El mandato democrático nunca había sido tan claro en contra de la corrupción y la
impunidad, a favor de la justicia y por la inmediata construcción de paz.
Lo que Andrés Manuel López Obrador ha expresado en los últimos días –en torno
al inicio de un proceso de reconciliación en el país como prioridad– debe traducirse
en la construcción de una agenda para la paz con la participación de las víctimas
de nuestra grave crisis de derechos humanos y quienes les acompañan, así como
de académicos, especialistas y quienes formarán parte del nuevo gobierno y el
próximo Congreso.
Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones y
personas, hemos insistido en que para lograr la paz –entre otras cosas– debe haber
un cambio profundo en el actual modelo de seguridad, por lo que nos
congratulamos que desde este momento, Alfonso Durazo, quien ocuparía la
Secretaría de Seguridad Pública, plantee capacitar a las policías, mejorar sus
condiciones socioeconómicas y elaborar un plan de retiro gradual de las fuerzas
armadas de las labores de seguridad pública, como lo han recomendado
organismos nacionales e internacionales. También, saludamos la propuesta de la
Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, para despenalizar la siembra, trasiego y
uso lúdico de cannabis.
Sin embargo, también vemos con preocupación la existencia de obstáculos que
pueden comprometer la construcción de paz. Uno de ellos es la promesa de
campaña para crear una Guardia Nacional, que pudiera ir en contra de la
desmilitarización de la seguridad pública; así como la vigencia de la Ley de
Seguridad Interior.
Tanto en la transición, como al inicio de la siguiente legislatura, es posible superar
esos obstáculos de la mano de la sociedad civil, para comenzar el proceso de
reconciliación y paz a partir del 1o de diciembre.
Consideramos que con la mayoría legislativa que alcanzará la coalición más votada
el pasado 1o de julio, aunada al diálogo con otras fuerzas políticas, no existe
motivo alguno para posponer la abrogación de la Ley de Seguridad Interior,
vigente desde el pasado 18 de diciembre y aprobada en un proceso legislativo que
ignoró las recomendaciones nacionales e internacionales para no hacerlo.Independientemente de las eventuales resoluciones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre su constitucionalidad, esa ley no contribuye a la paz y
su simple existencia amenaza e inhibe el ejercicio de derechos humanos, tal y
como lo han señalado las recientes sentencias de amparo del Poder Judicial de la
Federación, por lo que su vigencia seguiría vulnerando innecesariamente el orden
democrático.
Quienes integramos #SeguridadSinGuerra estamos en plena disposición de colaborar
con quienes formarán el nuevo gobierno, y con las legisladoras y legisladores
electos, para superar estos obstáculos antes del 1o de diciembre y comenzar el
proceso más importante para acabar con el horror de más de 11 años de guerra.
