CDMX, 28 de marzo de 2024.- Con la salida del exdirector del Aeropuerto
de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño, el AICM no sólo no eliminó
sus prácticas fraudulentes y la corrupción, sino que se incluso se están
incrementando, ya que los nuevos directivos únicamente acatan órdenes para
acabar con el negocio de los permisionarios de taxis y quedarse con éste para
las autoridades de la Marina.
Permisionarios del servicio de taxis de la terminal aérea capitalina
denuncian que Velázquez Tiscareño dejó de momento a sus principales operadores
como son Francisco José Martínez Burriel, director de Administración, quien
toma muchas decisiones en el aeropuerto y a José Luis Martínez Colina, director
de Asuntos Jurídicos, quien ahora “ordena y mueve a su antojo” a Pamela Pérez
Sánchez, quien todo indica será su sucesora.
De igual manera, se quedó Mario Sánchez Becerra, subdirector de
Terminal y Supervisión de Transportación Terrestre, quien dejará su legado eventualmente
a Rebeca Cruz Martínez, Gustavo Arce Landa y Sonia López Gallegos, quienes siguen
con “todas las atrocidades” del Aeropuerto, en especial la evidente discriminación
a las permisionarias del servicio de taxis.
Ante esta situación, consideran, en el Aeropuerto de la Ciudad
de México se respira un ambiente incierto con todos los permisionarios del
servicio de taxi, ya que después de pedirle al presidente López Obrador en
diversas ocasiones su intervención y el consecuente desdén del mandatario, “el exdirector
Tiscareño nos deja un legado de atropellos y desigualdad que convierte al
aeropuerto hoy en tierra de nadie”.
Los permisionarios denuncian que las autoridades continúan con
su intención de imponer a la empresa SPASA, la cual obtuvo contratos de puntos
de venta de manera ilegal, es decir sin ser aprobados por el Comité Comercial
(COCOSA), máxima autoridad en el AICM, dejando de lado la opción de competir a
otras empresas morales, sobre todo las lideradas por mujeres.
Denuncian que estas autoridades violan la constitución e
inventan reglamentos que no existen, al tiempo que despojan de puntos de venta a
las empresas sólo porque las cajeras no tienen una Identificación que ellos se
niegan a entregar.
Han denunciado específicamente el caso de la empresa Sitio 300, a
cuyos permisionarios los han dividido argumentándoles una supuesta deuda con
una cuenta impagable.
José Luis Martínez Colina y Mario Sánchez Becerra han calculado
60 millones de pesos con un 75% de intereses, a toda costa ilegales, al tiempo
que han aprovechado toda esta situación para adjudicar diversos puntos de venta
para SPASA, sin ninguna regulación.
“Esta pandilla”, consideran los permisionarios, viola todas las normatividades vigentes, en
especial la Ley Federal de Competencia Económica, todo con tal de dejar sus
negocios bien afianzados en el AICM.
Finalmente, los permisionarios hacen un llamado público al nuevo
director del aeropuerto José Ramon Rivera Parga, para que se deslinde de la
antigua administración y no permita que se continúe con estas prácticas,
detenga la violación a la ley, así como las acciones para impedir la prestación
del servicio.
“Queremos un estado de derecho que en verdad se respete y que se
revisen todas las denuncias que se levantaron ante el Órgano Interno de Control,
las cuales jamás en una administración habían sido tan numerosas, al pasar a
registrar un aumento del 700% en comparación con administraciones anteriores”,
concluyen.
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