CEPAL
y OIT presentaron una nueva publicación conjunta en la que analizan los
desafíos laborales tras la pandemia. Organismos señalan que la crisis
provocaría 11,5 millones de nuevos
desempleados en América Latina y el Caribe.
(21 de mayo, 2020)
Priorizar
las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que la
reactivación productiva y del empleo post crisis de la enfermedad del
coronavirus (COVID-19) sea segura y saludable, es fundamental y
requerirá una gestión participativa de la seguridad y salud laboral, con
participación de empleadores y trabajadores, para el cimiento de las
políticas de retorno, aseguraron hoy la CEPAL y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva publicación
conjunta.
La edición
N⁰
22 del informe
Coyuntura
Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de
pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (mayo de 2020)
fue presentada de manera simultánea en Santiago de Chile y Lima,
Perú, mediante una conferencia de prensa virtual conjunta encabezada por
la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, y el
Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe,
Vinícius Pinheiro.
Además
de entregar estimaciones sobre la dinámica del mercado de trabajo en
los últimos meses, el informe conjunto CEPAL-OIT explora algunas de las
políticas
implementadas por los países para proteger el empleo formal, cautelar
los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la economía formal e
informal y proteger al sector productivo.
Según
el documento, la implementación de las políticas para la reactivación
requerirá de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y
salud
para los actores del mundo del trabajo. Para ello son necesarios
recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su
cumplimiento, y deben incluir buenas prácticas como la puesta en marcha
de un protocolo de salud y seguridad en el trabajo
que incluya inducción al personal, la adopción de horarios de entrada y
salida desfasados para evitar aglomeraciones, rutinas de desinfección y
sistema de lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas, y un
protocolo en caso de que algún trabajador presente
síntomas.
Asimismo,
agrega que de prolongarse la crisis por más tiempo, será necesario una
nueva ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos
de trabajadores y limitar impacto en las empresas, con un foco especial
en grupos vulnerables como los migrantes en situación no regularizada,
trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores
asalariados e independientes informales en
sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de
respuesta frente al COVID-19.
Mirando
hacia el futuro, ambos funcionarios de las Naciones Unidas señalan que
la crisis está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral
que serán permanentes con el fin de ir hacia una “normalidad mejor”.
“Las políticas para la recuperación deben apuntar no solo a una ‘nueva
normalidad’ similar a la anterior, sino a una ‘normalidad mejor’ con
mayor formalidad, equidad y diálogo social”, indicaron
Bárcena y Pinheiro.
En
materia de coyuntura, CEPAL y OIT indican que la pandemia ha generado
fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo, con consecuencias en
el sector
formal (reducción de horas, caída de salarios y despidos) e informal
(caída de empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, menor
acceso a compensaciones de ingreso). Asimismo, advierten que las
mujeres trabajadoras son las más vulnerables y sectores
intensivos en mano de obra como el turismo, comercio, manufactura,
inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente afectados. Además, las
Micro y Pequeñas Empresas concentran 46,6% del total del empleo en la
región y tienen alto riesgo de experimentar quiebras.
Antes
de la pandemia América Latina y el Caribe mostraba bajo crecimiento y
en el 2020 se espera la peor contracción económica desde 1930, con una
caída
en el Producto Interno Bruto (PIB) regional estimada de -5,3%, lo que
tendrá efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Se proyecta un
aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales,
hasta alcanzar un 11,5%, lo que equivale a más
de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la
contracción económica la tasa de desocupación será mayor.
Junto
al aumento de la desocupación, se espera un marcado deterioro de la
calidad del empleo, indica el informe. El trabajo informal es la fuente
de ingresos
de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de
informalidad es de aproximadamente un 54%, según estimaciones de la
OIT, situación que afecta a los grupos más vulnerables.
En
tanto, según cálculos de la OIT la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19 y las medidas de confinamiento provocan una pérdida de
alrededor del 10,3%
de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que
equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo (suponiendo una
jornada de 40 horas semanales).
Esta
situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la
desigualdad y el logro de los compromisos de la Agenda 2030, agregan los
organismos
de la ONU. La CEPAL estima que para el 2020 la tasa de pobreza
aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos
porcentuales con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza
alcanzaría entonces a 34,7% de la población latinoamericana
(214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 millones
de personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos
los países de la región, con incrementos del índice de Gini de entre el
0,5% y el 6,0%.
Más
allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones
crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de
ingresos laborales.
De allí que la CEPAL ha propuesto un ingreso básico de emergencia (IBE)
por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses para
satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares.
Esto supondría un gasto adicional del 2,1% del PIB
para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de
pobreza en 2020.
En
este ámbito, el objetivo estratégico de largo plazo es la
implementación gradual de un ingreso básico universal, sustentado por
mecanismos sostenibles
e innovadores de financiamiento, añade la Comisión.
El
informe reitera que es necesario repensar el modelo de desarrollo y
consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del
desarrollo sostenible,
sin dejar a nadie atrás, como lo señala la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Asimismo, en paralelo a las políticas laborales
se requiere un sistema de protección social basado en un enfoque de
derechos, sensible a las diferencias, con políticas universales,
redistributivas y solidarias.
Más información:
- Documento completo. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
- Presentación conjunta de Alicia Bárcena (CEPAL) y Vinícius Pinheiro (OIT).
- Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe.
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