+ El pasado mes de junio la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente participó con INTERPOL, en el operativo mundial 30 Días de Acción; en México, se revisó casi 30 mil toneladas de residuos peligrosos, se aseguró 80 toneladas y se clausuró 9 empresas.
+ Durante estas acciones coordinadas por INTERPOL en 43 países de América, Asia, Europa y África, se detectaron 1.5 millones de toneladas de materiales, residuos y sustancias peligrosos.
El Operativo Mundial 30 Días de Acción de Interpol, en el que participó la PROFEPA, fue premiado por logros sobresalientes en cumplimiento y aplicación ambiental. Lo otorgó el Comité de Observancia y Cumplimiento Ambiental.
El reconocimiento obedeció a los resultados obtenidos en el operativo efectuado a nivel mundial, que permitió en México la revisión de casi 30 mil toneladas de residuos peligrosos, el aseguramiento de 80 toneladas y la clausura de 9 empresas.
Este premio es un signo de gran reconocimiento por los esfuerzos y resultados logrados por todos los países que participaron en la citada Operación, coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal, conforme refiere la carta enviada por la Interpol a la PROFEPA, en la que hace de su conocimiento el premio.
Las acciones coordinadas fueron reconocidas por el Environmental Compliance and Enforcement Committe (Comité de Observancia y Cumplimiento Ambiental), ECEC, por sus siglas en inglés, ante los "Logros Sobresalientes en el Campo del Cumplimiento y Aplicación Ambiental".
El denominado operativo al combate de tráfico ilegal de residuos peligrosos se aplicó durante el pasado mes de junio en 43 naciones de América, Asia, Europa y África. Culminó con el aseguramiento de 1.5 millones de toneladas de materiales y sustancias peligrosas.
En México, se realizó en 69 puntos carreteros y 23 aduanas del país, en las que participaron casi 200 inspectores federales de la PROFEPA, quienes revisaron 4,162 unidades de transporte, tres mil 309 en puntos carreteros y 853 contenedores en aduanas.
También se detectó casi 30 mil toneladas de baterías usadas de plomo ácido, tierras contaminadas con hidrocarburo, aceites gastados y residuos biológico-infecciosos, industriales, construcción, domésticos y desechos médicos.
Toda esta clase de material residual carecía de autorizaciones federales para su transportación, así como de los respectivos manifiestos de entrega transporte recepción que exige el marco jurídico en nuestro país.
Los inspectores de PROFEPA verificaron 1,344 movimientos transfronterizos de mercancías peligrosas sujetas a regulación federal, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y casi 2,500 contenedores en puertos marítimos.
Clausuraron 9 empresas ubicadas en los estados de Baja California, Coahuila, México, Guanajuato, Puebla y Zacatecas, por operar con irregularidades ambientales como: rebasar emisiones de límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes, mal manejo y almacenamiento de residuos peligrosos, contaminación de suelos, descargas de aguas residuales sin autorización, entre otras.
Los 30 Días de Acción fueron la mayor medida ejecutiva a nivel mundial contra delitos relacionados con los residuos y su tráfico ilegal, con la participación de agencias policiales, aduaneras, fronterizas y ambientales de 43 países.
Los delitos relacionados con los desechos son una preocupación mundial: de los 275 millones de toneladas de desechos plásticos generados en 2010, fueron vertidas ilegalmente al océano; mientras que en 2014, solo el 10-40 por ciento de los 42 millones de toneladas de desechos electrónicos generados a nivel mundial se eliminaron a través de los canales apropiados.
Cuando los desechos peligrosos se desechan de manera inadecuada, contaminan el agua, el suelo y el aire, lo que pone en peligro la salud y el equilibrio ecológico de los ecosistemas.
La operación también condujo a la identificación de nuevas rutas transnacionales de tráfico utilizadas por redes delictivas.
Se considera que los delitos relacionados con los desechos son un delito de bajo riesgo y alta recompensa para las redes de delincuencia organizada que explotan las diferencias en la legislación entre países y regiones, así como los sistemas débiles de aplicación de la ley.
