Por medio del presente escrito, invocando las obligaciones del Estado Mexicano declaradas
en la Constitución Mexicana, Tratados Internacionales y leyes que de ellos han emanado,
acudimos atentamente a
Denunciamos los Hechos:
1. El 22 de Julio de 2015 la comunidad fue atacada por fuerzas adscritas al estado de
Colima, resultando lesionadas decenas de personas y 34 defensores sufrieron
detenciones arbitrarias y acusaciones de despojo, robo calificado, privación ilegal
de la libertad, daños y lesiones. Lo cual significó la manipulación del poder punitivo
del estado de Colima para impedir la labor de defensa de su territorio por parte de la
comunidad.
Los defensores recuperaron su libertad por orden de un Juzgado y Tribunal Federal
quienes no encontraron elementos para la configuración de ninguno de los delitos
imputados en su contra. A lo anterior se sumó la campaña de desprestigio
emprendida por el Gobernador del estado de Colima contra las personas defensoras
del territorio.
2. Desde el año 2015 han habido amenazas de muerte, de manera sucesiva, por parte
de actores desconocidos y miembros relacionados con el crimen organizado,
presenciales (en camino hacia audiencias y dentro de órganos jurisdiccionales en
Colima) y a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Hacia los miembros
de la comunidad indígena en resistencia y miembros del equipo de la organización
que acompaña.
3. Por el desarrollo de las controversias agrarias 329/2018 y 61/2020, desahogadas en el
estado de Colima, el Comisariado Ejidal buscó intimidar a los indígenas
defensores mediante el uso de amenazas por parte del crimen organizado, para
buscar desistimiento de las acciones.
4. En 2019 miembros del crimen organizado, levantaron a los principales líderes de la
resistencia local, para amenazarlos y hacerlos desistir del acceso a la justicia,
esto fue fuera de sus comunidad cerca de la cabecera municipal de Casimiro Castillo,
un municipio vecino.
5. El 14 de febrero de 2020 se determinó que la suspensión contra las actividades
mineras sigue activa. La suspensión de plano fue otorgada por medio del Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el 19 de septiembre
de 2014, la cual fue otorgada para suspender la ejecución de los actos que tuvieran
como efecto y consecuencia la privación de la propiedad, posesión y disfrute de sus
bienes agrarios, así como la substracción del régimen jurídico ejidal y la obstrucción
del libre acceso a los terrenos en una superficie aproximada de 1,202-87-93-931
hectáreas de terreno de uso común del ejido de Ayotitlán, de Cuautitlán, Jalisco.
En este contexto se realizó la desaparición forzada, efectuada el 20 y 21 de febrero
de 2020. Que fue realizada por parte de la policía municipal, el crimen organizado y el
Comisariado Ejidal, del defensor José Padilla Elías. El objetivo de la desaparición por
parte de los miembros del crimen organizado, era hacer que se desistiera del amparo
citado y su suspensión. Para lo que lo trasladaron a las instalaciones de los Juzgados
Federales, haciendo que firmará el desistimiento.6. Es importante añadir para el análisis del contexto el hecho de 29 de mayo, donde se
efectuó la desaparición de miembros de la policía estatal de Colima, los cuales se
trasladaron a la comunidad para cuidar empresarios mineros. Fueron encontrados 7
de estos policías muertos, después de haber sido interceptados por miembros del
crimen organizado en territorio de Jalisco y de la Comunidad.
7. Desde Marzo de 2020, ante la labor de defensa, los miembros del Comisariado
informaron que por “grillos” a los defensores del territorio se les daba de baja del
padrón de ejidatarios. Por lo que se presentó denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República.
8. Que el día 26 de octubre de 2020, siendo aproximadamente las 9.00 a.m. sufrió
homicidio el joven Rogelio Rosales Ramos de 18 años de edad, en el sitio conocido
como el Río de la Rosita, siendo territorio de la comunidad.
Esto en el contexto por reclamos por las malas prácticas del Comisariado Ejidal.
Siendo antecedente directo la amenaza por el abogado del Comisariado Leonel
Corona Rosales para desaparecerlo. Este joven era hijo único de uno de los
defensores del territorio que trabajan con la organización.
