Estimados amigos,
Históricamente el
sector energético ha sido pieza fundamental para el desarrollo
económico de nuestro país. En los últimos años, se ha
transformado a través de decisiones de gran impacto, entre las que
destaca la reforma energética.
Una de las
motivaciones principales de esta reforma, fue que hasta su aprobación
en 2013, la CFE y Pemex estaban constituidas como empresas
paraestatales con un control monopólico tanto de la electrificación
del país, como de la cadena productiva de los hidrocarburos.
La falta de
competitividad en el sector energético respecto a otros países,
representaba un grave problema en cuanto a la calidad y el costo de
los productos, a los servicios que otorgaban ambas empresas e,
incluso, a la solvencia de sus finanzas a futuro.
En condiciones
monopólicas, los más afectados eran los consumidores y desde luego,
la capacidad productiva nacional.
A partir de las
reformas estructurales del sector energético que se realizaron en
2013, la CFE y Pemex abandonaron la estructura monopólica en algunos
tramos de la cadena productiva, dando entrada a la inversión
privada, que hoy asume parte del riesgo que antes solamente tomaba el
Estado Mexicano.
Sin embargo las
reformas han sido insuficientes para mejorar la productividad de
ambas empresas, y solventar la mejoría financiera de las mismas.
En parte, debe
decirse, por la tardanza relativa con la que se aprobaron: el país
necesitaba estas reformas muchas décadas antes.
Pero también
debemos reconocer que la administración de las empresas ha estado
empañada por hechos de corrupción en su administración y en
algunos procesos de licitaciones, así como por la histórica falta
de inversión y de competitividad en el sector.
En Coparmex creemos
que, como empresas productivas del Estado, la CFE y Pemex deben
seguir desempeñando un papel toral en el sector y que se necesita
una estrategia nacional de altas miras y largo aliento para fomentar
un sector energético pujante.
La administración
federal entrante ya ha hecho públicos algunos planes de inversión,
sin que se haya justificado con un análisis sectorial, de
costo-beneficio, estratégico o prospectivo.
Es por ello que
desde la COPARMEX, hacemos un llamado para atender esta materia con
profundidad analítica y el sustento técnico que las necesidades del
país demandan.
Los presupuestos
tanto de la CFE, como de Pemex sufrieron fuertes recortes. Tan sólo
en 2016 el monto de dichas disminuciones fueron de 2 mil 500 y 100
mil millones, respectivamente.
Esta disminución ha
representado un impacto negativo en la productividad de ambas
empresas. Durante el primer semestre de 2018, la CFE tuvo pérdidas
por más de 39 mil millones de pesos y Pemex de casi 50 mil millones.
En el caso de Pemex
es especialmente grave. El mencionado recorte de 100 mil millones de
pesos significó una reducción del 22% de su gasto programable.
Derivado de ello, la paraestatal ha dejado de invertir en proyectos
para el desarrollo y mantenimiento de campos y pozos petroleros, es
decir, en proyectos que podrían incrementar sus ganancias.
Adicionalmente, la
falta de recursos ha impedido el desarrollo de los complejos
necesarios para aprovechar las áreas de explotación reservadas en
la “Ronda Cero”, mismas que tenían el más alto potencial
productivo.
Por su parte, las
pérdidas que ha experimentado la CFE han impactado a la iniciativa
privada. Para compensar sus pérdidas, la CFE ha tenido que elevar
sus tarifas, provocando un aumento en el costo de operación de
varias empresas, incluso para los grandes empleadores del país.
Ante este panorama,
consideramos acertada la decisión de la nueva administración de
invertir 175 mil millones de pesos, para impulsar el sector
energético.
En particular,
creemos que la decisión más oportuna es la de invertir 75 mil
millones para la exploración y perforación de pozos petroleros, con
el fin de elevar su producción en Pemex a la suma de 2.6 millones de
barriles diarios.
Sin embargo,
queremos insistir en que estas inversiones deben ser canalizadas y
analizadas con detenimiento, buscando el aprovechamiento óptimo de
los escasos recursos disponibles.
Hasta antes de la
política de recortes presupuestarios, el sector energético había
experimentado inversiones históricas que no se tradujeron en el
aumento de su productividad. Si bien en 2014 Pemex realizó una
inversión de 27 mil millones de pesos en bienes de capitales
(CAPEX), la producción de barriles continuó disminuyendo.
Estos resultados
tienen que ver con muchos factores: el panorama internacional, la
evolución a energías limpias, administraciones fraudulentas, el
riesgo inherente a la industria y, claramente, errores de cálculo y
previsión de inversiones.
Por eso confiamos en
que la inversión privada puede ser una aliada importante en el
fortalecimiento de la industria y en la generación de cadenas de
valor regionales que impulsen el crecimiento económico nacional.
La participación de
inversionistas privados también contribuirá a un ejercicio más
estricto y una rendición de cuentas más apropiada.
Recientemente se han
publicado datos sobre grandes escándalos de corrupción en Pemex, y
el IMCO ha calificado a la CFE como primer lugar en el “Índice de
riesgos de corrupción”, debido a su falta de competencia,
transparencia y por la existencia de anomalías en los contratos.
Esto tiene que
cambiar y en Coparmex queremos contribuir a ello.
Estimados amigos:
El desarrollo
económico del país está íntimamente ligado al sector energético.
Si queremos
fortalecerlo, necesitamos que tanto Pemex, como la CFE se constituyan
en empresas verdaderamente competitivas y libres de corrupción, que
aprovechen las posibles alianzas con la iniciativa privada.
Celebramos que la
próxima administración se muestre comprometida con aumentar la
inversión energética para elevar la producción de ambas empresas,
pero nos preocupa que la inversión no corresponda a una estrategia
planeada con el objetivo de maximizar sus beneficios.
Nos preocupa también
la falta de propuesta respecto a formas limpias de energía y, sobre
todo, el clima de incertidumbre que se ha generado en torno a la
continuidad de la reforma energética aprobada en el año 2013.
Derivado de los
altos montos de inversión que el sector requiere, creemos que la
administración entrante, debe ser cautelosa con los anuncios que
pudieran deteriorar la necesaria confianza en el sector.
Solamente pensando a
largo plazo y teniendo una visión libre de dogmas económicos,
lograremos consolidar la política energética a la altura de la que
el país necesita.
Muchas gracias.
