Señal
COPARMEX: Mayo 28, 2018
Estimados amigos,
La violencia y el crimen han
llegado a niveles nunca antes vistos.
Tan solo el mes pasado hubo un
promedio de 90 asesinatos diarios, 25% más que en el año pasado.
El robo de combustible creció
34% durante marzo del 2018, el mayor nivel desde que se tiene
registro de este delito.
En el primer trimestre del año
ocurrieron 852 atracos en trenes y vías, un incremento del 581%. El
robo de mercancías se ha detonado. De enero a marzo del 2018 se
registraron 3,357 robos de este tipo, 108% más que en 2016 y 65% más
que en el 2017.
La inseguridad está dejando
un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro
país para atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo
virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza.
La urgencia de la situación
es evidente. Hay una necesidad imperante de que las autoridades no
posterguen las reformas que el país necesita para vivir en paz.
No es momento de esperar a que
termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión
un nuevo gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato.
En Coparmex estamos
convencidos de que el gobierno en turno tiene que trabajar hasta el
último día de su administración por atender, revertir y solucionar
este gravísimo problema.
Es importante observar que en
la violencia es realidad en muchas áreas de desarrollo de nuestro
país. Tenemos indicadores claros que nos permiten señalar una
situación crítica.
La violencia además no es
privativa de los grupos de delincuencia organizada, sino que trastoca
dinámicas democráticas y económicas. La violencia en contra de
periodistas, por ejemplo. En lo que va del año, cinco periodistas
han sido asesinados. La propia ONU ha prendido las alertas sobre esta
situación: México ya es el segundo país más peligroso para
ejercer el periodismo en el mundo. La violencia que experimentan
nuestros periodistas sólo es comparable con la de Afganistán, un
país que lleva más de 30 años en guerra.
Este nivel de violencia es
impulsado por los altos niveles de impunidad. El Índice Global de
Impunidad ubica a México en el lugar 66 de 69 países evaluados, un
retroceso de 11% con respecto al año 2017.
El número de mexicanos que
consideran la impunidad como el problema más preocupante casi se ha
triplicado en los últimos 5 años, aumentando del 7% en 2012 al 20%
de los mexicanos en 2017.
Para Coparmex es
imprescindible que el gobierno actúe para superar el panorama
desolador que en esta materia atraviesa el país.
Los cambios institucionales
para combatir la inseguridad insistimos no pueden esperar al 2019.
Desde esta convicción hacemos
un llamado para que la presente administración dé inicio a la
reforma en seguridad pública, lo más pronto posible. Esta
transformación no puede esperar a ser implementada por un nuevo
gobierno.
Los mexicanos necesitamos que
los cambios empiecen ya.
La transformación de las
instituciones de seguridad pública requiere del mejoramiento del
proceso de justicia en todas sus etapas, desde la prevención del
delito hasta el sistema de sanción y castigo.
Gracias al esfuerzo de las
organizaciones civiles y reportes internacionales como los de la
OCDE, existe consenso sobre las medidas que se deben tomar para
lograr instituciones de seguridad y de justicia más confiables y con
mayor coordinación.
Estas medidas deben considerar
que la reducción sostenible del crimen no se logrará con el
despliegue de fuerza, sino con diseñar estrategias que atiendan,
mejoren y ordenen al sistema de justicia en su totalidad, desde la
prevención, pasando por la profesionalización de las policías, la
procuración de justicia, el sistema penitenciario y, por supuesto,
un profundo cambio institucional y modificaciones legislativas.
1. Prevención del crimen
El primero de los elementes
que debe atenderse es dar mayor peso a las políticas de prevención
del delito,
invirtiendo en la formación de ciudadanos y autoridades con valores,
pero también en estrategias de fortalecimiento comunitario,
artístico y educativo de las zonas con mayor propensión a la
violencia.