9. El día 18 de diciembre de 2020, el ex-gobernador del estado de Jalisco fue
asesinado en la ciudad turística de playa “Puerto Vallarta”. Esto fue realizado en
el pleno corazón de la ciudad, donde fue limpiada la zona del crimen, los vídeos del
lugar y de la plaza donde fue efectuado el asesinato.
10. En el contexto de la elección de comisariado ejidal el compañero Santos Isaac Chávez
buscaba ser elegido y favorecer el acceso a la justicia de su comunidad. Lo que
molestó a los actores que están en contra, que para llegar a él, que estaba oculto,
torturaron a su familia el 1 de abril, por lo que lo pudieron localizar. Fue desaparecido
y encontrado muerto el domingo 4 de abril.
Lo anterior demuestra un contexto en donde el nivel de riesgo y la posibilidad de que ocurra
un ataque contra los miembros defensores de la comunidad indígena y de la organización de
apoyo es muy alta. Por lo que se denuncia a los responsables y se exige que el Gobierno de
la República realice medidas que garanticen la integridad y labor de las personas Defensoras
de Derechos Humanos. Así como el acceso a la justicia.Alejandro Encinas Rodríguez.
Subsecretario de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación.
C.C.P. Sr. Guillermo Fernández-Maldonado Castro.
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
Asunto. Solicitud de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos en Jalisco y Colima.
Anexo. Ficha informativa del caso.
Miembros de la Comunidad Indígena de Ayotitlan y Equipo de Organización que acompaña,
autoadscribiendose como Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Comunidad
Indígena de Ayotitlán en Cuautitlán, estado de Jalisco.
Por medio del presente escrito, invocando las obligaciones del Estado Mexicano declaradas
en la Constitución Mexicana, Tratados Internacionales y leyes que de ellos han emanado,
acudimos atentamente a
Solicitar:
Medidas urgentes de protección y prevención, debido al contexto que se vive en el
territorio de la Comunidad. Para que así el Estado Mexicano garantice los Derechos
Humanos, Integridad y Vida de las personas defensoras del territorio de Ayotitlán.
Pues manifestamos que se sufren un contexto, ataques y amenazas que significan graves
violaciones a los Derechos Humanos.
Lo que tiene como efecto y consecuencia daños directos a la integridad física, psicológica,
moral y económica de las y los defensores, así como, de la comunidad en su conjunto.
Acciones y contexto que busca impedir el Derecho Humano al Acceso a la Justicia y la
Libre Autodeterminación de los pueblos indígenas. Mismas que narro en los siguientes:
Hechos:
1. El 22 de Julio de 2015 la comunidad fue atacada por fuerzas adscritas al estado de
Colima, resultando lesionadas decenas de personas y 34 defensores sufrieron
detenciones arbitrarias y acusaciones de despojo, robo calificado, privación ilegal
de la libertad, daños y lesiones. Lo cual significó la manipulación del poder punitivo
del estado de Colima para impedir la labor de defensa de su territorio por parte de la
comunidad.
Los defensores recuperaron su libertad por orden de un Juzgado y Tribunal Federalquienes no encontraron elementos para la configuración de ninguno de los delitos
imputados en su contra. A lo anterior se sumó la campaña de desprestigio
emprendida por el Gobernador del estado de Colima contra las personas defensoras
del territorio.
2. Desde el año 2015 han habido amenazas de muerte, de manera sucesiva, por parte
de actores desconocidos y miembros relacionados con el crimen organizado,
presenciales (en camino hacia audiencias y dentro de órganos jurisdiccionales en
Colima) y a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Hacia los miembros
de la comunidad indígena en resistencia y miembros del equipo de la organización
que acompaña.
3. Por el desarrollo de las controversias agrarias 329/2018 y 61/2020, desahogadas en el
estado de Colima, el Comisariado Ejidal buscó intimidar a los indígenas
defensores mediante el uso de amenazas por parte del crimen organizado, para
buscar desistimiento de las acciones.
