Ernesto Piedras
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En días recientes, se dio a conocer que
la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum,
está impulsando una iniciativa para reordenar el cableado de redes de
telecomunicaciones, especialmente de fibra óptica, que recorre la
capital del país, para consecuentemente fortalecer la recaudación local,
al requerir un pago de derechos para su instalación.
Esta regulación nacería de atender no
sólo un problema de contaminación visual, sino también de protección
civil. El proyecto legislativo de la titular del ejecutivo local se
sumaría a iniciativas previas que pretendían acelerar el proceso de
soterramiento de la infraestructura de telecomunicaciones.
Acceso a Telecomunicaciones en la CDMX.
La red de postes y cableado de la Ciudad de México (CDMX), sobre la que
descansa la infraestructura aérea que permite el fluido eléctrico y de
telecomunicaciones, habilitan que 7 de cada 10 viviendas dispongan de
telefonía fija, cerca de 8 de cada 10 (75.7%) cuente con acceso a
internet, aproximadamente 5 de cada 10 (46.9%) tengan servicios de
televisión restringida y poco más de una tercera parte (34.8%) algún
servicio de streaming, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2020 realizado por el INEGI.
La aprobación y aplicación en el corto
plazo de estas iniciativas en la CDMX generaría afectaciones sobre los
7.1 millones de habitantes de la CDMX que son usuarios de internet, los
6.5 millones que son usuarios de telefonía fija e incluso a parte de los
4.3 millones que cuentan con el servicio de televisión de paga.
La infraestructura aérea de redes de
telecomunicaciones también habilita la prestación de servicios móviles
por lo que se verían afectados estos usuarios, que prácticamente son la
totalidad de los habitantes de la CDMX (92.2% del total) y que
contabilizan 8.5 millones de usuarios.
Potenciales Afectaciones por el
Soterramiento del Cableado. Aunque loable para efectos de la imagen
urbana, el proceso de soterramiento de la infraestructura de
telecomunicaciones provocaría afectaciones que irían desde cortes
parciales a los servicios para completar el proceso, hasta incrementos
en los precios al consumidor de los servicios de telecomunicaciones.
Esta trayectoria alcista derivaría de
los altos costos que enfrentarían los operadores de telecomunicaciones,
al requerir de cuantiosos montos de inversión para concretar el proceso.
Asimismo, esta circunstancia impondría barreras económicas al acceso a
estos servicios, derecho consagrado en la Constitución.
Algunas estimaciones que derivan de
experiencias de soterramiento en otras ciudades apuntan que el costo de
“bajar” las redes de telecomunicaciones podrían rebasar los $165 mil
dólares por kilómetro, es decir, alrededor de $3.3 millones de pesos por
kilómetro.
Al considerar los cerca de 14 mil km de
extensión de las vías primarias, secundarias y caminos restringidos, el
costo total de soterramiento de las redes de telecomunicaciones en la
CDMX podría superar los $46 mil millones de pesos, es decir casi 22
veces el PIB de telecomunicaciones del año 2021 y 28% más de la
totalidad del PIB del país durante la primera mitad de 2022.
Aunque el objetivo de las iniciativas
de soterramiento de la infraestructura en la CDMX sean encomiables, las
potenciales afectaciones incluyen la desconexión y el alza de precios de
los servicios para los usuarios, al implicar prácticamente el
despliegue de nuevas redes. Estos procesos deben realizarse a través del
tiempo, ser proyectos de largo plazo y minimizar los impactos a los
consumidores, quiénes requieren hoy más que nunca de una plena
conectividad ininterrumpida durante su día a día.
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