Se debe rediseñar una
estrategia con política pública sustentada en evidencia y dándole
un papel primordial a la tecnología. El avance tecnológico obliga a
que nuestros planes de seguridad saquen provecho de estas nuevas
herramientas no sólo para prevenir de manera más eficiente los
delitos comunes, sino también para no quedarse rezagados en el tema
de los crímenes cibernéticos.
Se requiere de inversión
pública urgente para mejorar las capacidades del sistema de justicia
en su totalidad, no solo en los términos de equipamiento para
desarrollar inteligencia en los tres niveles de gobierno, sino para
proteger a testigos y capacitar abogados y ser con ellos mucho más
efectivos ante los retos del sistema oral.
2. Profesionalización
Policial
Es urgente profesionalizar
y dignificar los cuerpos policiales del país.
La calidad de las más de 2,800 policías que existen alrededor de la
República mexicana varía enormemente de estado a estado y de
municipio a municipio. Al momento, 6 de cada 10 policías no cuentan
con el entrenamiento o equipo necesario para realizar adecuadamente
sus labores. En ciertos estados, como ha mostrado Causa en Común,
los policías tienen que comprar hasta sus propias botas.
Para lograr que la calidad de
las policías sea homogénea en todo el país se deben poner
estándares aplicables a todos los estados y todos los municipios.
Debe establecerse un solo
modelo policial con procesos homologados así como protocolos de
operación estandarizados y regímenes estrictos de disciplina para
todos los cuerpos policiales del país.
Otro paso que hay que tomar
para avanzar en esta dirección se encuentra en el proceso de
selección y formación de nuevos aspirantes, fortaleciendo los
filtros toxicológicos y médicos como criterio es una acción
necesaria para mejorar el proceso de selección.
Para ello también es
importante consolidar la calidad de las academias de policía en los
estados. Se debe crear una Academia Nacional de Policía encargada a
través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública para asegurarse que se cumplan con los requisitos de
formación y equipamiento necesarios.
Por último, hace falta
incrementar el número de policías en los distintos estados.
Actualmente el estado de la fuerza es completamente disímil en todo
el país: mientras que la Ciudad de México cuenta con 109 policías
por cada diez mil habitantes, en Tamaulipas solamente existen
diecisiete. Este punto es esencial: un estado con un número
insuficiente de policías no podrá nunca garantizar la seguridad
pública.
3. Procuración de Justicia
El tercer punto en el que
se debe mejorar es en la procuración de justicia. Los
índices de impunidad que existen en el país son intolerables: sólo
4 de cada 100 denuncias de delitos resultan en una sentencia.
Este escenario se vuelve aún
más alarmante si tomamos en cuenta que el 93% de los delitos no son
denunciados. Esta cifra es señal de la poca casi nula confianza que
se tiene con la población en las instituciones judiciales y de
procuración de justicia. Según la OCDE, sólo el 32% de los
mexicanos confía en su sistema judicial.
Para resolver esta situación
es urgente consolidar una #FiscalíaQueSirva, como hemos insistido en
numerosas ocasiones.
Sin una Fiscalía autónoma,
independiente y eficaz que genere confianza entre la población, que
sea capaz de investigar y procesar los delitos, no habrá manera de
reducir los niveles de impunidad.
Por ello es impostergable, la
reforma al artículo 102 de la Constitución, tal y como se ha venido
impulsando por muchas organizaciones de la sociedad civil.
Así mismo, se debe
profesionalizar a los ministerios públicos creando un sistema de
ascensos y contrataciones basadas en mérito que asegure salarios
dignos y protección a las personas encargadas de procurar justicia.
Hoy en día los mejores
abogados trabajan en la práctica privada. La meta debe ser, que tal
y como ocurre en algunos de hecho en muchos lugares del mundo,
algunos de los mejores juristas, opten por trabajar en la procuración
de justicia desde el ámbito público.
4. Enjuiciamiento Penal
Hace falta mejorar y
actualizar las leyes penales. Se debe modificar la legislación penal
sustantiva y procesal, para que se puedan corregir
los errores de tipología penal y que la prisión preventiva se pueda
convertir en un mecanismo eficaz para combatir la reincidencia.
