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Nuevos
desplazamientos en Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa; informe de visita a
México de la relatoría especial de la ONU sobre los derechos humanos de
las personas desplazadas internas; publicación del informe final del
ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua;
presentamos nuestro análisis sobre la situación de desplazamiento
interno en México durante el 2022
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Contexto
El
4 de julio, durante la 53° sesión ordinaria del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Paula Gaviria, Relatora
Especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas
Internas, presentó el Informe de la visita a México
realizada el año pasado por su predecesora, Cecilia Jiménez-Damary. El
informe también fue presentado en México el 11 de julio, en el marco del
Encuentro Internacional de Movilidad Humana organizado por la Unidad de
Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la
Secretaría de Gobernación.
El
informe expone los hallazgos obtenidos a partir de observaciones y
diálogos realizados con personas en situación de desplazamiento interno,
organizaciones de la sociedad civil y autoridades federales y estatales
en Chiapas, Chihuahua, Guerrero y en la Ciudad de México. La relatoría
subraya la responsabilidad primaria que debe asumir el Estado en la atención integral al desplazamiento, al tiempo que señala la importancia de la participación de representantes de las personas desplazadas y de organizaciones de la sociedad civil en la construcción de soluciones duraderas.
A partir de los hallazgos, el informe también ofrece recomendaciones al Estado mexicano con el fin de asegurar una respuesta integral al desplazamiento interno.
Entre las recomendaciones, se incluye adoptar la Ley General sobre
desplazamiento interno y promover la creación de leyes estatales;
establecer registros estatales en complementariedad y coordinación con
los registros de víctimas con los que cuenta actualmente la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas; revisar las actuales políticas,
prácticas y estructuras policiales y de seguridad, con el fin de evaluar
su eficacia y su impacto en las comunidades y garantizar su conformidad
con las normas de derechos humanos; diseñar programas de reparación
integrales y adecuados para las personas que hayan sufrido daños
específicos o relacionados con su desplazamiento y establecer una clara
distribución de competencias entre las autoridades.
En respuesta al informe, Francisca Méndez, Embajadora de México ante la ONU, reconoció que el país aún enfrenta enormes desafíos para prevenir y atender el desplazamiento interno, y aseguró que el Estado mexicano se compromete
a dar atención y cabal seguimiento a las recomendaciones planteadas.
Desde la CMDPDH, estuvimos en la presentación del informe en Ginebra y aprovechamos para destacar
que, aunque coincidimos sobre la necesidad de crear instrumentos y
políticas específicas para atender el desplazamiento interno en México,
la ausencia de estos no puede representar una excusa para el no
cumplimiento de obligaciones constitucionales y en materia de derechos
humanos, ya que diversas de las necesidades de las personas desplazadas
internas están relacionadas con el acceso a derechos, servicios y
mecanismos a los que deberían poder acceder.
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En el mes de julio hubo tres eventos de desplazamiento interno causado por violencia en México, los cuales afectaron al menos a 232 personas en los estados de Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa.
Tras meses de amenazas e intimidación, el 14 de julio un comando incursionó en la comunidad de Agostitlán, en el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y amenazó con asesinar a todos los habitantes, incluidos niños. Un grupo de 20 habitantes,
12 adultos y 8 niños, huyó a la cabecera municipal, ubicada a 15
minutos. El alcalde de Ciudad Hidalgo confirmó el desplazamiento en una
conferencia de prensa. La razón principal de esta incursión habría sido
presionar a la población para que se retire una denuncia que habían
interpuesto.
La Federación de Cámaras de Comercio (FECANACO) denunció el desplazamiento de familias del ejido Santa Ana, en el municipio de Victoria, Tamaulipas. Aunque no se precisó la fecha de inicio o el número de personas desplazadas, el 23 de julio se reportó el retorno de familias al ejido, después de dialogar con autoridades. Las personas se resguardaron temporalmente en la cabecera municipal de Río Bravo y en Reynosa debido a los constantes hechos de violencia en su lugar de origen y a amenazas por parte de grupos delincuenciales.
