- La reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado plantea disposiciones que limitan derechos y ponen en riesgo la certeza jurídica.
- COPARMEX reconoce avances como sanciones a autoridades y la inclusión del interés legítimo colectivo, pero señala que siguen existiendo restricciones que afectan a ciudadanos y empresas.
La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República, representa un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconocemos los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias; sin embargo, advertimos que persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo.
El juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional. Gracias a él, negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad. Por ello, cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo.
Valoramos la apertura a escuchar voces sociales y empresariales, así como el reconocimiento a la figura del interés legítimo colectivo. No obstante, esta sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública. Por ejemplo, un ciudadano o un negocio que busque detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podría hacerlo si no demuestra ese interés inmediato.
En materia de suspensión del acto reclamado, observamos rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata. En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio. Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias.
Otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana.
Reconocemos que las autoridades ahora enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, pero advertimos que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo demasiado abierta. Bastará alegar falta de presupuesto o de recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos.
Aún más grave es que en la sesión plenaria se reincorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite. Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos.
En COPARMEX hacemos un llamado respetuoso y firme a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo. México necesita preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, capaz de proteger a los ciudadanos, garantizar el Estado de Derecho y sostener la confianza en nuestras instituciones. Solo así podremos asegurar la justicia, la inversión y el desarrollo económico de nuestro país.
