- Urgimos al titular del Gobierno federal para que reconozca públicamente el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas en la sociedad y condene las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos, además de condenar los intentos de diferentes grupos para desacreditar su labor.
- A menudo, las y los defensores de derechos humanos y periodistas se enfrentan a un sinnúmero de amenazas y hostigamientos que quedan en completa impunidad, así como a la criminalización por su labor.
Lamentablemente, la mayoría de los casos no son investigados o, sí se abren las investigaciones, estas están destinadas inevitablemente al fracaso. La incapacidad de las autoridades mexicanas para investigar y sancionar a los responsables de violaciones contra los derechos humanos transmite el peligroso mensaje de que los delitos cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no tienen consecuencia alguna en nuestro país.
Recientemente, Organizaciones de la Sociedad Civil como CEPAD, Consorcio Oaxaca, y la Brigada Marabunta han sido objeto de graves actos de difamación, criminalización y hostigamiento. La criminalización ha sido frecuentemente precedida por declaraciones de funcionarios de alto nivel, con absoluta impunidad. Las declaraciones difamatorias de los funcionarios menoscaban la capacidad de cualquier organización para continuar su incansable labor para defender, promover y proteger los derechos humanos en un entorno propicio y seguro.
Por lo anterior, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), hacemos un llamado urgente al Gobierno federal y a los gobiernos estatales para que reconozcan públicamente el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas en la sociedad mexicana, condenen rotundamente las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas en su contra y las intenciones de desacreditarles. Asimismo, urgimos a las Fiscalías locales y a la Fiscalia General de la República llevar las investigaciones sobre las amenazas y la violencia que han sufrido nuestras compañeras y compañeros de CEPAD, Consorcio Oaxaca y la Brigada Marabunta de forma pronta e imparcial con el objetivo de llevar ante la justicia a los autores y cómplices culpables de estos graves delitos.
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