· La reforma aprobada por el Congreso del Estado el pasado 2 de mayo y publicada
en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, limita los accesos a registros
públicos y afecta la seguridad jurídica de los
ciudadanos en general.
· El cambio legal puede propiciar actos de corrupción al disminuir la rendición
de cuentas en el sector público y debilitar la confianza en las instituciones
gubernamentales.
En la Confederación
Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, consideramos que la reforma a la
Ley del Registro Público del Estado de Nayarit, que restringe su acceso para
que sólo pueda las personas que demuestren
un interés jurídico para obtener detalles sobre actos inscritos, tiene visos de
inconstitucionalidad, pues vulnera la garantía de acceso a la información que
tienen todos los ciudadanos y sienta un grave precedente de opacidad.
El artículo sexto de
la Constitución establece que el derecho
a la información será garantizado por el Estado. Por su parte, la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que toda la
información en posesión de entidades públicas es pública y solo puede ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional.
La reforma aprobada por el Congreso de Nayarit el
pasado 2 de mayo va en contra de estos principios al restringir
innecesariamente el acceso a la información sobre la propiedad inmobiliaria, un
recurso crucial para la fiscalización y la transparencia.
Cabe destacar que el
Código Civil Federal y los códigos civiles de los estados establecen que los
registros de la propiedad tienen como uno de sus fines principales garantizar
la publicidad de los actos que afectan la situación jurídica de los inmuebles,
para seguridad jurídica de actos y contratos. Al restringir el acceso a estos
registros sólo a ciertas partes interesadas, podría interpretarse como una
limitación no justificada a este principio de publicidad y seguridad jurídica.
Así mismo, la Ley de
Mejora Regulatoria promueve la creación de regulaciones claras, accesibles y de
fácil cumplimiento que promuevan la eficiencia en la administración pública y
el acceso de los ciudadanos a los servicios. Al hacer el Registro Público más
exclusivo y menos accesible, la propuesta podría contradecir los objetivos de
esta ley al reducir la eficiencia y accesibilidad del registro inmobiliario.
Su implementación
disminuirá la transparencia general que es fundamental para prevenir el fraude
y para la investigación de actividades ilícitas, como el lavado de
dinero.
Además, dificultará
que los ciudadanos puedan identificar conflictos de intereses y de actos de
corrupción, especialmente en casos donde la propiedad de inmuebles se usa para
ocultar ganancias ilícitas o para transacciones dudosas entre partes relacionadas.
La iniciativa
aprobada también vulnera los derechos del consumidor y protección al
inversionista, pues ambos requieren verificar la historia y la legalidad de la
propiedad o derechos sobre inmuebles antes de realizar inversiones o compras
importantes. A la par, esto podría generar un aumento en los costos de las
transacciones inmobiliarias y crearía exclusión de sectores vulnerables que no
tienen los medios o el conocimiento para navegar el sistema propuesto,
perpetuando desigualdades en el acceso a la justicia y a la propiedad.
Desde COPARMEX
defendemos el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y a las leyes que
de ella emanen, por lo que consideramos que no deben aprobarse y aplicarse
reformas que vulneren los derechos de los ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario