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Bajo la influyente esfera
judicial de los Estados Unidos de Norteamérica, México está obligado a sostener
un sistema de contrapesos, diseñado para que el poder dé cauce al poder, el
poder vigile al poder, el poder límite al poder
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Por favor, señores
legisladores, señores jueces y señores magistrados, el SUTAUR les implora que
“los más de 12 mil ex choferes de Ruta
100 que iniciaron una lucha sinigual, que con el paso del tiempo los siete mil
que aun vivimos, solo les pedimos ¡…AYÚDENOS…!
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El Magistrado
Presidente Rafael Guerra Álvarez, tiene el talento, la palabra y la eficaz
política y ética para impartir una pronta justicia que no les ha legado desde
hace 26 años a ex Ruta 100, que avasalle a esas catervas llenas de corruptos
quienes se amparan en los propios recovecos de nuestras sagradas leyes,
mientras que los agraviados viven y seguramente morirán en torno a dolorosos
cuadros de pobreza; ¡qué dramática y cruda realidad vive México!
Recordar
es vivir, resurgir, la mística de rememorar hechos tan trascendentes que
aplicados al Estado de Derecho que aún nos gobierna en este México tan bello y
exuberante, nos encamina a marcar pautas que deben de prevalecer por siempre y
para siempre, que sea un permanente legado ético y de principios para rescatar
a nuestro país de las injerencias extranjeras que muchas veces, traidores agentes
de poder -emanados de la Oclocracia-, pretenden aplicar modelos de gobiernos comunistoides
mamertos, para destruir las instituciones democráticas.
Aún
se recuerda aquel 20 de agosto de 2019 cuando se efectuó en la Ciudad de
México, una Cumbre de Togados que mereció amplios desplegados en la prensa
nacional, donde se tocó un tema tan apremiante y de por sí controversial pero muy
delicado, para combatir en todas sus modalidades el fenómeno de la corrupción,
cristalizando el Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México.
Tras
apuntalar lo anterior, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes
Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (SUTAUR-100), reiteró su pronunciamiento
político-jurídico para manifestar su beneplácito por la serie de aciertos que
viene desempeñando el Poder Judicial de la capital de la República, y más ahora
que nunca, con la ampliación o reelección del Magistrado Rafael Guerra Álvarez,
como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el panorama les
cambiará de forma radical.
Desde
aquellas fechas, el también presidente de la Comisión Nacional del Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), afirmó que
con la implementación del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México, sólo
adquiere su verdadero sentido al hacer conciencia de la dimensión histórica de
nuestro reto.
Y
es que todos los mexicanos hemos sido convocados en distinta medida al
fortalecimiento legal y ético de nuestras instituciones y del servicio público.
Y en este sentido, “el quehacer jurisdiccional refrenda su razón de ser”, según
palabras del propio magistrado Guerra Álvarez.
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Desde
la concepción original del modelo de distribución de poderes de Montesquieu
pasando por la interpretación que los ensayos federalistas en Estados Unidos de
Norteamérica, bajo esa influyente esfera México está obligado a sostener un
sistema de contrapesos, diseñado para que el poder dé cauce al poder, el poder
vigile al poder, el poder límite al poder.
Si
bien la fortaleza de esos postulados fueron adoptados por igual conjunto de
formaciones éticas a nuestro texto constitucional, el sistema de contrapesos
está diseñado para lo que fue fundamentado, sin que los nuevos gobiernos
atenten contra la conceptualización espiritual de la Carta Maga del 17.
Y
esa misma lógica sustenta el diseño institucional del Sistema Nacional
Anticorrupción y sus capítulos locales, es decir, conforme a sus instancias e
instituciones republicanas, en suma de esfuerzos, pudieran consumarse las
directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes
y generar las políticas públicas en materia de prevención, detección, control,
sanción, disuasión y combate a la corrupción.
Para
el Sindicato Único de Trabajadores de Transporte Urbano de la Ciudad de México,
mejor conocido como Ruta 100, el Estado Mexicano tiene una Deuda Histórica con
los trabajadores del volante que le dieron auge y presencia en América Latina
como un extraordinario modelo en materia de transporte urbano.
Pero
la lucha contra la corrupción representa la lucha del Estado moderno como lo
conocemos, para preservar su propia existencia. Esa es la verdadera dimensión
del reto que no solo obedece a las instituciones sino que pudieran ser una
garantía de respeto hacia para nuestras leyes, que pudieran igualmente
demostrar su valor.
El
conflicto de la ex Ruta 100 no ha concluido. Han transcurrido más de 26 años,
fue testigo viviente de la transición del siglo viejo al siglo del nuevo
milenio, partiendo de 1995 a nuestras fechas, que a grito abierto han y siguen
demandando “¡…justicia…!”, y ésta justicia lamentablemente no ha llegado pese a
la constante, y el lamentable crimen de Estado del Magistrado penalista Abraham
Polo Uscanga.
Bien
lo formula el Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien acepta y reconoce
verbalmente…
…Para el Poder Judicial de la Ciudad de México es
absolutamente claro que, si la impartición de justicia como la conocemos, es
capaz de ganarse su lugar en el mundo del futuro, será indudablemente por su
capacidad de adaptarse a dicho mundo. Y creo que parte esencial de comprender
el fenómeno de la corrupción es aceptar que hay demasiado poder concentrado en
el Gobierno y muy poco en manos de la población…
Y
añade:
“Como bien lo dice el principio de John Dalberg: ’Todo poder
corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente’, sin embargo, el poder
también revela, también libera y también regenera o degenera la sustancia de
las leyes que no son ejecutadas bajo la letra del Derecho”.
El
mejor ejemplo es el conflicto laboral de la ex Ruta 100, más de cinco
quinquenios de intensas luchas sociopolíticas obreras, que se traducen en 26
años de oídos sordos, de acciones ilegales, de acciones pueriles y de acciones
que retroalimentan la impunidad, pero aun así, bajo ese esquema de
incertidumbre y beligerancia, “confiamos que los nuevos gobiernos y el aparato
de justicia de la Ciudad de México, nos hagan justicia”, remarcó el líder moral
de la ex Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez.
Hoy
en día, conforme a la Primera Constitución que posee la Ciudad de México, tras
largas luchas parlamentarias, se logró constituir su Carta Magna local, para
avasallar a todo esos agentes de poder que abusan y se enriquecen ilícitamente
bajo el paraguas de la impunidad.
Como
también lo afirma el Togado Guerra:
“Hoy contamos con mayores herramientas para revertir la
influencia del poder en todas sus formas: desde el soborno, el clientelismo, la
colusión, la complicidad, el conflicto de interés; pasando por el ejercicio
indebido del servicio público, la extorsión, el lavado de dinero, el nepotismo,
la evasión y los paraísos fiscales, entre muchas otras. Es así como nuestra
generación tiene más elementos para transformar a las instituciones e inhibir
el flujo de la corrupción”.
Si
bien es cierto que las nuevas generaciones de gobernantes velan por la
legalidad de nuestra Nación, que es el espejo y devenir del desarrollo
político, económico, financiero, religioso y social, los mecanismos de control
que debe asumir el Congreso de la Ciudad de México, es el de combatir la
comisión de prácticas de corrupción o la situación de riesgo que provoca la
ineficiencia institucional que tanto lacera el tejido social. Esos nuevos
textos no deben quedar inmovibles, sino que sean garantía del pleno ejercicio
del Estado de Derecho.
Si
al conflicto de la ex Ruta 100, y como otros tantos, se le diera una pronta y
urgente solución, el panorama sociopolítico pintaría de forma diferente. La
Ciudad de México sería otra. Es importante recordar que nuestra atención debe
estar puesta en consolidar la eficacia de las instituciones públicas,
incrementar la certidumbre y seguridad jurídica, mejorar la administración de
los recursos públicos y ulteriormente traducir ese esfuerzo en bienestar, paz y
justicia para la ciudadanía.
Pero
la lucha contra la corrupción no sólo es un postulado de orden y eficacia
gubernamental o administrativa. Debemos de advertir también que la ex Ruta 100,
está esperando que el Constituyente, con el perene auxilio del Poder Judicial
de la Ciudad de México, hagan legítimo sus postulados, bajo la dimensión de la
Rendición de Cuentas, lo cual también representa una obligación del Estado a
medida que el concierto internacional la encumbra como un derecho fundamental.
Hoy,
desde este punto político e histórica esfera de Donceles y Allende, sede del
Congreso de la Ciudad de México, la ex Ruta 100 hizo un respetuoso llamado a
las instancias de gobierno, a la Trilogía Funcional Primaria que es la División
de Poderes que se integran a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, a ponderar a esa “nuestra encomienda a darle solución final al
conflicto laboral de la R-100”.
“Porque
de esos 12,004 trabajadores que distinguían a la Ruta 100 en la década de los
90’s, más de la mitad han ido desapareciendo por causas naturales, sin haber
recibido una justicia pronta y expedita, justa y digna para recuperar las
cantidades millonarias que aportaron para crear empresas que generarían miles
de empleos para las generaciones”, precisó Cuellar Valdez.
Y
acusa: “Pero sus ex dirigentes como Ricardo Barco López y Gabino Camacho
Barrera, han mostrado permanentemente las fauces de la ambición ilícita, han
usurpado la representatividad legal del SUTAUR-100 a través de sus ‘títeres
abyectos’, para seguir cometiendo históricos fraudes, que hasta este momento,
ascienden a varios miles de millones de pesos y dólares, usufructuando las
empresas del Grupo Metropolitano de Transporte, mejor conocido como GMT”.
En
pocas palabras, la instauración de la Cuarta Transformación también “les cayó como
anillo al dedo” a todos esos ladrones de cuello blanco, para seguir actuando
con todo lujo de impunidades, dando realce a la tónica oclocrática del filósofo
matinero de Palacio Nacional, quien al decretar una mal atinada Amnistía, ha
permitido a todos esos infractores de la ley, sobrevivir en un Estado fallido,
donde la ley no vale nada. “¡Al diablo con las instituciones!”, hoy se entiende
ese lacónico mensaje del propio López Obrador.
Para
el SUTAUR, el asunto de la ex Ruta 100 no guarda ninguna complejidad, ni es
coyuntural, sino por el contrario, gracias a que esta Ciudad de México, a
través de su Congreso local lo distingue la pluralidad de ópticas y de ideas,
“esperemos que el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México sea la panacea
para instrumental el Derecho que todo México anhela y necesita, un instrumento
establecido por el Constituyente de nuestra metrópoli desde una visión
sistémica, garantista e interactuante, con el objeto de coordinar a las
autoridades competentes en las diversas instancias de esta causa”, subrayó
Cuellar.
La
ex Ruta 100 aplaudió el hecho que el Poder Judicial de la Ciudad de México
manifieste su completa preocupación por “restablecer las cadenas de la
legalidad en México”, es decir, la prevención, la investigación, la sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos.
La
ex Ruta 100 sigue en espera que se le haga justicia, ponderando lo que ya se ha
reiterado, con la entrada en vigor de la Constitución Política y en particular
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se establecieron
nuevas condiciones normativas, de organización y de operación.
A
pesar de lo que se diga y se divague que el conflicto de la ex Ruta 100 ya
causó Estado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México aún tiene
más de mil 800 promociones que presentó en tiempo y forma, por lo que espera
con urgencia que en el marco institucional del control y fiscalización, se
ajuste al modelo de eficacia, de investigación, sustanciación y resolución en
materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
adecuando dichos lineamientos a diversos estándares internacionales.
El
SUTAUR-100 le reitera al Congreso plural de la Ciudad de México, “coparticipen
en la solución de su conflicto laboral, en esta faceta de la revisión de la Ley
de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, destinando una partida especial
para solucionar el conflicto de la R-100”.
Quienes
todavía respiramos, y a más de 26 años de habernos quedado sin trabajo y vernos
hoy en día en la curva de nuestras vidas, ya no deseamos ser esos cadáveres o
zombies sobrevivientes de la ex Ruta 100, que deambulan por toda la Ciudad de
México y su periferia, sin horizonte allende alguno.
Por
favor, señores legisladores, señores jueces y señores magistrados, el SUTAUR
les implora que “los más de siete mil ex choferes de la Ruta 100 que aun
vivimos, solo les pedimos ¡…AYÚDENOS…! Por el Amor a Dios”.
Tenemos
la plena certeza de que este instrumento del Sistema Anticorrupción en la
Ciudad de México, permitirá recuperar la confianza ciudadana y subsanar la gran
deuda de justicia que demanda la nación. México sería otro si se respetara el
Estado de Derecho.
Ayúdenos,
háganos justicia y eleven el espíritu del constituyente para proceder en contra
de quienes al defraudar a la Ruta 100, que al vivir en la opulencia desmedida,
frente a una cruel realidad: los desvalidos trabajadores de la ex Ruta 100, con
sus rostros agrietados producto de la edad, mendigan por una limosna para
comprarse, lastimosamente, una fritura a fin de mitigar el hambre sin hallar la
línea de la justicia.
El Magistrado Presidente
Rafael Guerra Álvarez, tiene el talento, la palabra y la eficaz política y
ética para impartir una pronta justicia que no les ha llegado desde hace 26
años a ex Ruta 100; que avasalle a esas catervas llenas de corruptos quienes se
amparan en los propios recovecos de nuestras sagradas leyes, mientras que los
agraviados viven y seguramente morirán en torno a dolorosos cuadros de pobreza;
¡qué dramática y cruda realidad vive actualmente todo México!
¡La situación de R-100 está
para llorar por la ineficacia de sus autoridades y donde miles de familias,
colateralmente, siguen debatiéndose ente la vida y la muerte, al ser rehenes desde
hace 26 años, por el crimen organizado que opera con toda impunidad Gabino
Camacho Barrera y Ricardo Barco López, generando un genocidio sin precedentes
en México!
“El valor de una Nación no
es otra cosa que el valor de los individuos que la componen”, refirió
finalmente Jorge Cuellar Valdez, retomando la filosofía del político británico John
Stuart Mill, quien fue representante de la escuela económica clásica y teórico
del utilitarismo. Mill es uno de los pensadores más influyentes en la historia
del liberalismo clásico. Nació el 20 de mayo de 1806, en Pentonville, Londres,
Reino Unido, y murió en mayo de 1873, en Aviñón, Francia, a los 67 años.