El tercer desplazamiento afectó a las localidades de Corral Quemado y El Sauce de los Gámez, en el municipio de Mocorito,
y la Higuerita, Carrizalejo, El Saucito, San José de las Delicias,
Potrero de Bojórquez, Las Calabazas y El Pueblito, en el municipio de Sinaloa de Leyva,
Sinaloa. Debido a la violencia desatada por grupos antagónicos del
crimen organizado, y a las balaceras y bloqueos sucedidos el viernes 28
de julio, al menos 212 personas de 54 familias se vieron forzadas a huir y buscar albergue temporal en Guamúchil. Fueron alojadas provisionalmente
en un bachillerato, donde se les brindó asistencia humanitaria, y
posteriormente trasladadas a otras instalaciones. También se reportó que
algunas personas se refugiaron con familiares. Durante la huida, las
familias recibieron resguardo de la Policía, la Guardia Nacional y el
Ejército. El Secretario de Seguridad Pública del estado señaló la incineración de cinco automóviles y algunas versiones de los pobladores reportan viviendas quemadas y personas ahorcadas, aunque esto no fue confirmado por las autoridades.
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¿Qué más ocurrió en julio?
Durante el mes de julio, se presentaron informes y estudios importantes sobre la situación de desplazamiento interno en México.
Desde la CMDPDH presentamos los principales hallazgos
de nuestro análisis sobre los eventos de desplazamiento interno por
violencia que ocurrieron en México durante el 2022. En ese año,
documentamos 25 eventos de desplazamiento interno en el país, los cuales
afectaron al menos a 9,602 personas en 7 estados y 21 municipios.
Casi 90% de las personas desplazadas en 2022 residían en Chiapas,
Michoacán y Zacatecas. Los hallazgos también abordan las causas,
dinámicas, formas de violencia, impactos, entre otras características de
los desplazamientos.
Se presentó, en Chihuahua y en Ginebra, el Informe del ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua.
El documento es resultado de un estudio realizado por un Grupo de
Trabajo multisectorial conformado por organizaciones de la sociedad
civil, organismos internacionales, dependencias del gobierno estatal y
federal y personas del sector académico. El estudio contó con un
componente cualitativo y uno cuantitativo, incluyendo una encuesta
aplicada por el INEGI, grupos focales, entrevistas con informantes clave
y análisis documental.
Entre los principales hallazgos, destacamos: la identificación de diferencias en las condiciones de vida, acceso a derechos y percepción de seguridad
entre personas desplazadas internas y personas que no han tenido que
desplazarse; la afectación particular del desplazamiento a personas y comunidades indígenas,
que entre las personas desplazadas se encuentran en condiciones de
mayor vulnerabilidad; la situación particular de las personas
desplazadas internas que se encuentran en albergues fronterizos,
que presentan necesidades distintas a la población desplazada que no
vive en albergues, así como la existencia de una necesidad urgente de
medidas de ayuda humanitaria, que deben acompañarse de medidas a mediano y largo plazo orientadas al alcance de soluciones.
El Espacio de Organizaciones de la
Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas (Espacio OSC), en conjunto con Aluna Psicosocial,
publicó el documento “Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México”.
La publicación incluye medidas y recomendaciones al Estado para
transitar a una política pública integral que proteja la labor de
personas defensoras y periodistas en situación de desplazamiento interno
forzado, así como un apartado sobre los impactos psicosociales que
conlleva el desplazamiento.
Baja California
- En una manifestación en Tijuana, personas desplazadas de Guerrero y Michoacán exigieron al gobierno de Estados Unidos
vigilar los sistemas de solicitud de asilo, pues existen temores de que
los cárteles puedan utilizar la aplicación CBP One para acceder a su
información personal. El director del albergue Ágape A.C. expuso que con
la aplicación han proliferado a ambos lados de la frontera abogados falsos, que utilizan la información de las familias para extorsionarlas y amenazarlas.
Chiapas
- Mujeres desplazadas del Sector Santa Martha en Chenalhó realizaron una conferencia de prensa
en San Cristóbal de las Casas para exigir el cese al hostigamiento y
que se agilice la búsqueda de los cinco compañeros desaparecidos de su
comunidad. Señalan que desde junio han sido víctimas de amenazas y
difamación, lo que les está ocasionando daños psicosociales adicionales a
los provocados por el desplazamiento.
- El Consejo Municipal de Pantelhó llamó a la paz
entre los diferentes grupos armados que tienen presencia en la
demarcación y señaló que el primer día del mes ocurrieron dos
asesinatos. Hacia finales de julio, familias de víctimas de desaparición
forzada en Pantelhó realizaron una movilización
exigiendo la desarticulación y el desarme del grupo “El Machete” y
señalaron que han sido víctimas de desplazamiento forzado y amenazas por
parte de este grupo.
