Dicho estímulo fiscal permitía que la operación de las embarcaciones pesqueras legales fuera viable
En
la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la
eliminación del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), estímulo que se otorgaba al diésel
pesquero y a la gasolina ribereña, para así incentivar la pesca
formal.
La
existencia de la pesca ilegal ha ocasionado una fuerte caída de los
volúmenes de recursos pesqueros, debido a la falta de una
administración y vigilancia adecuada de los mismos por parte del
Estado.
Ello
ocasiona que los volúmenes de captura de las embarcaciones pesqueras
no sean suficientes para generar los ingresos necesarios para cubirir
la adquisición de los insumos que se requieren para dicha actividad,
entre ellos -el más relevante-, el diésel marino, que representa el
70 por ciento de la estructura de costos.
Aunado
a esto, las pesqueras mexicanas se enfrentan a presiones de precios
al competir a nivel internacional, ya que el costo del diésel
mexicano es casi 3 veces mayor al que se enfrentan las embarcaciones
estadounidenses.
En
suma, dicho estímulo era la única medida restante para dotar de
rentabilidad y competitividad a las empresas pesqueras ante la pesca
ilegal y para poder participar en mercados internacionales. No
obstante, la eliminación del mismo se da en el contexto de una
reducción del presupuesto dedicado a la administración y vigilancia
de la pesca en México.
El
presupuesto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) se redujo en más del 35 por ciento en este 2020, con
respecto al año pasado. Preocupa especialmente que desapareció el
programa de Inspección, Vigilancia y Modernización.
La
eliminación del estimulo fiscal al IEPS atenta directamente en
contra de la operación de las embarcaciones pesqueras y al empleo
que ellas generan. De hecho, los tripulantes-pescadores son socios en
participación de las embarcaciones, lo que les permite obtener el 25
por ciento de los ingresos brutos.
Más
aún, el programa con el que cuenta actualmente el Gobierno Federal
para apoyar a los pescadores es insuficiente ya que consiste en una
transferencia anual de 7 mil 200 pesos por pescador. Por su parte,
los tripulantes-pescadores de las embarcaciones ganan, en promedio, 5
veces más que ese monto al mes.
Para
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), esta
medida es sin duda un retroceso que va en detrimento de las empresas
pesqueras formales, mismas que generan oportunidades de empleo y que
operan bajo las normas de vigilancia y protección de los recursos
naturales. Hacemos un llamado al Gobierno Federal a reconsiderar las
afectaciones que esta medida y los recortes presupuestales tienen en
contra de la pesca formal y de la sustentabilidad de los recursos
pesqueros del País.
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