte, profundizar en una regulación integral al gremio de
abogados, que permita fortalecer su ética y profesionalismo en el
ejercicio de sus tareas.
Promover nuevos sistemas alternativos de solución de controversias,
para fomentar la mediación y desahogar la saturación en los
tribunales. De impulsarse, se requerirá –paralelamente– del
involucramiento por parte de las 1,900 universidades que imparten la
carrera, para enseñar a los abogados nuevas herramientas de
medicación y no solamente de litigio.
La modernización del Poder Judicial de la Federación permitirá
renovar al sistema de justicia, hoy en día quebrado, llevando la
protección de la Ley a más sectores de la población.
Hoy existe la coyuntura y las condiciones idóneas para reformar al
Poder Judicial, sobre todo, ante las alarmantes cifras de violencia y
delincuencia que han crecido en los últimos lustros. Ése es el
mejor indicador para transformar lo que hoy no funciona, manteniendo
las capacidades y las estructuras que sí sirven.
En Coparmex hacemos un llamado a los Poderes de la Unión y a los
sectores de la sociedad que quieran participar en este trascendental
ejercicio de reflexión profunda.
Como organismo de representación empresarial, estamos listos para
sumarnos a este gran diálogo nacional que nos permita hacer realidad
una Reforma de Estado en materia de justicia.
En nuestras manos está, hacer de México un país más justo, más
incluyente y más próspero.
Muchas gracias.
+++
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