4. En 2019 miembros del crimen organizado, levantaron a los principales líderes de la
resistencia local, para amenazarlos y hacerlos desistir del acceso a la justicia,
esto fue fuera de sus comunidad cerca de la cabecera municipal de Casimiro Castillo,
un municipio vecino.
5. El 14 de febrero de 2020 se determinó que la suspensión contra las actividades
mineras sigue activa. La suspensión de plano fue otorgada por medio del Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el 19 de septiembre
de 2014, la cual fue otorgada para suspender la ejecución de los actos que tuvieran
como efecto y consecuencia la privación de la propiedad, posesión y disfrute de sus
bienes agrarios, así como la substracción del régimen jurídico ejidal y la obstrucción
del libre acceso a los terrenos en una superficie aproximada de 1,202-87-93-931
hectáreas de terreno de uso común del ejido de Ayotitlán, de Cuautitlán, Jalisco.
En este contexto se realizó la desaparición forzada, efectuada el 20 y 21 de febrero
de 2020. Que fue realizada por parte de la policía municipal, el crimen organizado y el
Comisariado Ejidal, del defensor José Padilla Elías. El objetivo de la desaparición por
parte de los miembros del crimen organizado, era hacer que se desistiera del amparo
citado y su suspensión. Para lo que lo trasladaron a las instalaciones de los Juzgados
Federales, haciendo que firmará el desistimiento.
6. Es importante añadir para el análisis del contexto el hecho de 29 de mayo, donde se
efectuó la desaparición de miembros de la policía estatal de Colima, los cuales se
trasladaron a la comunidad para cuidar empresarios mineros. Fueron encontrados 7
de estos policías muertos, después de haber sido interceptados por miembros del
crimen organizado en territorio de Jalisco y de la Comunidad.
7. Desde Marzo de 2020, ante la labor de defensa, los miembros del Comisariado
informaron que por “grillos” a los defensores del territorio se les daba de baja del
padrón de ejidatarios. Por lo que se presentó denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República.
8. Que el día 26 de octubre de 2020, siendo aproximadamente las 9.00 a.m. sufrió
homicidio el joven Rogelio Rosales Ramos de 18 años de edad, en el sitio conocido
como el Río de la Rosita, siendo territorio de la comunidad.
Esto en el contexto por reclamos por las malas prácticas del Comisariado Ejidal.
Siendo antecedente directo la amenaza por el abogado del Comisariado Leonel
Corona Rosales para desaparecerlo. Este joven era hijo único de uno de losdefensores del territorio que trabajan con la organización.
9. El día 18 de diciembre de 2020, el ex-gobernador del estado de Jalisco fue
asesinado en la ciudad turística de playa “Puerto Vallarta”. Esto fue realizado en
el pleno corazón de la ciudad, donde fue limpiada la zona del crimen, los vídeos del
lugar y de la plaza donde fue efectuado el asesinato.
Lo anterior demuestra un contexto en donde el nivel de riesgo y la posibilidad de que ocurra
un ataque contra los miembros defensores de la comunidad indígena y de la organización de
apoyo es muy alta. Por lo que se busca que el Gobierno de la República realice medidas
que garanticen la integridad y labor de las personas Defensoras de Derechos Humanos.
Por lo antes expuesto y fundado, atentamente
PEDIMOS:
ÚNICO. Sean emitidas, de manera urgente, medidas de protección y preventivas para
proteger y permitir la labor de los defensores de derechos humanos arriba mencionados.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 13 de Enero de 2021.
José Guerrero Flores.
En representación de los Defensores del Territorio miembros de la Comunidad
Indígena de Ayotitlán.
José de Jesús Castolo López
Alianza Campesina Revolucionaria.
Consejo Indígena Campesino.
Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez.
Director Ejecutivo de Tsikini, Brote Pro Justicia y Dignidad.
Consejero Suplente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.Adelfo Regino Montes.
Titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
C.C.P. Sr. Guillermo Fernández-Maldonado Castro.
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
Asunto. Solicitud de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos en Jalisco y Colima.
