- La reforma aprobada por el Congreso del Estado el pasado 2 de mayo y publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Nayarit, limita los accesos a registros públicos y afecta la seguridad jurídica de los ciudadanos en general.
- El cambio legal puede propiciar actos de corrupción al disminuir la rendición de cuentas en el sector público y
debilitar la confianza en las instituciones gubernamentales.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, consideramos que la reforma a la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit, que restringe su acceso para que sólo pueda las personas que demuestren un interés
jurídico para obtener detalles sobre actos inscritos, tiene visos de inconstitucionalidad, pues vulnera la garantía de
acceso a la información que tienen todos los ciudadanos y sienta un grave precedente de opacidad.
El artículo sexto de la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Por su
parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que toda la información en posesión de entidades públicas es pública y solo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional.
La reforma aprobada por el Congreso de Nayarit el pasado 2 de mayo va en contra de estos principios al restringir innecesariamente el acceso a la información sobre la propiedad inmobiliaria, un recurso crucial para la fiscalización y la transparencia.
Cabe destacar que el Código Civil Federal y los códigos civiles de los estados establecen que los registros de la
propiedad tienen como uno de sus fines principales garantizar la publicidad de los actos que afectan la situación jurídica
de los inmuebles, para seguridad jurídica de actos y contratos. Al restringir el acceso a estos registros sólo a ciertas
partes interesadas, podría interpretarse como una limitación no justificada a este principio de publicidad y seguridad
jurídica.
Así mismo, la Ley de Mejora Regulatoria promueve la creación de regulaciones claras, accesibles y de fácil cumplimiento
que promuevan la eficiencia en la administración pública y el acceso de los ciudadanos a los servicios. Al hacer el
Registro Público más exclusivo y menos accesible, la propuesta podría contradecir los objetivos de esta ley al reducir la eficiencia y accesibilidad del registro inmobiliario.
Su implementación disminuirá la transparencia general que es fundamental para prevenir el fraude y para la investigación
de actividades ilícitas, como el lavado de dinero.
Además, dificultará que los ciudadanos puedan identificar conflictos de intereses y de actos de corrupción, especialmente
en casos donde la propiedad de inmuebles se usa para ocultar ganancias ilícitas o para transacciones dudosas entre
partes relacionadas.
La iniciativa aprobada también vulnera los derechos del consumidor y protección al inversionista, pues ambos requieren verificar la historia y la legalidad de la propiedad o derechos sobre inmuebles antes de realizar inversiones o compras importantes. A la par, esto podría generar un aumento en los costos de las transacciones inmobiliarias y crearía exclusión
de sectores vulnerables que no tienen los medios o el conocimiento para navegar el sistema propuesto, perpetuando desigualdades en el acceso a la justicia y a la propiedad.
Desde COPARMEX defendemos el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, por
lo que consideramos que no deben aprobarse y aplicarse reformas que vulneren los derechos de los ciudadanos.
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