| Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020
El proyecto de Ley General de Educación Superior que se
cabildea en la Secretaría de Educación Pública y en el Senado de
la República contiene señalamientos que atentan contra la
dignidad de los jóvenes estudiantes de instituciones
particulares de educación superior, porque se establece en los
acuerdos transitorios que sólo a un pequeño grupo se le respeten
privilegios, acuerdos presidenciales y secretariales que
permite la autonomía de las mismas.
En
cambio, señaló María Luisa Flores del Valle, presidenta
de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), las demás
sufren de sobre regulación, tiempos excesivos de respuesta, son
estigmatizadas como instituciones de mala calidad,
“cuando son precisamente estas instituciones, de muchos años de
trabajo, firmes, fuertes y responsables, las que han dado
la formación profesional a los jóvenes que no obtienen un
lugar en la educación superior pública. Recordemos que no somos
un país de ricos”.
La
dirigente nacional de ALPES destaca que el problema radica en el
rezago que cargan los jóvenes al entrar a estudiar en las
escuelas de tipo superior y lo fácil que es decir que la
institución es mala, porque no es altamente costosa.
Esto
es sumamente aventurado, añadió Flores del Valle, porque al
hacer esta división entre las escuelas, queda en el aire la
equidad e inclusión, cuando son los jóvenes quienes podrán
sacar a este país adelante y a quienes les están debiendo una
educación de mayor calidad en todo el sistema.
De
no romper paradigmas, cambiar lo que hasta ahora no se resuelve
para dar un piso parejo a todas, y apoyar a quienes trabajan
honestamente, “será difícil aplaudir una ley que no
garantiza el Estado de Derecho, teniendo en sus manos la
posibilidad y la oportunidad de hacerlo”, afirmó.
Al
mismo tiempo, la SEP determinará cómo se va a operar la ley,
cómo será la simplificación administrativa, cómo se
entregará el reconocimiento de validez de la gestión
institucional, cómo se conformará por las particulares el
Consejo Nacional para la Mejora de la Educación Superior, y
otros asuntos de interés, que hoy generan una gran
incertidumbre para el 98% de las instituciones particulares.
Flores
del Valle observó que, “si seguimos haciendo una ley nada más
para unos cuantos, para un grupo pequeño y privilegiando
a unas instituciones por sobre otras, no vamos a mejorar la
calidad de la educación, ni reivindicar ni dignificar a la
población estudiantil, pues hay que dignificar también a las
escuelas que están trabajando con esos jóvenes”.
Lo
que queremos es “una ley para los actores principales: los
universitarios, no para las escuelas, no para grupos, no
para forjar cotos de poder, sino para proteger al estudiantado y
prestar servicios de una forma digna y que de verdad sirva para
mejorar la calidad educativa del país”.
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