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Se requiere de forma urgente un replanteamiento de la estrategia de Seguridad Pública nacional
La
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), condena
el cobarde atentado contra Omar Hamid García Harfuch, titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de
México, fiel reflejo de la imparable violencia que está viviendo el
país y que ningún orden de gobierno ha podido contener.
En
el Sector Empresarial hacemos un llamado a las autoridades
correspondientes, a asumir la responsabilidad frente a las
investigaciones -entre ellas a la Fiscalía General de la República
(FGR)- con la finalidad de castigar a los culpables de este acto, que
vemos como una intimidación a los operadores de la Seguridad
Pública.
Resulta
preocupante que durante los primeros 18 meses del actual Gobierno
capitalino, se presente un repunte de delitos en comparación con la
Administración pasada, según cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante
este periodo han ocurrido 2 mil 334 asesinatos, mostrando un
incremento del 106% en comparación con los primeros 18 meses de la
Administración anterior. De igual forma, han ocurrido 243 delitos de
secuestro, incrementándose estos en 167%, así como 7 mil 769 robos
a negocio a mano armada, con un incremento del 30 por ciento.
A
nivel federal, durante los primeros 19 meses del actual Gobierno del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el crimen ha cobrado la
vida de más de 55 mil personas, según cifras publicadas por el
propio SESNSP, que depende de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Los
altos niveles de violencia que prevalecen, también alcanzan a las
fuerzas de seguridad y a los impartidores de justicia, ya que, por
ejemplo, durante lo que va de este año, se han registrado al menos
226 asesinatos de policías en el país, 1.47 en promedio cada día
(cifras de la organización no gubernamental Causa en Común).
Asimismo,
según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de 1987 a
2020 se han registrado 8 asesinatos de jueces, mientras que han sido
ejecutados 566 autoridades que han participado durante el período
del 1 de diciembre del 2006 al 1 de junio del 2020, en la campaña
permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos (datos de la Secretaria de la Defensa Nacional, SEDENA).
Las
organizaciones criminales representan una de las amenazas más graves
para la seguridad nacional, por lo que se debe de optar por una
política de “tolerancia cero” para acabar, en especial, con los
cárteles del narcotráfico.
El Sector Empresarial demanda
a las autoridades competentes, garantizar la integridad física de
todos los operadores de la seguridad y justicia en el país, además
de que se presenten las responsabilidades correspondientes por este
atentado.
Ante
este panorama, cuando lo que está bajo amenaza es la vida y el
patrimonio de las personas, los pretextos y justificaciones sobran.
Lo que se requiere de forma urgente es un replanteamiento de la
estrategia de Seguridad Pública y un giro de timón inmediato, para
hacer frente a la inseguridad y a la violencia.
En
la COPARMEX enfatizamos que es responsabilidad del Estado garantizar
la seguridad de todos los mexicanos, en especial de aquellos que
arriesgan su vida todos los días para garantizar el orden y la
justicia del país.
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