Miembros de la Comunidad Indígena de Ayotitlan y Equipo de Organización que acompaña,
autoadscribiendose como Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Comunidad
Indígena de Ayotitlán en Cuautitlán, estado de Jalisco.
Por medio del presente escrito, invocando las obligaciones del Estado Mexicano declaradas
en la Constitución Mexicana, Tratados Internacionales y leyes que de ellos han emanado,
acudimos atentamente a
Solicitar:
Medidas urgentes de protección y prevención, debido al contexto que se vive en el
territorio de la Comunidad. Para que así el Estado Mexicano garantice los Derechos
Humanos, Integridad y Vida de las personas defensoras del territorio de Ayotitlán.
Pues manifestamos que se sufren un contexto, ataques y amenazas que significan graves
violaciones a los Derechos Humanos.
Lo que tiene como efecto y consecuencia daños directos a la integridad física, psicológica,
moral y económica de las y los defensores, así como, de la comunidad en su conjunto.
Acciones y contexto que busca impedir el Derecho Humano al Acceso a la Justicia y la
Libre Autodeterminación de los pueblos indígenas. Mismas que narro en los siguientes:
Hechos:
1. El 22 de Julio de 2015 la comunidad fue atacada por fuerzas adscritas al estado de
Colima, resultando lesionadas decenas de personas y 34 defensores sufrieron
detenciones arbitrarias y acusaciones de despojo, robo calificado, privación ilegal
de la libertad, daños y lesiones. Lo cual significó la manipulación del poder punitivo
del estado de Colima para impedir la labor de defensa de su territorio por parte de la
comunidad.
Los defensores recuperaron su libertad por orden de un Juzgado y Tribunal Federal
quienes no encontraron elementos para la configuración de ninguno de los delitos
imputados en su contra. A lo anterior se sumó la campaña de desprestigioemprendida por el Gobernador del estado de Colima contra las personas defensoras
del territorio.
2. Desde el año 2015 han habido amenazas de muerte, de manera sucesiva, por parte
de actores desconocidos y miembros relacionados con el crimen organizado,
presenciales (en camino hacia audiencias y dentro de órganos jurisdiccionales en
Colima) y a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Hacia los miembros
de la comunidad indígena en resistencia y miembros del equipo de la organización
que acompaña.
3. Por el desarrollo de las controversias agrarias 329/2018 y 61/2020, desahogadas en el
estado de Colima, el Comisariado Ejidal buscó intimidar a los indígenas
defensores mediante el uso de amenazas por parte del crimen organizado, para
buscar desistimiento de las acciones.
4. En 2019 miembros del crimen organizado, levantaron a los principales líderes de la
resistencia local, para amenazarlos y hacerlos desistir del acceso a la justicia,
esto fue fuera de sus comunidad cerca de la cabecera municipal de Casimiro Castillo,
un municipio vecino.
5. El 14 de febrero de 2020 se determinó que la suspensión contra las actividades
mineras sigue activa. La suspensión de plano fue otorgada por medio del Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el 19 de septiembre
de 2014, la cual fue otorgada para suspender la ejecución de los actos que tuvieran
como efecto y consecuencia la privación de la propiedad, posesión y disfrute de sus
bienes agrarios, así como la substracción del régimen jurídico ejidal y la obstrucción
del libre acceso a los terrenos en una superficie aproximada de 1,202-87-93-931
hectáreas de terreno de uso común del ejido de Ayotitlán, de Cuautitlán, Jalisco.
En este contexto se realizó la desaparición forzada, efectuada el 20 y 21 de febrero
de 2020. Que fue realizada por parte de la policía municipal, el crimen organizado y el
Comisariado Ejidal, del defensor José Padilla Elías. El objetivo de la desaparición por
parte de los miembros del crimen organizado, era hacer que se desistiera del amparo
citado y su suspensión. Para lo que lo trasladaron a las instalaciones de los Juzgados
Federales, haciendo que firmará el desistimiento.
6. Es importante añadir para el análisis del contexto el hecho de 29 de mayo, donde se
efectuó la desaparición de miembros de la policía estatal de Colima, los cuales se
trasladaron a la comunidad para cuidar empresarios mineros. Fueron encontrados 7
de estos policías muertos, después de haber sido interceptados por miembros del
crimen organizado en territorio de Jalisco y de la Comunidad.
