La
austeridad presupuestaria decretada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador el pasado 23 de abril, impactó en 75 por ciento del
presupuesto de operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), por lo que la misma destacó que dicha medida
“frenará sus actividades esenciales y paralizará su
funcionamiento”.
A
través de un comunicado, la CEAV destacó el hecho de que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no los tomó en
cuenta, aún cuando son un organismo que “tiene la obligación de
garantizar, promover, y proteger los derechos humanos de las personas
víctimas de violaciones a estos derechos, además de delitos como
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención
arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.
En este sentido, el CEAV no
debería de estar sujeto a estos recortes ya que se encuentra en el
supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto de
Austeridad. A pesar de ello, y de algunas declaraciones del
funcionario público Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito
Pública, la CEAV no ha sido informada de que se dentendrá la
reducción del gasto corriente por 139 millones de pesos.
La
estructura de la CEAV resulta muy vulnerable a los recortes
presupuestales al gasto operativo, ya que se trata de un organismo
que carece de inmuebles propios, y la mayoría de los servicios son
subcontratados, así como dos terceras partes del personas es
eventual o de contratación “outsorcing”. De hecho afirman que
230 funcionarios están en riesgo de perder su trabajo.
Además
de no poder solventar servicios básicos como la luz, internet y
agua, no podrán pagar el alojamiento y resguardo de la información
del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), por lo que corremos el
riesgo de perder esa valiosa información de 34,215 personas víctimas
de algún delito o violación a sus derechos humanos.
Por
otra parte, con la disminución, dicho organismo tendrá 30 por
ciento menos de asesores jurídicos, lo cual impedirá el
acompañamiento legal a 1,874 personas. Tampoco se podrían entregar
los apoyos mensuales a las más 5 mil víctimas que son atendidas en
los 32 centros de atención integral en el país.
Asimismo,
con la decisión de austeridad determinada por el Gobierno Federal,
se perdería por completo la Unidad de Género, lo que dejará sin
seguimiento los programas de sensibilización y prevención de acoso
y hostigamiento sexual al interior de la propia Comisión.
Esto
se suma otras acciones y omisiones de la administración actual que
van en detrimento de la red de apoyo para mujeres y niños como el
desmantelamiento de los refugios para mujeres y sus familias, el
recorte presupuestal a estancias infantiles, y la reducción del
Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en
el Presupuesto de Egresos 2020 en comparación con 2019.
Todo
esto sucede en el contexto de que las mujeres están enfrentando un
ambiente más violento a consecuencia del confinamiento por la
pandemia del COVID-19. Según la Red Nacional de Refugios se reportó
un incremento del 80 por ciento en atención a través de lineas
telefónicas y redes sociales entre el 17 de marzo y 17 de mayo. Así
mismo, la Red ha recibido 50 por ciento de más solicitudes de
ingreso a Refugio durante este periodo.
Además,
según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) en marzo se registró un aumento de 15
por ciento en las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes
de violencia familiar con respecto al mismo mes del año anterior.
Más
aún, el pasado mes de abril se registró la cifra más alta de
homicidios de mujeres para un mes desde que se tiene registro con 267
asesinatos. Esto representa un aumento de 14 por ciento con respecto
al mismo mes del año anterior. A esto se suman los 70 asesinatos de
mujeres clasificados como feminicidios, dando un total 337 mujeres
asesinadas tan solo en abril. Esta es cifra significa un promedio de
11.2 mujeres asesinadas cada día.
En
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
lamentamos que dependencias como la CEAV atraviesen una situación
donde se invisibilice a las víctimas de delitos; por lo que hacemos
un llamado al Gobierno Federal a reconsiderar el recorte
presupuestal. Asímismo, es urgente fortalecer la red de apoyo con la
que cuentan las mujeres por lo que se deben de reincorporar los
subsidios directos a los refugios de mujeres violentadas y sus hijos,
a las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.
Desde
la Confederación hemos presentado un decálogo de acciones por la
inclusión e igualdad de las empresarias dentro de su organigrama.
Como organismo empresarial afianzaremos con hechos la participación
igualitaria de hombres y mujeres al interior de nuestro sindicato,
pero también impulsaremos a nuestras empresas socias a adoptar las
acciones afirmativas con las que nos hemos comprometido.
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