Lo que Andrés Manuel López Obrador ha expresado en los últimos días –en torno al inicio de un proceso de reconciliación en el país como prioridad– debe traducirse en la construcción de una agenda para la paz con la participación de las víctimas de nuestra grave crisis de derechos humanos y quienes les acompañan, así como de académicos, especialistas y quienes formarán parte del nuevo gobierno y el próximo Congreso.
Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, hemos insistido en que para lograr la paz –entre otras cosas– debe haber un cambio profundo en el actual modelo de seguridad, por lo que nos congratulamos que desde este momento, Alfonso Durazo, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública, plantee capacitar a las policías, mejorar sus condiciones socioeconómicas y elaborar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, como lo han recomendado organismos nacionales e internacionales. También, saludamos la propuesta de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, para despenalizar la siembra, trasiego y uso lúdico de cannabis.
Sin embargo, también vemos con preocupación la existencia de obstáculos que pueden comprometer la construcción de paz. Uno de ellos es la promesa de campaña para crear una Guardia Nacional, que pudiera ir en contra de la desmilitarización de la seguridad pública; así como la vigencia de la Ley de Seguridad Interior.
Tanto en la transición, como al inicio de la siguiente legislatura, es posible superar esos obstáculos de la mano de la sociedad civil, para comenzar el proceso de reconciliación y paz a partir del 1º de diciembre.
Consideramos que con la mayoría legislativa que alcanzará la coalición más votada el pasado 1º de julio, aunada al diálogo con otras fuerzas políticas, no existe motivo alguno para posponer la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, vigente desde el pasado 18 de diciembre y aprobada en un proceso legislativo que ignoró las recomendaciones nacionales e internacionales para no hacerlo.
Independientemente de las eventuales resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su constitucionalidad, esa ley no contribuye a la paz y su simple existencia amenaza e inhibe el ejercicio de derechos humanos, tal y como lo han señalado las recientes sentencias de amparo del Poder Judicial de la Federación, por lo que su vigencia seguiría vulnerando innecesariamente el orden democrático.
Quienes integramos #SeguridadSinGuerra estamos en plena disposición de colaborar con quienes formarán el nuevo gobierno, y con las legisladoras y legisladores electos, para superar estos obstáculos antes del 1º de diciembre y comenzar el proceso más importante para acabar con el horror de más de 11 años de guerra.