7. Desde Marzo de 2020, ante la labor de defensa, los miembros del Comisariado
informaron que por “grillos” a los defensores del territorio se les daba de baja del
padrón de ejidatarios. Por lo que se presentó denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República.
8. Que el día 26 de octubre de 2020, siendo aproximadamente las 9.00 a.m. sufrió
homicidio el joven Rogelio Rosales Ramos de 18 años de edad, en el sitio conocido
como el Río de la Rosita, siendo territorio de la comunidad.
Esto en el contexto por reclamos por las malas prácticas del Comisariado Ejidal.
Siendo antecedente directo la amenaza por el abogado del Comisariado Leonel
Corona Rosales para desaparecerlo. Este joven era hijo único de uno de los
defensores del territorio que trabajan con la organización.9. El día 18 de diciembre de 2020, el ex-gobernador del estado de Jalisco fue
asesinado en la ciudad turística de playa “Puerto Vallarta”. Esto fue realizado en
el pleno corazón de la ciudad, donde fue limpiada la zona del crimen, los vídeos del
lugar y de la plaza donde fue efectuado el asesinato.
Lo anterior demuestra un contexto en donde el nivel de riesgo y la posibilidad de que ocurra
un ataque contra los miembros defensores de la comunidad indígena y de la organización de
apoyo es muy alta. Por lo que se busca que el Gobierno de la República realice medidas
que garanticen la integridad y labor de las personas Defensoras de Derechos Humanos.
Por lo antes expuesto y fundado, atentamente
PEDIMOS:
ÚNICO. Sean emitidas, de manera urgente, medidas de protección y preventivas para
proteger y permitir la labor de los defensores de derechos humanos arriba mencionados.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 13 de Enero de 2021.
José Guerrero Flores.
En representación de los Defensores del Territorio miembros de la Comunidad
Indígena de Ayotitlán.
José de Jesús Castolo López
Alianza Campesina Revolucionaria.
Consejo Indígena Campesino.
Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez.
Director Ejecutivo de Tsikini, Brote Pro Justicia y Dignidad.
Consejero Suplente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.María Rosario Piedra Ibarra
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
C.C.P. Sr. Guillermo Fernández-Maldonado Castro.
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
Asunto. Queja por violación de Derechos Humanos.
Miembros de la Comunidad Indígena de Ayotitlan y Equipo de Organización que acompaña,
autoadscribiendose como Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Comunidad
Indígena de Ayotitlán en Cuautitlán, estado de Jalisco.
Por medio del presente escrito, invocando las obligaciones del Estado Mexicano declaradas
en la Constitución Mexicana, Tratados Internacionales y leyes que de ellos han emanado,
acudimos atentamente a
Solicitar:
La emisiòn de Recomendación y medidas urgentes de protección y prevención, debido al
contexto que se vive en el territorio de la Comunidad, para que así el Estado Mexicano para
garantice los Derechos Humanos, Integridad y Vida de las personas defensoras del
territorio de Ayotitlán. Pues manifestamos que se sufren un contexto, ataques y amenazas
que significan graves violaciones a los Derechos Humanos. Mismas que buscan obstaculizar
nuestra labor de defensa de nuestro territorio, realizadas por actores conocidos.
Lo que tiene como efecto y consecuencia daños directos a la integridad física, psicológica,
moral y económica de los miembros defensores y de la comunidad en su conjunto. acciones
y contexto que buscan impedir el Derecho Humano al Acceso a la Justicia y la Libre
Autodeterminación de los pueblos indígenas, mismas que narro en los siguientes:
Hechos:
1. El 22 de Julio de 2015 la comunidad fue atacada por fuerzas adscritas al estado de
Colima, resultando lesionadas decenas de personas y 34 defensores sufrieron
detenciones arbitrarias y acusaciones de despojo, robo calificado, privación ilegal
de la libertad, daños y lesiones. Lo cual significó la manipulación del poder punitivo
del estado de Colima para impedir la labor de defensa de su territorio por parte de la
comunidad. Los defensores recuperaron su libertad por orden de un Juzgado Federal
quien no encontró elementos para la configuración de ninguno de los delitos
imputados en su contra. A lo anterior se sumó la campaña de desprestigio
emprendida por el gobierno del estado de Colima contra las personas defensoras del
territorio.
