El lanzamiento de la primera estrategia nacional de control de drogas de la administración Biden el día de hoy ocurre en medio de una crisis de sobredosis de drogas de una gravedad sin precedentes, que tan solo en los últimos 12 meses ha dejado más de 106.000 personas muertas.
El documento de 152 páginas, que fue enviado al Congreso, detalla las propuestas de la administración para abordar los problemas de drogas del país con acciones que incluyen: mejorar el tratamiento de las adicciones, invertir en la reducción de daños, abordar el narcotráfico y mejorar la recopilación y evaluación de datos.
A continuación, cinco conclusiones iniciales de la primera estrategia de control de drogas del presidente Biden:
1. Una esperada modernización de las políticas de drogas de EE. UU. para apoyar la salud pública
En su Discurso del Estado de la Unión de marzo de 2022, el presidente Biden instó al Congreso a unirse en torno a las medidas urgentes para responder a las tragedias diarias de sufrimiento y muerte relacionadas con las drogas en comunidades de todo el país.
La estrategia publicada hoy es un primer abordaje a esa respuesta, especialmente al centrarse en garantizar el acceso al tratamiento por uso problemático de sustancias y destacar el papel crucial de los servicios de reducción de daños.
Aun así, en contraste con la magnitud de los problemas relacionados con sobredosis en el país y la urgencia de las necesidades, el nuevo plan de Biden parece ser bastante tímido.
2. La primera estrategia de EE. UU. en incluir un capítulo sobre reducción de daños
Al adoptar servicios de reducción de daños, incluyendo algunos “salvavidas”, como lo son los aerosoles de reversión de sobredosis, las tiras reactivas para pruebas de drogas y los tratamientos de fácil acceso, esta primera estrategia de Biden representa un gran paso hacia adelante con respecto a las emitidas por gobiernos tanto demócratas como republicanos en las últimas tres décadas.
La inclusión del plan de reconocimiento y adopción de Programas de Servicio de Jeringas (Syringe Service Programs, SSP) es un paso especialmente significativo en la estrategia para la política de drogas de Estados Unidos. Como señala la estrategia, los SSP y otros servicios de reducción de daños “salvarán vidas, mejorarán la salud y probablemente tendrán un beneficio económico favorable para la sociedad”.
La administración de Biden merece crédito por finalmente reconocer y apoyar el papel fundamental de la reducción de daños, más aún, porque es probable que al menos algunos legisladores republicanos vilipendien a Biden por hacerlo, probablemente tildando los servicios de reducción de daños de demagogia y tácticas de miedo.
Al mismo tiempo, es importante darse cuenta de que la inclusión de la reducción de daños en la nueva estrategia, tan bienvenida como es, representa solo un pequeño paso hacia un aumento de las inversiones necesarias para respaldar una gama más amplia de servicios de reducción de riesgos, como por ejemplo, sitios de inyección supervisados.
3. Avances notables corren el riesgo de verse socavados por la continuidad de enfoques que ya han fracasado
Las innovaciones positivas de la estrategia de Biden con respecto a la inversión en tratamiento y estrategias de reducción de daños corren el riesgo de verse socavadas de mantenerse el tipo de políticas que han exacerbado la crisis actual y que continúan absorbiendo la mayor parte de los recursos: la criminalización de drogas y expectativas exageradas de lo que se puede lograr por medio de esfuerzos de control de la oferta en el extranjero.
De hecho, en una frase que podría haber sido extraída de prácticamente cualquier estrategia antidrogas previa de EE. UU., el plan de Biden “instruye a las agencias a trabajar con los gobiernos socios en los países productores y de tránsito de drogas para evitar que las drogas ilícitas lleguen a nuestra frontera”. Si bien siempre ha sido un objetivo de EE. UU., que nunca estuvo cerca de lograrse, reciclar ese lenguaje ahora solo perpetúa la creencia infundada de que se pueden lograr respuestas decisivas a los problemas de drogas de EE. UU. mediante el control de la oferta en el extranjero.
4. Destaca apuntar a las ganancias financieras para desbaratar el narcotráfico internacional
Priorizar la aplicación de la ley en las ganancias que fluyen hacia los escalones más altos de las redes de tráfico tiene más sentido que atacar los medios de vida de subsistencia de los agricultores. Aun así, las expectativas sobre el tipo de impacto que se puede lograr al enfocarse en las finanzas y las ganancias deben moderarse.
En un mundo globalizado y densamente interconectado, la demanda continua de drogas bajo condiciones de prohibición crea enormes incentivos para los proveedores que estén dispuestos a enfrentar los riesgos para obtener potenciales ganancias monetarias. Bajo estas condiciones, es poco realista esperar golpes rápidos o decisivos contra el comercio ilegal de drogas, y es aún menos probable que tales golpes se traduzcan en impactos sostenibles en el suministro y la disponibilidad de drogas en EE. UU.
Los claros límites de lo que se puede lograr a través del control de la oferta bajo el marco prohibicionista predominante destacan la urgencia de abordar las necesidades inmediatas a través de intervenciones que generen impactos directos y positivos para salvar vidas, especialmente servicios de tratamiento y reducción de daños a mayor escala.
5. Invita a una nueva perspectiva con respecto a los datos relacionados a las políticas de drogas
Durante décadas, EE. UU. va evaluado el progreso en abordar la oferta y disponibilidad de drogas en indicadores como la cantidad de drogas incautadas y de cultivos erradicados en países como Colombia y México.
Sin embargo, a pesar de décadas de enormes inversiones estadounidenses en operaciones de interdicción y erradicación, la producción, el suministro y la disponibilidad de drogas ilegales parecen ser mayores que nunca en magnitud y toxicidad.
El nuevo enfoque de Biden reconoce la necesidad de considerar “la gama completa de tendencias y actividades, incluidos los patrones de consumo, las consecuencias del uso de drogas, la prevención, la reducción de daños, el tratamiento, la recuperación, la producción, el transporte y la distribución de drogas por parte de las organizaciones narcotraficantes, y muchos más”, como la base para formular políticas eficaces.
Hace mucho tiempo que se necesita un examen minucioso de los datos utilizados para medir los problemas relacionados con las drogas y evaluar la eficacia de las políticas de drogas de EE. UU. La pregunta va al corazón de la formulación de políticas: ¿Cómo sabemos si nuestras inversiones están logrando nuestros objetivos? Especialmente en el ámbito del control de la oferta de drogas, una nueva mirada a los indicadores es un paso crucial para reevaluar la estrategia.
Ahora, el Congreso debe actuar
En un momento en que urgen grandes avances en la innovación de las políticas de drogas, el nuevo plan de Biden ofrece pequeños pasos, pero al menos son pasos en la dirección correcta.
Con vidas en juego cada hora de cada día, el Congreso debe actuar rápidamente y de manera bipartidista para garantizar una financiación sólida de largo plazo para el corazón de la estrategia de Biden, que se centra en el tratamiento y la reducción de daños.
Así mismo, el Congreso debería asumir el desafío de evaluar si las recopilaciones de datos tradicionales sobre políticas de drogas de EE. UU. están a la altura de las estrategias para salvar vidas o si, por el contrario, se han desconectado de los resultados del mundo real.
