domingo, 26 de junio de 2022

COMUNICADO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM)

    El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) informa que todos sus procesos de contratación, compra y adjudicación directa se realizan en estricto apego a la ley, así como bajo los esquemas dispuestos por el Órgano de Control correspondiente y la Secretaría de la Función Pública.


         Asimismo, precisa que la interpretación de algunos medios de comunicación al Índice de Riesgos de Corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) del mes de junio, presenta inexactitudes respecto al desempeño de este organismo durante los años 2020 y 2021.


         En dicho reporte, el propio IMCO reconoce que el nivel de gasto de GACM es bajo, con lo que su nivel de riesgo se encuentra en el mismo rango, incluso cuando refiere que las adquisiciones en su mayor parte se llevaron a cabo por adjudicación directa.

         Lo cierto es que, durante los años citados en el índice en cuestión, se menciona que se aplicaron los procedimientos invariablemente al amparo de lo que autorizan los artículos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

         El GACM señala además que los mecanismos utilizados para estas contrataciones se informan en las instancias correspondientes, en las que participa el Órgano Interno de Control, el cual está pendiente del apego normativo durante los procesos de compras y adjudicaciones.


         De igual manera, las adquisiciones y sus modalidades se reportan a la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema COMPRANET, de las cuales no se ha recibido hasta el momento observación alguna de ese Ente Fiscalizador, lo que corrobora que se llevan a cabo en apego a la Normativa aplicable y vigente.


         Finalmente, GACM deja en claro que en ninguna parte del citado Índice se desprende que durante 2021 las compras hayan estado “plagadas de irregularidades”, que se hayan otorgado “contratos a empresas fantasma o sancionadas” o que se haya incumplido con las “leyes de contrataciones” (sic).

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