Rosalba
Pineda Ramírez
México es reconocido a nivel
mundial por sus hermosos sitios turísticos y por la fraternidad y
solidaridad de sus habitantes; pero, también por su pobreza, por la
corrupción y por la falta de oportunidades de desarrollo. Enmarcado
en este contexto, llegó a nuestro país el contagioso Covid-19, el
cual evidencia la desigualdad social en la que vivimos.
A pesar de que la educación,
el acceso a la alimentación y la salud son derechos
constitucionales, la realidad es que en México viven 91 millones de
personas en pobreza, incluidos los 46 millones que padecen pobreza
extrema. Son familias enteras que sufren de hacinamiento, que no
cuentan con recursos suficientes para adquirir los productos de la
canasta básica y mucho menos para cuidar de su salud en consultorios
médicos, por lo que recurren a remedios caseros aun con los riesgos
que ello implica. Es un panorama incierto y lacerante que se agudiza
con el transcurrir de los días en cuarentena; una cuarentena que
evidencia la desigualdad social que vivimos en México y que atenta
contra la vida de las personas más vulnerables, quienes pueden morir
por contagio de coronavirus por el hacinamiento en que viven o por
hambre.
Es fácil pedirle a la gente
que se quede en casa; sin embargo, es difícil acatar esta
recomendación cuando más de 31 millones de mexicanos dependen de un
empleo informal; por lo que se ven obligados a salir todos los días
de su hogar para ganar “unos pesos” que les permitan llevar el
pan a su mesa.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en el Estado de
México, el 56.9 por ciento de la población labora en la
informalidad, por lo tanto, carece de prestaciones y de un salario
digno, lo cual merma la condición de los mexiquenses que no tienen
un buen empleo, ni alimentación y mucho menos acceso a unidades
médicas en las que puedan cuidar de su salud y la de sus seres
queridos.
Los últimos reportes del
gobierno de México indican que en todo el país hay más de 56 mil
casos positivos de Coronavirus y más de seis mil defunciones; por su
parte, la Secretaría de Salud estatal refiere que en el Edomex hay
más de nueve mil personas infectadas y más de 500 decesos. A pesar
de que la cifras continúan en aumento, en plena fase tres, las
autoridades de salud ya están considerando regresar a una “nueva
normalidad”, lo cual es delicado y peligroso porque la cadena de
contagios podría incrementarse con mayor rapidez y por tanto,
saturar los hospitales Covid-19, en donde se reduce la posibilidad de
recibir una atención adecuada y los insumos necesarios para la
recuperación de los pacientes.
Antes de pensar en que la
gente salga de sus casas, el gobierno federal y sus similares
estatales y municipales deberían aplicar un proyecto económico que
favorezca a todos los sectores vulnerables de la población como
adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas
no transmisibles, madres solteras, viudas e incluso a los que se han
quedado sin empleo a causa de esta pandemia, con el fin de que tengan
recursos para solventar gastos de luz, teléfono, gas y otros.
Las autoridades deben aplicar
un proyecto alimentario para dotar de productos necesarios a las
familias más pobres; es más, podrían establecer convenios con las
empresas con mayor solvencia económica para que hagan donaciones en
especie que favorezcan la alimentación de los más desprotegidos.
Existen múltiples estrategias de actuación, solo es cuestión de
tener la voluntad política para ayudar a quienes temen morir de
hambre o por Covid-19.
Es
momento de actuar, de que el gobierno de la 4T haga efectiva su
promesa de “primero los pobres”; de lo contrario, pasará lo que
actualmente sucede en municipios como el de Chicoloapan, en el Estado
de México, en donde la alcaldesa Nancy Gómez, de filiación
morenista, justifica su poca actuación en plena crisis sanitaria y,
como resultado, ahora ni las clínicas ni el personal médico están
preparados para atender a los enfermos por Covid-19, virus que ya ha
cobrado la vida de varios chicoloapenses.
La contingencia superó al
gobierno municipal de Chicoloapan. Incluso su alcaldesa reconoce que
tanto las cifras del gobierno federal como del estatal son
incorrectas, pues, dijo, “los casos son más, son mucho más… ha
habido mucha gente que ha ido al hospital y no la atienden… muchas
otras personas han muerto en sus casas…” Es urgente que la
alcaldesa concluya el hospital en proceso de construcción, aunque
recientemente se negó a hacerlo, a fin de que los chicoloapenses no
tengan que trasladarse de un municipio a otro para recibir atención
médica. Mucho menos durante esta pandemia.
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