- Cientos de personas indígenas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales se movilizaron
en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa,
Ocosingo, Simojovel, Chilón, Salto del Agua y Teopisca para demandar el
cese a la violencia que ejercen grupos paramilitares y el crimen
organizado. Una semana después, en su conferencia matutina, el
presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación cuando se le preguntó al respecto. Respondió que están atendiendo la situación, pero sostuvo que se está exagerando lo que sucede en Chiapas.
Chihuahua
- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló
que los 39 habitantes desplazados en junio de Guadalupe y Calvo no han
podido regresar a sus hogares. Ante la imposibilidad de un retorno
seguro las personas, de la etnia Tepehuana, permanecen en la cabecera
municipal y a resguardo de la Fiscalía General del Estado y de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- Dos redes de organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento conjunto ante
la falta de protección para las personas indígenas que son atacadas e
intimidadas en la zona de Baborigame. Al atestiguar el aumento de las
agresiones por parte de grupos criminales en la región, las cuales han
generado desplazamientos forzados, exigieron a las autoridades de los
tres niveles de gobierno pacificar las zonas afectadas, brindar ayuda
humanitaria, asegurar protección y vivienda para las familias, detención
a los responsables, presencia de la CEAVE y reconocimiento de la
calidad de víctimas.
Michoacán
- La
Secretaría del Migrante afirmó que el 80% de las personas desplazadas en
junio en Apatzingán, que se habían refugiado temporalmente en una
iglesia, han retornado a sus comunidades. Se estima que esto corresponde a aproximadamente 640 personas.
- El 27 de julio se llevó a cabo el Taller “Perspectiva psicosocial en contextos de movilidad humana”,
cuyo objetivo era brindar herramientas para la atención psicológica
emergente a las personas que trabajan en campo. La capacitación estuvo
dirigida a psicólogos, trabajadores sociales y personal que atiende
temas de salud mental de distintas dependencias estatales, federales y
organismos autónomos, integrantes del Comité Interinstitucional para la
Atención al Desplazamiento Forzado de Michoacán.
Oaxaca
- Después
de dos años en situación de desplazamiento, familias de la comunidad de
Guerrero Grande, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, enviaron cartas
a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para solicitar su intervención, con el fin de generar
condiciones de seguridad para el retorno a su poblado. En las cartas,
relataron que viven en malas condiciones en el albergue municipal e
instaron a las dependencias a generar condiciones para el diálogo con
quienes actualmente habitan en la comunidad.
- El 31 de julio se cumplió el plazo de 60 días
que pidió el gobierno de Oaxaca para generar condiciones para el
retorno de las y los desplazados de Tierra Blanca Copala. Hasta ese
momento, las personas desplazadas no habían sido contactadas por la
autoridad competente para iniciar el proceso de retorno.
- Semanas antes, representantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) denunciaron un ataque armado
el 19 de julio que resultó en una persona menor de edad lesionada. De
acuerdo con un integrante del MULTI, este ataque obedece a una escalada
de violencia en la región para impedir el retorno de las personas
desplazadas a Tierra Blanca.
- A finales de julio, familiares de personas desplazadas de Tierra Blanca participaron en un foro
realizado por la Universidad de Washington y exigieron el retorno a su
comunidad. Respaldadas por el MULTI, las familias señalaron que
continuarán realizando acciones dentro y fuera de México para lograr el
retorno.
Sinaloa
- Tras el desplazamiento de este mes en Sinaloa de Leyva y Mocorito, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa se comprometió
a brindar atención a las 76 niñas y niños en edad escolar afectados por
el desplazamiento. Así mismo el Subsecretario de Seguridad Pública del
estado manifestó que cuando las personas decidan retornar a sus hogares serán escoltadas por las autoridades.
- Integrantes de la Coordinadora por el Derecho Humano a la Vivienda y Reserva Territorial propusieron una serie de acciones de protesta
de cara a la visita a Sinaloa del presidente Andrés Manuel López
Obrador. El objetivo era incentivar la construcción de viviendas y la
entrega de terrenos para personas desplazadas. No obstante, la movilización fue cancelada
debido a que llegaron a acuerdos con el gobierno estatal, que se
comprometió a comprar 20 hectáreas de tierra en cada uno de los
municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán.
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