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Inspeccionado no presentó la autorización de Impacto Ambiental para la
instalación y funcionamiento de los establecimientos comerciales.
+ Sanciona siete establecimientos dedicados a
prestar servicios turístico-recreativos con multa de $101,911.50 pesos.
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Interpone cinco querellas ante la PGR por incumplimiento de medidas ordenadas
por la PROFEPA.
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La zona donde operan es considerada de alto riesgo sobre todo en temporada de
huracanes por la corriente del arroyo Salto Seco.
La
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) multó con $101,911.50
pesos a siete establecimientos comerciales
ubicados en la zona donde desemboca el arroyo Salto Seco al mar, en Cabo
San Lucas, Baja California Sur, por no contar con autorización en materia de
Impacto Ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
Lo
anterior, derivado de una inspección realizada a siete establecimientos
dedicados a la renta de camastros, sombrillas de playa, sillas, mesas, motos
acuáticas y venta de actividades como
paracaidismo, snorkel, recorridos en embarcación al Arco de Cabo San
Lucas, entre otras.
Durante
la diligencia, se constató el funcionamiento de estos establecimientos en Zona
Federal Marítimo Terrestre y ecosistema costero, inmersos dentro del Área de
Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, para lo cual se requiere contar con
autorización en materia de Impacto Ambiental emitida por la SEMARNAT.
Por
esta razón, los inspectores de esta Procuraduría solicitaron dicha
autorización, a lo que el visitado manifestó no contar con ella, por lo que se
inició el procedimiento administrativo correspondiente, que fue resuelto con la
imposición de una sanción económica y medidas correctivas como el retiro de las
instalaciones y la reparación del daño ambiental ocasionado.
Cabe
señalar que durante la visita de verificación, se constató el incumplimiento de
la medida ordenada consistente en el retiro de las instalaciones, por cinco de
los siete establecimientos, al continuar realizando sus actividades.
Ante
el incumplimiento, se procedió a interponer querella ante la Procuraduría
General de la República, con el fin de que se investiguen los hechos
denunciados y se lleven a cabo el proceso penal a que haya lugar.
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