El organismo 
regional de las Naciones Unidas presenta un nuevo estudio en el marco de
 la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe,
 que se inaugura este martes en Ciudad de México.
(30 de septiembre, 2019)
Al
 menos ocho nudos críticos, entre ellos la persistencia de la pobreza, 
las desigualdades estructurales, el déficit de trabajo decente y de 
protección
 social, la insuficiente inversión social, las diversas formas de 
violencia y los desastres y el cambio climático, están impidiendo a la 
región alcanzar un desarrollo social inclusivo, plantea la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en
 un nuevo estudio.
El documento
Nudos críticos del desarrollo social
 inclusivo en América Latina y el Caribe: antecedentes para una agenda regional
será presentado oficialmente por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, durante la
Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
 que se celebra del 1 al 3 de octubre en Ciudad de México.
El
 evento, organizado por la CEPAL, el Gobierno de México y el Programa de
 las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), congregará a ministros, 
ministras y altas
 autoridades de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, quienes
 discutirán la aprobación de una propuesta de agenda regional de 
desarrollo social inclusivo.
Los
 ocho nudos críticos y desafíos emergentes del desarrollo social 
inclusivo identificados por la CEPAL son: 1) la persistencia de la 
pobreza y de la vulnerabilidad
 a la pobreza; 2) las desigualdades estructurales, injustas e 
ineficientes, y la cultura del privilegio; 3) las brechas en el 
desarrollo de capacidades humanas —educación, salud y nutrición— y de 
acceso a los servicios básicos;  4) los déficits de trabajo decente
 y las incertidumbres asociadas a los cambios tecnológicos en el mundo 
del trabajo; 5) un acceso aún parcial y desigual a la protección social;
 6) una institucionalidad social en construcción; 7) un nivel de 
inversión social insuficiente; y 8) nudos emergentes:
 diversas formas de violencia; creciente exposición a desastres y a los 
efectos del cambio climático; transiciones demográfica, epidemiológica y
 nutricional; migraciones; y cambios tecnológicos y nuevas capacidades 
requeridas.
“Avanzar
 en el compromiso de una agenda regional de desarrollo social inclusivo 
es indispensable en la actual coyuntura regional”, sostiene Alicia 
Bárcena. Una agenda
 de esta naturaleza debe atender de forma prioritaria los nudos que 
limitan el acceso de parte significativa de la población al goce 
efectivo de sus derechos y al bienestar, como vía para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región, remarca
 la alta funcionaria.
Según
 los últimos datos de la CEPAL, en 2017 el número de personas en 
situación de pobreza en América Latina llegó a 184 millones, equivalente
 al 30,2% de la población,
 de los cuales 62 millones (10,2% de la población) se encontraban en 
situación de pobreza extrema.
Al
 analizar la desigualdad en la distribución del ingreso en la región, se
 observa, entre 2002 y 2017, una reducción del índice de Gini (de 0,534 a
 0,466), aunque
 el ritmo de descenso se enlenteció a partir de 2014. Pese a este 
avance, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual 
del mundo, y las desigualdades asociadas al estrato socioeconómico se 
suman a las desigualdades de género, étnicas, raciales,
 territoriales y aquellas relacionadas con las diferentes etapas del 
ciclo de vida de las personas, conformando los “ejes estructurantes de 
la desigualdad social en la región”, dice la Comisión.
Respecto
 al déficit de trabajo decente, la CEPAL recuerda que, en 2016, el 41,7%
 de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales 
inferiores
 a los salarios mínimos nacionales, y este porcentaje era especialmente 
elevado entre las mujeres jóvenes (60,3%). En esa misma línea, en 2017 
la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja 
productividad (30,4%) triplicó la de los ocupados
 en empleos de alta productividad (11,3%).
El
 adecuado financiamiento de las políticas sociales es un factor clave 
para el logro del desarrollo social inclusivo, indica el estudio. Aunque
 el monto de gasto
 social per cápita promedio del gobierno central prácticamente se 
duplicó entre 2002 y 2016, llegando a una media de 894 dólares por 
persona, las diferencias entre subregiones y países son muy grandes. 
Mientras en América del Sur alcanzó los 1.175 dólares per
 cápita promedio, en los países de Centroamérica, México y la República 
Dominicana llegó solo a los 579 dólares. A modo de comparación, el 
promedio de gasto social de los países de la Unión Europea en 2016 
alcanzó el 28,1% del PIB, mientras que en América Latina
 esta cifra fue del 11,2% del PIB.
Entre
 los nudos emergentes identificados por la CEPAL se destacan las 
diversas formas de violencia. “América Latina y el Caribe es la región 
más violenta del mundo,
 algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y 
social”, dice el documento. La tasa de homicidios de la región es cinco 
veces mayor que el promedio mundial (22,1 homicidios y 4,4 homicidios 
por cada 100.000 personas, respectivamente). Pero
 las elevadas tasas de violencia no solo corresponden a homicidios, sino
 también a otras expresiones de violencia, como asaltos e incidentes de 
violencia sexual y de género, los cuales se asocian, asimismo, a otros 
fenómenos como el racismo y la homofobia.
Por
 otra parte, los desastres naturales y los desastres “tecnológicos” 
(principalmente de origen industrial y de transporte) han aumentado en 
los últimos 60 años
 de manera constante. Mientras los naturales han aumentado 4,4 veces en 
las últimas décadas, los tecnológicos se han incrementado 16,1 veces, 
informa la CEPAL. Esto hace que sea cada vez más indispensable diseñar 
estrategias tanto para reducir la exposición
 de la población a estos eventos como para
 enfrentarlos, fortaleciendo sistemas de protección social capaces de 
reducir la vulnerabilidad de las personas por
 medio de la garantía de niveles básicos de ingreso y del acceso a 
servicios sociales de salud, educación y vivienda, entre otros.
En muchos casos, “los desastres son causa y consecuencia de la pobreza y la vulnerabilidad”, concluye el organismo.
 
 
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