La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,
Alicia Bárcena, y la Presidenta del
Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el
Caribe, Myrna Cunningham, presentaron hoy un estudio que aborda la
realidad de los pueblos indígenas en la
región.
(11 de junio, 2020)
Los más de 800 pueblos indígenas presentes en América Latina deben
tener un rol protagónico en los espacios de toma de decisiones no solo
para resguardar su derecho a la autodeterminación, sino también por los
grandes aportes que pueden hacer en la reformulación
de los modelos de desarrollo, destacaron hoy la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) en una
publicación conjunta.
El estudio
“Los
pueblos indígenas
de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”,
fue presentado
por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y Myrna
Cunningham, Presidenta del FILAC, en un lanzamiento virtual que fue
moderado por Javier Ciurlizza, Director de la Oficina de la Fundación
Ford para la región Andina.
El
estudio de la CEPAL y el FILAC visibiliza la situación de los pueblos
indígenas y presenta un panorama
actualizado sobre el estado de los derechos territoriales y la
situación de los bosques, la demografía y el derecho al bienestar de los
pueblos indígenas de América Latina, con el propósito de contribuir al
seguimiento de la implementación de la Agenda 2030
y a las acciones urgentes que se requieren para acelerar el
cumplimiento de los compromisos asumidos por los países de la región.
Según el documento, la población indígena en América Latina - Abya Yala se estima en 60 millones de
personas, que representan un 10% del total de la región, las que pertenecen a más de 800 pueblos indígenas diferentes.
Agrega
que, a 30 años de la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, 1989 (núm. 169)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a pesar de que los
Estados de América Latina reconocieron plenamente los derechos de los
pueblos indígenas, este continúa siendo uno de los colectivos con mayor
rezago en materia económico-social, aun cuando
la región ha logrado grandes avances en este ámbito.
El
estudio precisa que uno de los más importantes retos que enfrentan los
países de la región es la
construcción de sociedades institucionalmente pluriculturales,
diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias, en que los
derechos de los pueblos indígenas estén efectivamente reconocidos y
garantizados.
“La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las naciones
del mundo en 2015, puede
constituir una gran oportunidad para ello, si en los próximos diez años
se presta la debida y adecuada atención a la armonización de sus
Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de
los pueblos indígenas”, subraya el documento.
Con
ese fin, insta a generar condiciones legislativas, institucionales,
políticas y económicas que
reflejen la diversidad existente y materialicen el compromiso asumido
por los países del mundo en 2014 —en el marco de la Conferencia Mundial
sobre los Pueblos Indígenas— de reconocer, respetar, promover, impulsar y
no menoscabar en modo alguno los derechos
de las comunidades originarias y de defender los principios de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Durante
el lanzamiento del estudio, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, llamó a garantizar
los derechos colectivos de los pueblos indígenas de América Latina y
asegurar que no se queden atrás en el desarrollo sostenible.
Advirtió que los procesos de criminalización de demandas territoriales de los pueblos indígenas son
un fenómeno generalizado en la región, los que lamentablemente están en aumento.
Precisó que en América Latina
existen
1.223 conflictos territoriales que han generado movilizaciones de los
pueblos indígenas, a las que se ha respondido con represión y
criminalización.
Producto de ello, 232 defensores y defensoras de la vida y los
territorios indígenas fueron asesinados entre 2015 y el primer semestre
de 2019, lo que implica que, en promedio, cuatro defensores o defensoras
indígenas son asesinados por mes en la región.
La
alta funcionaria de las Naciones Unidas advirtió que la población
indígena continúa padeciendo
un mayor nivel de pobreza respecto de la no indígena y que las
desigualdades salariales entre trabajadores indígenas y no indígenas se
profundizan según nivel de escolaridad y género.
“Debemos
terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las
desigualdades, las discriminaciones
y que hemos heredado de la Colonia. Tenemos que vencer la cultura del
privilegio e irnos a una cultura de la igualdad que respete
especialmente la gran riqueza de los pueblos indígenas. Abya Yala es una
tierra en plena madurez, con sangre vital y donde urge
garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó.
Myrna
Cunningham, Presidenta del FILAC, por su parte, destacó que el
documento refleja una realidad
que la pandemia del COVID-19 ha desvelado: la agudización del racismo,
la visibilización de la desigualdad que hay entre pueblos indígenas y
otros sectores de la sociedad y la crisis del modelo económico vigente
en nuestra región.
“El
documento aporta elementos que nos pueden ayudar no solo a responder a
la situación actual de
emergencia, sino comenzar en serio como región a reconocer los aportes
de los pueblos indígenas que se basan en sus potencialidades, en sus
conocimientos tradicionales, en su capacidad de gobernanza y de
articulación entre lo nacional, lo local y lo internacional”,
expresó.
Más información:
Documento
“Los
pueblos indígenas
de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”
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