· El Congreso y gobierno estatal
aprobaron y publicaron una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano para la entidad que podría vulnerar el derecho de libre
comercio, así como los principios de libre concurrencia y competencia,
tutelados por los artículos 5 y 28 constitucionales.
· Promover la concurrencia y competencia
en el mercado de expendio al público de combustibles, tiene un impacto en el
número de gasolineras y la presión competitiva que se ejercen entre sí, lo que
impacta directamente en los márgenes de ganancia de cada negocio y en el precio
final.
· Regulaciones estatales de Baja
California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nuevo
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz también imponen distancias
mínimas entre estaciones de servicio.
Ciudad
de México, a 16 de febrero de 2017.- La Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE o Comisión) solicitó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal que analice que el Gobierno Federal interponga ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) el medio de control constitucional que proceda en
contra de una reforma aprobada y publicada el 24 de enero pasado a la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, la cual
restringe la oferta de estaciones de servicio para la venta de combustibles, al
imponer requisitos de distancias mínimas entre éstas. Es la primera vez que la
COFECE hace uso de esta facultad, que tiene por objeto promover marcos
regulatorios consistentes con los principios constitucionales en materia de
competencia.
La
solicitud se basa en el hecho de que la norma referida podría vulnerar los
artículos 5 y 28 constitucionales. Al respecto, cabe señalar que en ocasiones
previas, la SCJN ha determinado que las disposiciones que fijan requisitos de
distancia entre comercios de la misma clase son inconstitucionales. Asimismo,
el máximo tribunal ha sostenido que el proceso de libre competencia y
concurrencia es de interés social y orden público, por lo que los órganos del
Estado deben privilegiarlo por encima del interés particular.
La
reforma cuestionada podría impedir el establecimiento de estaciones de servicio
en ciertas zonas geográficas, sin que exista un fin válido que lo justifique.
Por el contrario, la medida garantizaría márgenes de ganancia en favor de los
agentes ya establecidos y reduciría opciones de abasto que podrían representar
mejores condiciones de calidad y precio para los consumidores. El número de
estaciones de servicio y la presión competitiva que ejercen entre sí en una
localidad o zona, tienen impacto directo en los márgenes de ganancia obtenidos
por cada unidad de negocio y, en consecuencia, en el nivel de precio final de
la gasolina pagado por los consumidores.
En
septiembre de 2015, la COFECE sugirió al Gobernador de Coahuila no promulgar ni
publicar esta reforma que aprobó por primera vez el Congreso del Estado, la
cual garantizaría exclusividad a las gasolineras ya establecidas en ciertas
zonas, al prohibir la instalación de nuevos negocios del mismo giro en un radio
de 1,500 metros en áreas urbanas y de 10 mil para el caso de áreas rurales con
carretera. Si bien ese mismo año, el Ejecutivo Estatal devolvió el proyecto de
Decreto a la legislatura local para revisarla a la luz de la opinión de esta
Comisión, éste fue aprobado en sus términos originales. Por tal razón, la
COFECE ahora solicita la interposición del medio de control
constitucional.
Finalmente,
cabe subrayar que Coahuila no es la única entidad en esta situación. Las
regulaciones estatales de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima,
Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz
imponen barreras similares para las actividades de expendio de combustibles. En
estos casos, la COFECE no puede solicitar la interposición de recursos de
inconstitucionalidad por tratarse de restricciones normativas que existen desde
hace tiempo. Sin embargo, esto no exime a los gobiernos y congresos estatales
de su responsabilidad de contribuir a una transición exitosa hacia mercados
abiertos y competidos de combustibles que beneficien al consumidor.
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