A menos de un año de haber iniciado la administración del Gobierno
Federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las
bases fundamentales de la democracia mexicana están en riesgo.
El Artículo 83 de la Constitución Política establece que el
Presidente durará en el cargo seis años, además de que “en
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese
puesto”.
Esas dos máximas constitucionales están en riesgo, toda vez que es
deseo del presidente someterse a una revocación de mandato, la cual
no está contemplada en la Constitución que nos rige, misma que
juramentó guardar.
Si en el Senado de la República prospera la iniciativa de una
revocatoria de mandato, estaríamos no sólo vulnerando la
periodicidad del cargo para el cual fue electo por mayoría el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también se
afectaría el principio de la no reelección.
La revocación de mandato que plantea el mandatario nacional y que
fue presentada por el dirigente de la fracción de Morena en la
Cámara de Diputados, pretende realizarse al concluir el tercer año
del actual gobierno federal.
De tener un resultado adverso, López Obrador no concluiría con los
seis años para los cuáles fue electo, mientras que de ser favorable
el resultado, abriría el escenario político a la reelección.
En Coparmex hemos señalado las graves consecuencias políticas,
jurídicas, económicas y sociales que esta iniciativa de reforma
constitucional ocasionaría en el sistema democrático de nuestro
país.
A la afectación a la Carta Magna con las consecuencias
reeleccionistas que ello puede significar, se suma, efectivamente, un
boquete económico al presupuesto federal y al del Instituto Nacional
Electoral, entidad a la que, por cierto, el gobierno de la República
ha pretendido disminuirle los recursos que garantizan el ejercicio de
la democracia en México.
En términos sociales y de gobierno, una revocación de mandato a la
mitad del sexenio distraería al Gobierno Federal, al Poder
Legislativo y a las administraciones en las entidades federativas, en
una campaña política para preservarse en el poder –cuando no hay
necesidad de ello–, de las labores de gobierno que tienen
responsabilidad y obligación de cumplir y ejercer.
En muy pocos países en el orbe es aceptada en el ámbito federal la
revocación de mandato, precisamente porque vulnera los procesos
democráticos establecidos en la elección de mandatarios, y porque
trastoca el ejercicio pleno del gobierno al impedir la generación de
políticas públicas para promover el desarrollo, la educación, el
crecimiento, al centrarse en campañas políticas personales.
Sólo tres países cuentan en sus legislaciones nacionales con un
proceso revocatorio. Bolivia, Ecuador y Venezuela, en este último,
fue el instrumento utilizado en 2004 por el entonces presidente Hugo
Chávez, para perpetrarse en el poder hasta el día de su muerte en
el año 2013.
En México las discusiones legislativas han empeorado el escenario
acercando las posturas entre dos grupos de Senadores; uno afín a las
causas del Presidente y otro conformado por legisladores de
oposición, los cuáles en una representación menor, no garantizan
el fin de esta amenaza a la democracia.
Las propuestas de modificaciones a la iniciativa presentada por
Morena no son suficientes ni resuelven de fondo el tema de la
vulnerabilidad del sistema democrático mexicano. Abrir la
posibilidad de una revocación de mandato durante los tres meses
posteriores al cumplimiento del tercer año del ejercicio de gobierno
al peticionarlo el 3 por ciento de los electores en el listado
nominal, implica –más allá de omisiones en el ejercicio del
gobierno en un momento crucial del sexenio posterior a la curva de
aprendizaje– una inversión de recursos sin precedentes para el
sistema político mexicano.
Cambiaría la forma de designación del titular del Poder Ejecutivo
como la conocemos. La iniciativa expone que la revocación de mandato
podría ser impugnada, y que, en caso de que el Presidente de la
República resultara revocado, sería el Presidente del Congreso de
la Unión quien ocupara su cargo de manera provisional.
En Coparmex reiteramos nuestra preocupación porque, a pesar de las
modificaciones recientes, los puntos más graves y más perjudiciales
permanecen en el espíritu de la iniciativa.
Reiteramos:
La revocación de mandato es antidemocrática. Da la espalda a la
pluralidad y evita que la oposición pueda enriquecer las
alternativas de cambio.
La revocación de mandato es una medida populista, genera incentivos
para que el Presidente, los funcionarios de su gabinete e incluso los
legisladores de su partido dejen de lado su responsabilidad
institucional y concentren sus esfuerzos a promover y defender la
gestión de su líder.
La revocación de mandato es una medida con un alto costo económico
para un país que está registrando niveles de crecimiento por debajo
del 1 por ciento. Inevitablemente, los recursos que se destinarían
para la organización y celebración de una revocación de mandato,
dejarían de fluir a programas sociales.
La revocación de mandato se convertiría en la antesala para la
reelección, al establecer la ruta legal para tener “sexenios de
cuatro años”, recortando el periodo efectivo para que un gobierno
pueda ofrecer resultados tangibles y realizar un verdadero cambio en
el país.
Lo hemos dicho y lo sostenemos: cuando la ciudadanía acude a las
urnas para votar por un candidato a la presidencia de la República,
lo hace pensando en que gobernará seis años. No más, no menos.
En Coparmex, defendemos los periodos sexenales que establece la
Constitución de nuestro país.
De aprobarse esta iniciativa, se estaría atentando contra el propio
espíritu democrático que presume regir al interior del Poder
Ejecutivo. Y no olvidemos que el sistema democrático vigente en
México, fue el que permitió que la oposición alcanzara la
Presidencia de la República.
Por todas estas razones, en Coparmex mantenemos nuestra postura en
contra de la revocación de mandato. Una iniciativa que se ajusta a
la medida del actual gobierno, pero no a las necesidades de nuestro
sistema democrático.
La democracia mexicana no debe sacrificar la gobernabilidad ni la
estabilidad del país, bajo el pretexto de abrir espacios de
participación ciudadana, que no necesariamente repercutirán en
mejores gobiernos.
Por ello mantenemos nuestro llamado a los Senadores de la República,
para que frenen esta iniciativa antidemocrática, populista e
ineficaz; que pone en riesgo la estabilidad de México y que abre el
camino de la reelección.
Hoy más que nunca, los mexicanos tenemos que defender nuestra
democracia. Aún estamos a tiempo de evitar un error de consecuencias
catastróficas.
En Coparmex seguiremos construyendo con el gobierno y la sociedad, la
democracia que requiere México.
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