10
de julio de 2022.- Diversas organizaciones de extrabajadores ferrocarrileros de
todo el país, encabezados por el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical
y por la Federación de Ferrocarrileros Jubilados, han iniciado un proceso para
recopilar información de todos los extrabajadores ferrocarrileros que fueron
despedidos con motivo de la privatización del sistema ferrocarrilero mexicano
iniciado en 1995 y concluido en el 2001.
El
objetivo es tener la información de todos aquellos trabajadores que laboraron
en Ferrocarrileros Nacionales de México, sin distinción de ningún tipo, para
que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo
lo Robado puedan configurar un modelo de compensación económica que haga
justicia a los ferrocarrileros ante los miles de casos de ausencia de jubilación
y liquidación, así como de robos de sus patrimonios generados por actos de corrupción
incluso ante laudos ganados por ellos.
Al
respecto, Eduardo Canales Aguiar, presidente de FERRO, dijo que existe un
compromiso por parte del gobierno federal para que dichas dependencias puedan
diseñar este modelo y con ello hacer justicia a miles de extrabajadores
ferrocarrileros ubicados en todos los rincones de la república mexicana, la
gran mayoría de ellos de avanzada edad.
Añadió
que los representantes ferrocarrileros harán un seguimiento detallado a este
proceso y de momento se encuentran a la espera de una próxima reunión con los
funcionarios federales para que se les informe del inicio de esta estrategia de
compensación económica, tal y como se hizo con otros gremios como el caso de
los trabajadores electricistas de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Cabe
recordar que en mayo de 1995 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Reglamentaria
del Servicio Ferroviario, señalando los medios y reglas a seguir en el proceso
privatización del servicio ferroviario mexicano y para el seis de diciembre de
1996 se concretó la primera concesión del sistema, el Ferrocarril del Noreste,
seguida de otras más a lo largo de los siguientes
años y que de un día para otro dejaron sin fuente de trabajo a miles de
ferrocarrileros y sus familias por aquella política neoliberal privatizadora.
Como
resultado de este proceso, mismo que fue una consecuencia directa de la Reforma
al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General de la República,
aprobada por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados y que fue
promovido por la nueva dirigencia sindical a cargo desde 1997 de Víctor Flores Morales,
miles de trabajadores ferrocarrileros fueron liquidados.
Además,
se calcula que solo alrededor del 10% de la planta total laboral de Ferrocarriles
Nacionales de México fue recontratada por las empresas concesionarias
nacionales e internacionales con el total consentimiento de Flores Morales
A
partir de entonces miles de trabajadores ferrocarrileros fueron víctimas de un sin
número de ilegalidades en torno a sus jubilaciones, ya que a muchos no se les otorgaron,
a otros se les dieron de forma deficiente en detrimento de su patrimonio, otros
más no fueron liquidados, lo que llevó a miles de ellos a entrar en procesos judiciales
para defender su derecho en prácticamente todo el territorio mexicano
Los miles de ferrocarrileros que no
han recibido su liquidación o que no les han entregado el dinero de sus laudos
ganados por parte de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en los
estados, han denunciado ante las autoridades federales estos casos para que se
les haga justicia después de casi 30 años.
Los trabajadores han sido víctimas de
un contubernio y confabulación entre las Juntas Federales de Conciliación y
Arbitraje, abogados particulares que llevan las demandas de los trabajadores y
abogados que representan al IMSS, FFCC NACIONALES DE MEXICO EN LIQUIDACION, incluyendo
diversos grupos bancarios para el trámite del supuesto pago de los laudos o
acuerdos.
El modus operandi es que todos
los anteriormente mencionados se han puesto de acuerdo en cómo ganar el juicio,
para que del retroactivo que le correspondería al trabajador se apropien por
completo o le dejen máximo el 30%.
El pasado 25 de mayo y ante un nuevo
cuestionamiento por parte de los medios de comunicación al mandatario mexicano,
éste dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que diera paso a un
proceso de acuerdo para resarcir el daño financiero perpetrado en contra de alrededor
de 10 mil o más extrabajadores ferrocarrileros.
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