Miguel Ángel Bautista Hernández
La
pandemia ocasionada por el virus COVID-19 ha puesto en jaque al mundo
entero, la incertidumbre reina entre la población que espera
regresar a la nueva normalidad y con ello recuperar ‘algo' de lo
mucho que ha perdido.
Sin embargo, conforme transcurren los días las estimaciones de
expertos son cada vez menos alentadoras; miles de mexicanos perderán
sus empleos: la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP)
estima un crecimiento económico en 2020 de entre -3.9% y 0.1%; para
el 2021 la estimación va de 1.5% a 3.5%.
El Estado de México se ubica a nivel nacional como una de las
entidades del país con mayor crecimiento de la economía informal;
el 52.8% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra
en dicha condición.
Diversos son los factores que intervienen en esta problemática,
entre ellos las complicadas reglas de operación que maneja el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), hasta para que una
persona pueda darse de alta en el padrón de contribuyentes; la
precariedad en los salarios y la misma falta de empleo, que sigue
lacerando a millones de mexicanos, y otros factores son lo que
incrementan la alarmante pobreza en el Estado de México y en
particular en la ciudad de Toluca.
Ante este panorama los ciudadanos prefieren formar parte del
ambulantaje antes de morir de inanición, pero el mundo ha cambiado
su dinámica; ahora los pequeños comerciantes, formales e
informales, bajaron la cortina de sus negocios y los ambulantes no
pueden salir a la calle a ofrecer sus productos. Quedaron a la
deriva; se dice que trabajen desde casa, pero un vendedor ambulante
no puede ofertar sus productos por línea, sino sale a la calle, se
queda sin comer.
El comercio informal en la capital mexiquense proporciona dinero a
cientos de familias que diariamente salen a las calles en busca de
llevar alimento a sus hogares; sin embargo, en reiteradas ocasiones
los vendedores son objeto de intimidaciones, violaciones a sus
derechos golpizas e incluso encarcelamientos, acciones que son
orquestadas principalmente por el gobierno municipal que encabeza
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien, lejos de dar alternativas y
fomentar políticas publicas que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de los mexiquenses, genera terror pues decomisan,
golpean, amenazan, agrede y encarcelan a los comerciantes informales.
Ejemplo claro es el salvajismo desmedido que con alrededor de 400
granaderos, contratados por el presidente municipal, van y golpean a
gente humilde que trata de llevar el sustento a sus casas.
Ese es el verdadero rostro del partido morena y del presidente de
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, quienes aplican una política
represora que no brinda alternativas claras para la gente pobre.
¿Acaso ese es el cambio que prometieron Morena y Juan Rodolfo cuando
estaba en campaña rumbo a la presidencia?
Como si esto fuera poco, ahora los comerciantes se enfrentan a la
crisis económica causada por la pandemia del Covid-19. El gobernador
y el presidente recomiendan quedarse en casa, pero sin que hagan nada
por subsanar la falta de alimentos de los pobres y desamparados de la
capital mexiquense; hablamos de los que han sido despedidos, de los
que descansaron por cubrir las indicaciones de la contingencia y de
los que viven del comercio.
Cabe señalar que en países como El Salvador, España, Chile y
Argentina, entre otros, se otorgaron distintos paquetes de apoyo
económicos que incluyen créditos a Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMes), diferimiento del pago de impuestos, beneficios de desempleo
en mayor proporción y ayuda monetaria para los trabajadores que han
perdido su empleo a raíz de la situación del virus. Pero en la
capital mexiquense la ayuda llega a cuenta gotas, pero solo a los
amigos y más allegados del mandatario municipal, estatal o federal
en turno, mientras el pueblo pobre se muere de hambre. Esa ha sido la
política de Juan Rodolfo Sánchez, la del garrote a falta de
resultados contundentes; golpes y encarcelamientos para los más
humildes del municipio.
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