El Senador Luis Sánchez Jiménez
presentó voto particular en contra al proyecto de decreto por el que se expide
la Ley de Seguridad Interior, por considerar Para que dicha ley es
inconstitucional e inconvencional ya que el Congreso de la Unión no cuenta con
facultad expresa para legislar sobre seguridad interior.
En tribuna, el coordinador del
PRD en el Senado, señaló que la minuta enviada por
la Cámara de Diputados confunde
los conceptos de seguridad interior y seguridad nacional, considerándolos
análogos, lo que resulta erróneo.
“Dicha confusión es la primera
base de una anunciada acción de inconstitucionalidad que, seguramente, se
presentará en los días posteriores a la probable aprobación de esta Ley”,
mencionó.
Sánchez Jiménez aseveró que la
ley tiene por objeto preservar las instituciones del Estado, pero no la
seguridad de las personas, sino mantener la gobernabilidad fundada en una
discrecionalidad riesgosa.
Alertó que el procedimiento para
emitir la declaratoria de afectaciones a la seguridad interior podrá ser
iniciada a solicitud del Presidente de la República, o los gobernadores de los
estados, pero sin ningún control legal.
“Cabe señalar que el único
mecanismo de control legislativo contemplado en esta Minuta es el envío de un
informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional”, indicó.
Además, dijo en el documento
presentado al Pleno del Senado se establece que el incumplimiento a las
obligaciones de la ley será sancionado conforme a las leyes aplicables en la
materia, lo que evidencia que el dictamen adolece de mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas en las acciones militares.
“Se crea un nivel intermedio
entre el estado de normalidad democrática y el estado de excepción, al
limitarse en el control de las acciones sin ningún tipo de contrapesos, lo cual
representa un riesgo para la Seguridad Pública y el respeto a los Derechos
Humanos”, agregó.
El líder de la bancada perredista
alertó que de aprobarse la minuta se establecerá de manera permanente lo que en
cualquier democracia es una excepción: el involucramiento del Ejército en
tareas de seguridad pública.
“En el Grupo Parlamentario del
PRD afirmamos que la seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de
instituciones de carácter civil, en concordancia con el artículo 21 de la
Constitución que establece que la seguridad pública estará a cargo de
“autoridades civiles”, lo que excluye a las instituciones castrenses en tales
tareas”, enfatizó.
Luis Sánchez pidió tomar en
consideración la dimensión internacional de los derechos humanos, el
reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y establecer un modelo
de seguridad humana, que combata los altos índices de criminalidad, pero
también de corrupción e impunidad en el que nos encontramos inmersos.
Y aseguró que la única medida
para realizar acciones se seguridad interior acorde a las exigencias del
constitucionalismo democrático contemporáneo, es con la reglamentación al
Artículo 29 de la Constitución, cuyos ejes principales deben ser los siguientes:
Las situaciones por las que puede
decretarse la restricción o suspensión de derechos y garantías; los actores que
deben intervenir en la declaratoria de protección a la seguridad interior; el
procedimiento para la declaratoria; los principios que deberán observarse; los
derechos y principios intangibles; el control jurisdiccional y la conclusión de
las medidas decretadas.
Por lo que pidió a la Cámara de
Diputados descongelar la minuta aprobada en 2015 en el Senador de la República
sobre esta materia y que contó con el consenso de todos los grupos
parlamentarios.
“Para el Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, es claro que ante el fracaso de la
presente administración para garantizar el derecho a la seguridad pública y poder
reconstruir el tejido social lastimado por la violencia, la inseguridad, la
corrupción, la impunidad y ante el aumento de los índices delictivos, no sólo
derivados de la delincuencia organizada sino también del fuero común, prevalece
una estrategia encaminada a legitimar la militarización de la seguridad
pública”, concluyó.
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