+ Detecta obras y actividades para la ampliación de plataforma en los
riscos de La Quebrada sin contar con autorización de Impacto Ambiental que
expide la SEMARNAT.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) llevó a cabo
una visita de inspección en la cual clausuró de manera total temporal las obras
y actividades que se realizaban para la ampliación de la plataforma de clavados
en los riscos de La Quebrada, en Acapulco de Juárez, Guerrero.
Inspectores de la PROFEPA en la entidad detectaron trabajos de
construcción en la plataforma de clavados en una superficie de 18 metros
cuadrados, en donde se colocaban vigas metálicas de 6 metros de largo y 4
pulgadas de grosor, sobre bases de concreto en forma cuadrada que se
encontraban clavadas en las rocas en una perforación realizada con roto
martillo; así mismo, observaron un piso de concreto socavado y el desplazamiento
de material al lecho marino.
Dichos trabajos eran realizados por iniciativa de los Clavadistas
Profesionales de La Quebrada-Acapulco, S.C.
Por lo anterior, y al no presentar al momento de la inspección la
autorización en materia de Impacto Ambiental, que emite la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con fundamento en el artículo 170
fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), los inspectores procedieron a imponer como medida de
seguridad la Clausura Total Temporal de las obras y actividades descritas,
colocando al efecto un sello con la leyenda “CLAUSURADO”.
Los responsables de estas obras y actividades podrían hacerse acreedores
a una multa equivalente de 30 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización
vigente, así como la clausura temporal o definitiva, total o parcial de las
actividades como sanción, de conformidad con lo establecido en el artículo 171
de la LGEEPA.
Con estas acciones, la PROFEPA consolida su compromiso de verificar que
se cumpla la normatividad ambiental y se garantizar el derecho establecido en
el Artículo 4°, párrafo 5°, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
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