2. Desde el año 2015 han habido amenazas de muerte, de manera sucesiva, por parte
de actores desconocidos y miembros relacionados con el crimen organizado,
presenciales (en camino hacia audiencias y dentro de órganos jurisdiccionales en
Colima) y a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Hacia los miembros
de la comunidad indígena en resistencia y miembros del equipo de la organización
que acompaña.3. Por el desarrollo de las controversias agrarias 329/2018 y 61/2020, desahogadas en el
estado de Colima, el Comisariado Ejidal buscó intimidar a los indígenas
defensores mediante el uso de amenazas por parte del crimen organizado, para
buscar desistimiento de las acciones.
4. En 2019 miembros del crimen organizado, levantaron a los principales líderes de la
resistencia local, para amenazarlos y hacerlos desistir del acceso a la justicia,
esto fue fuera de sus comunidad cerca de la cabecera municipal de Casimiro Castillo,
un municipio vecino.
5. El 14 de febrero de 2020 se determinó que la suspensión contra las actividades
mineras sigue activa. La suspensión de plano fue otorgada por medio del Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el 19 de septiembre
de 2014, la cual fue otorgada para suspender la ejecución de los actos que tuvieran
como efecto y consecuencia la privación de la propiedad, posesión y disfrute de sus
bienes agrarios, así como la substracción del régimen jurídico ejidal y la obstrucción
del libre acceso a los terrenos en una superficie aproximada de 1,202-87-93-931
hectáreas de terreno de uso común del ejido de Ayotitlán, de Cuautitlán, Jalisco.
En este contexto se realizó la desaparición forzada, efectuada el 20 y 21 de febrero
de 2020. Que fue realizada por parte de la policía municipal, el crimen organizado y el
Comisariado Ejidal, del defensor José Padilla Elías. El objetivo de la desaparición por
parte de los miembros del crimen organizado, era hacer que se desistiera del amparo
citado y su suspensión. Para lo que lo trasladaron a las instalaciones de los Juzgados
Federales, haciendo que firmará el desistimiento.
6. Es importante añadir para el análisis del contexto el hecho de 29 de mayo, donde se
efectuó la desaparición de miembros de la policía estatal de Colima, los cuales se
trasladaron a la comunidad para cuidar empresarios mineros. Fueron encontrados 7
de estos policías muertos, después de haber sido interceptados por miembros del
crimen organizado en territorio de Jalisco y de la Comunidad.
7. Desde Marzo de 2020, ante la labor de defensa, los miembros del Comisariado
informaron que por “grillos” a los defensores del territorio se les daba de baja del
padrón de ejidatarios. Por lo que se presentó denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República.
8. Que el día 26 de octubre de 2020, siendo aproximadamente las 9.00 a.m. sufrió
homicidio el joven Rogelio Rosales Ramos de 18 años de edad, en el sitio conocido
como el Río de la Rosita, siendo territorio de la comunidad.
Esto en el contexto por reclamos por las malas prácticas del Comisariado Ejidal.
Siendo antecedente directo la amenaza por el abogado del Comisariado Leonel
Corona Rosales para desaparecerlo. Este joven era hijo único de uno de los
defensores del territorio que trabajan con la organización.
9. El día 18 de diciembre de 2020, el ex-gobernador del estado de Jalisco fue
asesinado en la ciudad turística de playa “Puerto Vallarta”. Esto fue realizado en
el pleno corazón de la ciudad, donde fue limpiada la zona del crimen, los vídeos del
lugar y de la plaza donde fue efectuado el asesinato.
Lo anterior demuestra un contexto en donde el nivel de riesgo y la posibilidad de que ocurra
un ataque contra los miembros defensores de la comunidad indígena y de la organización de
apoyo es muy alta. Por lo que se busca se emita Recomendación para que esta Institución
indique el camino para que se garanticen los Derechos Humanos de las PersonasDefensoras y su Comunidad.
