La inseguridad y la
impunidad son dos de los flagelos que las autoridades deben atender
de manera urgente.
No sólo tienen
implicaciones directas en la calidad de vida de los ciudadanos, sino
que al evidenciar las graves deficiencias institucionales, inhiben la
inversión productiva y el desarrollo.
El combate a la
inseguridad y a la impunidad, involucra leyes adecuadas,
instituciones fortalecidas y funcionarios competentes en todos los
aspectos del fenómeno criminal: prevención, investigación,
procuración, enjuiciamiento, encarcelamiento, rehabilitación y
reinserción social.
La adopción del
nuevo sistema de justicia penal adversarial y el fortalecimiento de
la tutela de los derechos humanos, son pasos en la dirección
correcta que dio México en los últimos años.
Sin embargo, la
experiencia ha demostrado con contundencia, que el incremento
desmesurado de conductas delictivas de gran impacto, hace necesario
encontrar un balance entre valores jurídicos como la presunción de
inocencia y el debido proceso, con las aspiraciones sociales como la
paz y la seguridad.
En fechas recientes
una de las propuestas legislativas que logró consenso político y
social para atender la problemática de la impunidad, fue aumentar la
lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El planteamiento
consiste en ampliar la lista de delitos que hoy se consideran graves,
y por tanto, meritorios de prisión para el imputado, en tanto se
desarrolla el proceso judicial.
Hoy en día, muchas
conductas de alta lesividad social, permiten que el inculpado de las
mismas, disfrute de libertad en tanto se tramitan los procesos
judiciales que se les instruyen en relación con las mismas.
Celebramos que
legisladores federales de distintas formaciones políticas, tanto en
la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, estén
logrando consensos para impulsar una iniciativa tendiente a que los
delitos relacionados con el uso ilegítimo de programas sociales con
fines electorales, la corrupción en diversas modalidades, y el robo
de hidrocarburos, por ejemplo, sean catalogados como graves.
Sin embargo, nos
parece inadmisible y preocupante, que algunos delitos que se habían
considerado para ampliar la lista, quedaron fuera de este catálogo
de los ilícitos cuyo enjuiciamiento implicará la prisión
preventiva.
En la reforma
legislativa que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Unión,
delitos como la portación de armas de uso restringido y el robo a
transporte de carga, han sido eliminados del catálogo de delitos
graves que darán pie a la prisión preventiva del imputado en tanto
se le somete a juicio.
En México en 2017,
según datos de la Procuraduría General de la República, esa
institución abrió 96,035 carpetas por delitos del orden federal, de
esos, uno de cada siete fue por posesión de armas de uso exclusivo
de las Fuerzas Armadas.
Otra fuente oficial,
en el INEGI, documentó que en el mismo 2017, de 23,702 causas
penales ingresadas a juzgados de distrito, el 50.2% estuvieron
relacionadas con armas y explosivos. Informaron además, que 2017 fue
–hasta entonces- el año más violento para México, registrando
31,174 homicidios, de los cuales el 68.4 por ciento, es decir 21,318,
fueron con arma de fuego.
Aun cuando la
estadística 2018 está en proceso, el panorama no es alentador.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública reportó a octubre del año anterior, poco más de
24 mil homicidios dolosos. Se estima que la cantidad de los que
fueron realizados con armas de fuego, no variará respecto a lo
documentado un año atrás.
Por otra parte, el
robo al transporte de carga, se ha incrementado en forma exponencial
en los últimos años.
Se estima, de
acuerdo a la estadística de la CANACAR, que entre 2013 y 2017, el
robo a transporte de carga incrementó en un 480%.
Tan solo en 2017 se
registraron un total de 10,230 robos a los transportes de carga, lo
cual representó una pérdida para las empresas, de 92,500 millones
de pesos.
Lo más lamentable,
es que las personas que cometen de forma organizada y sistemática
este tipo de aversiones al orden social, ordinariamente eluden hoy la
acción de la justicia.
Por ello, es
impostergable que en el proceso legislativo, esos delitos se incluyan
en el catálogo de los que serán merecedores de prisión preventiva,
evitando así que se mantenga el fenómeno de puerta giratoria, que
resulta ya una burla para la justicia y un claro fomento a la
impunidad.
Combatir la
impunidad en forma efectiva, requiere de una política integral de la
procuración de justicia, que respetando los derechos humanos y
basada en evidencia probatoria, asegure que los enjuiciamientos a los
verdaderos delincuentes tenga como corolario, una sentencia
condenatoria al violados de la ley.
De allí la
importancia de la iniciativa que COPARMEX y The World Justice Proyect
presentaron en días pasados al Congreso de la Unión, para que se
expida una Ley Nacional de Actos de Investigación.
Un informe realizado
por la Procuraduría General de la República en 2017, encontró que
de las 63 mil carpetas de investigación iniciadas de 2014 a 2016, el
65% permanecían pendientes de determinación.
Mientras tanto, las
carpetas que fueron efectivamente llevadas a juicio sólo representan
el 0.1% de todas las investigaciones abiertas en esos dos años.
Si se faculta a los
policías para investigar los delitos, pero de forma complementaria
se reglamenta su acción en la Ley Nacional de Actos de
Investigación, podemos tener una expectativa razonable de que quien
infringe la ley, sean enjuiciados de forma eficaz, evitando que el
fenómeno de impunidad se siga empeorando.
En Coparmex creemos
que la ampliación del catálogo de delitos en los que el Ministerio
Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa, es una señal
esperanzadora de que el combate a la impunidad será una asignatura
prioritaria para el Gobierno Federal.
Hacemos un llamado a
la Cámara de Diputados y al Senado de la República, para que la
reforma legal que se apruebe, considere como delitos graves el robo a
transporte de carga y la portación de armas de fuego.
Debemos evitar que
el fenómeno de puerta giratoria se siga incrementando, y con ello,
los ciudadanos y las empresas sigan siendo víctimas de la
inseguridad.
Nunca debe de
olvidarse, que brindar a los gobernados seguridad, orden y paz, es la
función originaria, primordial e irremediable del Estado.
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