En
conversatorio organizado por el Senado de México, la Secretaria
Ejecutiva Alicia Bárcena advirtió que las mujeres son las más afectadas
por la pandemia del COVID-19 y abogó por un
pacto social feminista con igualdad y sostenibilidad.
(12 de junio, 2020)
La
pandemia del COVID-19 tiene impactos importantes en la autonomía de las
mujeres y la desigualdad de género. Por ello se hace urgente adoptar
políticas públicas integrales para una reactivación económica que
garantice los derechos de las mujeres y la igualdad de género, advirtió
hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) durante un conversatorio
sobre derechos humanos de las mujeres y retos ante el COVID-19,
organizado por el Senado de México.
Bárcena
fue una de las oradoras principales del encuentro junto a Michelle
Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
La reunión virtual fue moderada por Malú Micher, Presidenta de la
Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano, y contó con la
participación de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de
México; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
del Gobierno de México; María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU
Mujeres para las Américas y el Caribe; la senadora Mónica Fernández; el
senador Ricardo Monreal; y la Presidenta de INMUJERES México, Nadine
Gasman; entre otras autoridades del Senado de México.
En
su presentación, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recalcó que son
necesarias políticas para garantizar los derechos de las mujeres y la
igualdad
de género, en especial de las mujeres jóvenes. Entre estas políticas se
encuentran ampliar el espacio fiscal y aumentar la progresividad de los
sistemas tributarios; el establecimiento de un ingreso básico de
emergencia por seis meses equivalente a una línea
de pobreza; reforzar el financiamiento de políticas clave para las
mujeres en el contexto de la pandemia, como los servicios integrales
contra la violencia de género; la participación de las mujeres en
sectores estratégicos de recuperación económica (como
la maquila, turismo y servicios); proteger a las mujeres migrantes;
apoyar en las mujeres de las micro, pequeñas y medianas empresas con
financiamiento, acceso a mercados y capacitación; e invertir en la
economía del cuidado como dinamizador de las economías.
“El
impacto social de la pandemia tiene rostro de mujer”, declaró Alicia
Bárcena. Recordó que la caída económica esperada para 2020 (-5,3%)
agregará 12
millones de personas a las filas del desempleo y aumentará la pobreza
en 29 millones (para llegar a un total de 215 millones). Según cálculos
de la CEPAL, alrededor de 110 millones de mujeres en la región se
encontrarían en situación de pobreza. Además, el
54,3% de las mujeres se encuentran ocupadas en sectores que presentan
precariedad desde el punto de vista de los salarios, sin formalización
del empleo ni seguridad del puesto de trabajo y mucho menos acceso a la
protección social.
Por
otro lado, las medidas de confinamiento por las cuarentenas han
propiciado situaciones de violencia extrema y limitado el acceso de las
mujeres a los
servicios de salud, inclusive a la salud sexual y reproductiva, y a los
de apoyo psicosocial y justicia. Además están profundizando la crisis
de los cuidados en la región, especialmente para las mujeres de hogares
con menores ingresos. Y persiste también la
discriminación salarial de género entre profesionales de la salud,
donde 72,8% son mujeres, explicó.
“Esta
no es una crisis financiera, sino de personas, de salud y de bienestar.
Se ha generado una contracción económica al paralizarse tanto la oferta
como
la demanda. Para enfrentarla es indispensable el rol del Estado, pero
un Estado que sea social, no autoritario. Aquí el rol de los parlamentos
es esencial para construir un nuevo pacto social que garantice un
Estado de Bienestar Universal”, indicó Bárcena
a las senadoras, senadores y autoridades presentes en la reunión.
“El
telón de fondo de la pandemia es la cultura del privilegio, que
naturaliza las desigualdades, la discriminación y aborda la equidad y no
la igualdad
con un enfoque asistencialista y no de empoderamiento. Esta crisis nos
debe llevar a un cambio en el modelo de desarrollo”, insistió. “Tenemos
tres décadas de concentración de la riqueza y desigualdades
entrecruzadas, con sistemas de salud fragmentados y mercantilizados”,
señaló Bárcena.
También
enfatizó que se deben desatar los cuatro nudos de la desigualdad de
género para potenciar las tres autonomías de las mujeres (económica,
física
y política). Esto implica avanzar desde una desigualdad socioeconómica y
crecimiento excluyente hacia estilos de desarrollo que garanticen la
igualdad sustantiva de las mujeres. Pasar de una rígida división sexual
del trabajo e injusta organización social
del cuidado hacia la redistribución del tiempo, los trabajos y las
oportunidades. Movernos de patrones culturales patriarcales,
discriminatorios y violentos y del predominio de la cultura del
privilegio a una cultura de los derechos y la igualdad. Y pasar
de la concentración del poder a la democracia paritaria.
Alicia Bárcena recordó también que existen marcos de acción, como el
Compromiso de Santiago
adoptado por la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe en enero de 2020, que es una guía para la implementación de políticas para enfrentar la crisis en áreas como la economía
del cuidado, una macroeconomía basada en la igualdad, y medidas para enfrentar la violencia de género.
Destacó
asimismo la importancia de los derechos de las mujeres defensoras
ambientales, en un contexto donde la violencia contra las personas
defensoras
de temas ambientales ha aumentado drásticamente, ya que América Latina
presenta el porcentaje más alto de personas asesinadas por estas causas
en el mundo. “El
Acuerdo de Escazú
-que garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la
información en asuntos ambientales, a participar en las decisiones que
afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos
derechos hayan sido vulnerados- y la
Estrategia
de Montevideo
-que busca fomentar la participación de las organizaciones y
movimientos de mujeres y feministas en el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas de mitigación y respuesta
ante el efecto de fenómenos climáticos adversos, de gestión del riesgo
de desastres y de fortalecimiento de la resiliencia a nivel regional,
nacional, subnacional y local- son dos instrumentos
que nos guían en este camino”, precisó.
“Necesitamos
un futuro feminista, con una recuperación con igualdad y
sostenibilidad”, indicó la máxima autoridad de la CEPAL. “Necesitamos
reconstruir
mejor (build back better), pero con igualdad para generar pactos y un sistema de protección social universal”, enfatizó Alicia Bárcena.
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