Es asì que con base en los Artículos Constitucionales 1, 4, 14, 16, 27, SOLICITAMOS LA
PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, FRENTE A LOS
RIESGOS QUE SE DAÑE LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA, MORAL Y
ECONÓMICA POR ASUMIR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
TERRITORIALES EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE AYOTITLÁN.
Por lo que peticionamos las siguientes:
Medidas de Urgentes de Protección:
I. Protección de la Comunidad, mediante la instalación de dos bases de la
Guardia Nacional o Marina. Esto debido a la complejidad del territorio, ubicado
en la Sierra Madre Occidental, y el tamaño de la comunidad con 60,000 hectáreas
reconocidas. Así como vigilancia por los caminos de manera periódica lo que
demuestra el ímpetu de la autoridad en proteger a la persona beneficiaria y la
probabilidad de una reacción rápida y contundente en caso de agresión 1 .
Llevando a cabo protocolos de acompañamiento en caso de desplazamientos de
riesgo 2 . También acompañado de un programa de monitoreo remoto y reportes
del contexto 3 .
Medidas de Protección:
I. Entrega de equipo de telefonía satelital, para la comunicación de los
defensores. Pues su comunidad se encuentra sin cobertura celular 4 .
Acompañado de un programa de monitoreo remoto 5 .
II. Entrega de equipo de geolocalización con botón de pánico, para los miembros
habitantes fuera de la comunidad, en Manzanillo y Guadalajara. Esta medida es
idónea en zonas donde haya cobertura de la señal de telefonía celular y una
autoridad que pueda reaccionar tan rápido como sea posible 6 . Acompañado de
un programa de monitoreo remoto 7 .
III. El establecimiento de un protocolo de emergencia, que permita reaccionar
efectivamente a autoridades y defensores en caso de amenazas y/o ataques.
Medidas de Prevención:
I. Difusión a las autoridades citadas, sobre sus obligaciones con las Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; comunicación por medio de
oficios a autoridades con el objetivo de disuadir sobre su actuación en contra de
la labor de defensa 8 .
II. Cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios, de las autoridades
citadas, sobre derechos humanos y defensores de derechos humanos; como un
esfuerzo decidido para combatir la estigmatización y desprestigio.
III. Cursos de concientización dirigidos a los jóvenes, de la comunidad, sobre
derechos humanos y la importancia de la labor de los defensores de derechos
1 DIAGNÓSTICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO. Elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a
solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 2019. p. 132. http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190725-Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf
2 Ibídem, 132.
3 Ibidem, 140.
4 Ibidem, 140.
5 Ibidem, 140.
6 Ibidem, 140.
7 Ibidem, 140.
8 Ibidem, 137.humanos; como un esfuerzo decidido para combatir la estigmatización y
desprestigio
IV. Difusión de declaraciones públicas de los funcionarios, de las autoridades
citadas, sobre la importancia del trabajo de las Personas Defensoras de
Derechos Humanos; como un esfuerzo decidido para combatir la
estigmatización y desprestigio
V. Cursos de autoprotección colectivos.
VI. Acompañamiento de observadores de derechos humanos de la subdirección
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y/o de la Comisión
Nacional o Estatales de Derechos Humanos.
VII. Apoyo para el Acceso a la Justicia y Reparación Integral.
Por lo antes expuesto y fundado, atentamente
PEDIMOS:
ÚNICO. Sean emitida Recomendación y, de manera urgente, medidas de protección y
preventivas para proteger y permitir la labor de los defensores de derechos humanos arriba
mencionados.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 13 de Enero de 2021.
José Guerrero Flores.
En representación de los Defensores del Territorio miembros de la Comunidad
Indígena de Ayotitlán.
José de Jesús Castolo López
Alianza Campesina Revolucionaria.
Consejo Indígena Campesino.
Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez.
Director Ejecutivo de Tsikini, Brote Pro Justicia y Dignidad.
Consejero Suplente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
