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Ciudad de México, 20 de julio de 2022.- Como parte de la entrega del estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, Causa en Común reveló
que, de enero a junio de 2022, se han cometido en el país, al menos,
3,123 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como
atrocidades. Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso
intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o
maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas;
para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o
para provocar terror.
Durante
los primeros seis meses de 2022, se registraron al menos 250 masacres;
856 casos de tortura; 426 casos de mutilación, descuartizamiento y
destrucción de cadáveres; 410 asesinatos de mujeres con crueldad
extrema, y al menos 12 asesinatos de periodistas.
Para reflexionar sobre el tema y presentar el informe semestral, Causa en Común
organizó el foro “México, una galería de atrocidades”, con la
participación del periodista Luis Chaparro, el especialista en Derechos
Humanos, Jacobo Dayán, y la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
Karla
Palazuelos Campos comentó que, si bien la acumulación de atrocidades en
ciertos estados, corresponde con la operación de grupos de
narcotráfico, hay que hablar de diferentes violencias. Los feminicidios,
por ejemplo, ocurren en todos los estados y están cambiando tanto en
número como en características.
Luis
Chaparro señaló que es importante resaltar la violencia indirecta que
sufren los periodistas, como lo es la situación precaria en la que
viven, ya que quienes han sido asesinados son aquellos que cubren notas
locales en una posición de indefensión absoluta. Lo anterior aunado a
que son ellos los que se encargan de investigar los nexos entre el
gobierno y el narco y sin alguien que los proteja.
Jacobo
Dayán señaló que, la visión de que tenemos una violencia a causa de
grandes capos de la droga alimenta el discurso de militarizar la
seguridad pública. Como ejemplo, apuntó que la tortura es una práctica
generalizada y el Poder Judicial ha decidido coexistir con ella sin
mover un dedo: hay más de 30 mil casos de tortura y sólo hay 43
sentencias por este delito. Es necesario que las fiscalías planteen
otras formas de acceso a la justicia, como sería la revisión de procesos
de macrocriminalidad, más que caso por caso.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común,
destacó que el fenómeno de la violencia extrema es invisible en las
estadísticas oficiales de inseguridad, pues el registro de asesinatos no
toma en cuenta, para efectos de clasificación, las formas que tomaron
los asesinatos y las ejecuciones. Agregó que la idea del informe
presentado es contribuir a generar conciencia individual y social sobre
los niveles de crueldad a los que hemos llegado.
En relación al tema, la organización propone los siguientes puntos:
- Cada
ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los
gobiernos locales y al federal, al menos: a) reformas de cuerpos
policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos
sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e
infraestructuras insuficientes; y b) la resolución de casos que han
agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.
- Son
indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los
enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las
realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de
seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de
cada comunidad y región del país.
- Es
también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja
patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los
enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos.
Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y
programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de
manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala
nacional.
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