Es impostergable la adopción
de un Código Penal Único que aplique a todo el territorio nacional
que estandarice los supuestos delictivos y de sanciones, para que las
mismas conductas sean castigados de de manera uniforme en los
diferentes estados.
5. Sistema Penitenciario
Ninguna mejora a la
procuración de justicia quedará terminada si no se tiene una
urgente mejoría que se necesita en el sistema penitenciario
mexicano.
No sólo se lidia con
territorios en donde se perpetúa la violencia y el abuso, sino que
existen graves problemas de eficiencia en el uso de los recursos
públicos. Se observa por ejemplo, operaciones irregulares como el
suministro de comida y la ejecución de obras con precios excesivos,
superiores a los del valor de mercado, lo que sugiere prácticas de
corrupción en gran parte del sistema penitenciario.
Necesitamos una renovación
para contar con prisiones menos costosas y más eficientes, pero
sobre todo, que cumplan su tarea de castigar y reinsertar, con apego
estricto a los derechos humanos y a las mejores prácticas
internacionales.
6. Arquitectura
Institucional
Es necesario una
reconfiguración de las instituciones de seguridad pública federal.
Se debe crear la Secretaría
de Seguridad Pública (con
este nombre u otro diverso), que tenga como mandato único, el
cumplimiento de esta responsabilidad esencial del Estado Mexicano.
Este punto forma parte de
las demandas del #ManifiestoMx, y que ha sido respaldada por todos
los candidatos presidenciales.
De igual manera, es
indispensable mejorar los alcances del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, cuya operación ha sido limitada y sus resultados también,
para lograr una coordinación efectiva en todos los ámbitos de la
seguridad.
Es necesario además, realizar
una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que permita una
mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de
seguridad pública, a la par de que se apresure la aprobación de la
Ley General de Seguridad Privada.
La propuesta de modificaciones
a la Ley General de Seguridad Pública que impulsamos en la Coparmex
tiene como objetivo definir las atribuciones y delinear la
concurrencia que hay entre la policía federal, estatal y municipal,
así como de los servicios privados y auxiliares de seguridad.
Estimados amigos,
La pacificación del país
no puede esperar más.
Debemos hacer todo lo posible
para revertir la situación de inseguridad cuanto antes.
Los cambios propuestos
ayudarán a encaminar al país a una realidad más pacífica y más
justa.
Hacemos un llamado a los
poderes Ejecutivo y Legislativo Federal para que hagan todo lo
posible para que estas modificaciones se realicen antes de que
concluya la presente administración.
Si algunas de ellas no son
concluidas, al menos debe pavimentarse el camino para que la
siguiente administración pueda retomarlas e implementarlas con
inmediatez.
El crimen no opera conforme a
los ciclos políticos y por ello nuestras autoridades no deben
hacerlo tampoco.
La elección no es, no
puede ser una excusa
para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda.
Exigimos,
que tal y como lo comprometió el Jefe del Ejecutivo, este
gobierno tenga un cierre
de atleta al
fin del sexenio.
Ya llegó el tiempo de
acelerar la marcha.
De ello dependen la
estabilidad en nuestra economía y la seguridad de nuestras familias.
En la carrera de la
seguridad, si pierde el gobierno, perdemos todos.
El tiempo se le acaba a
este gobierno, y la paciencia a los ciudadanos.
No podemos seguir esperando.
Es la última
llamada.
Antes de unirse a CA, en
marzo de 2016, ocupó cargos de creciente responsabilidad en
Symantec, entre los que destaca el liderazgo de equipos de ventas por
más de 18 años. En 2015, participó en la división de Symantec,
desde la etapa del negocio de Veritas hasta su transformación en la
firma de capital privado Carlyle Group. Asimismo, dirigió las ventas
comerciales de Veritas en América.
