miércoles, 8 de marzo de 2023

Citibanamex. Nota Especial La mujer en la política

Nydia Iglesias

Hace más de un siglo que las mujeres comenzaron a activarse colectivamente para defender
sus derechos a votar y ser votadas; hoy ese logro está garantizado en casi todo el mundo.
Pero el siguiente reto, el de llegar efectivamente a los cargos de elección popular que
operan los aparatos políticos, aún muestra rezagos importantes.
• La mayor parte de los países del mundo ha legislado esquemas de cuotas electorales de
genero y paridad para acelerar la incorporación de la mujer a los espacios de toma de
decisiones colectivas, especialmente los parlamentos. Esos mecanismos han derivado en
aumentos significativos de la presencia de mujeres legisladoras en países donde persisten
barreras estructurales para el desarrollo de la mujer sobre bases de igualdad con el hombre.
Pero su alcance tiene límites.
• México atraviesa por un período de sensible ampliación en la participación de la mujer en la
política. Esto constituye una gran oportunidad para transformar la participación numérica en
un cambio sustantivo a partir del cual haya más mujeres autónomas y comprometidas con la
solución de las causas de atraso, marginación y violencia que sufre su género, pero también
con la aspiración general de progreso de hombres y mujeres.
Introducción
Pese a ser mayoría numérica en el mundo, las mujeres y las niñas son con frecuencia parte de las poblaciones más desprotegidas,
violentadas y marginadas en gran parte del mundo. Para cambiar esa realidad y acelerar el progreso general de las sociedades es
esencial garantizar la participación de la mujer en la política y el servicio público porque, en principio, las mujeres tendrían mayor
sensibilidad por las causas de mujeres y dedicarían mayor ahínco a solucionarlas. Múltiples estudios académicos, de organismos
internacionales y de la sociedad civil han logrado establecer y siguen abonando evidencia de que la participación de la mujer en
cargos de liderazgo contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y que ellas tienden a otorgar mayor énfasis
que los hombres a ciertos temas de desarrollo que cruzan sus agendas de género (como los asociados a nutrición, salud y
educación, por ejemplo). Es indudable que el empoderamiento y la participación de las mujeres en la economía aumenta la
productividad y el crecimiento en cualquier sociedad pero, adicionalmente, estudios conducidos por ONU Mujeres establecen que en
el ámbito político las mujeres han mostrado tener habilidades similares a las de los hombres como negociadoras -incluso en
contextos de polarización y conflicto armado- y como líderes de agendas de igualdad. Pese a ello, los datos muestran que las
mujeres se mantienen subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones colectivas, prácticamente en todo el mundo.
A lo largo del último siglo, la lucha de las mujeres por reducir las brechas de participación en la dimensión política del quehacer
social ha logrado avances, el más contundente sin duda es el sufragio, pero las siguientes etapas de esa lucha presentan grados
muy dispares de avance porque sobreviven barreras estructurales que articulan entornos adversos para el desarrollo y
empoderamiento de la mujer. Su acceso a la educación, especialmente la superior, sigue siendo más precario; aunque ya participan
formalmente de los mercados laborales, la brecha salarial entre géneros es casi universal y sigue siendo común el uso de criterios
de discriminación contra ellas debido a las limitantes que les impone la maternidad, adicionalmente, el llamado techo de cristal es
una realidad generalizada; las mujeres también tienden a ser más vulnerables al acoso, la intimidación y la violencia física, lo cual
desalienta su desarrollo y les dificulta el establecimiento de relaciones sobre bases de igualdad.
Pese a los desafíos, abundan las historias de mujeres que han logrado rebasar la división tradicional de tareas y destacar en actividades y
responsabilidades que antes se concebían como exclusivas de los hombres: ciertos deportes, cargos directivos en la iniciativa privada,
posiciones principales en la creación y la conducción de las artes, la ciencia y también la política. En México, pese a que sigue habiendo
tradiciones, convenciones idiosincráticas y sesgos institucionales que dificultan el avance de la mujer hacia la autodeterminación, la demanda
social por resolver causas de la mujer ha ganado legitimidad y la aspiración de equidad se ha generalizado en las agendas públicas.
Íntimamente relacionado con esto, la participación de las mujeres en la arena política se ha incrementado sensiblemente y abonado el
entorno para que las demandas de esa agenda sean escuchadas con mayor sensibilidad y promovidas en la toma de decisiones públicas.
Política y mujeres
A lo largo de la historia, la mujer ha tenido siempre algún tipo de poder si éste se entiende como la capacidad de tomar decisiones que
impactan no sólo la vida propia sino la de una colectividad. Sin embargo, por mucho tiempo, a la mujer sólo le fue permitido ejercer ese tipo
de poder en el ámbito privado y familiar, en los que se consideraba que ellas pertenecían de forma “natural”. Ha tomado mucho tiempo y
activismo rebasar esa visión “naturalista” y reconocerles el derecho explícito y legítimo a ejercer poder político de manera pública, más allá de
sus círculos familiares (García y Frutos, 1999).
La piedra de toque del poder político es el derecho de elegir a quien(es) toma(n) decisiones por los demás, es decir a los representantes, y el
derecho a ser elegido/a como representante, o sea el derecho a votar y ser votado/a. Sólo a partir de la concepción occidental moderna del
individuo como un ser crítico, racional, con voluntad propia y derechos iguales frente a la ley, comenzó a concebirse la posibilidad de que la
mujer participara de la política. Ese sistema de ideas que cimentó la noción del Estado que relevó a los reyes como representantes por
derecho divino, también colocó los principios de libertad e igualdad como premisas de la interacción social. En los Estados, los
representantes surgen de una sociedad de iguales y ejercen esa función de manera rotativa, elegidos públicamente por sus representados.
Ahora bien, la concepción de igualdad evolucionó sólo gradualmente. Al principio se postuló que los iguales de entre los que debieran surgir
representantes serían únicamente los hombres propietarios de tierra; posteriormente, las ideas más abstractas de la propiedad privada, la
libertad, la igualdad del individuo ante la ley y el derecho a la autodeterminación consiguieron ampliar la noción de ciudadanía hasta el punto
en que, eventualmente, las mujeres comenzaron a demandar su derecho a votar y ser votadas ellas también.
Pese a que las revoluciones seminales del sufragio universal y la democracia liberal, es decir la francesa y la estadounidense, ocurrieron
hacia finales del siglo XVIII, la ampliación del voto a las mujeres se produjo mucho después y muy lentamente. Las pioneras en ese reclamo
fueron algunas sajonas y las escandinavas, en países como Nueva Zelanda (1893), Australia (1901), Finlandia (1906), Noruega (1913) y
Dinamarca (1915). Luego, las profundas transformaciones sociales que la Primera Guerra Mundial impuso ya entrado el siglo XX explican en
buena medida la gestación de movimientos sufragistas, sobre todo en Europa: en Gran Bretaña (1918), Alemania (1918), Países Bajos
(1918), Polonia (1918), Rusia (1918), Austria (1918), Bélgica (1919). Estados Unidos reformó su constitución en 1920 para autorizar el voto
de la mujer, pero no el de todas, por mucho tiempo se impusieron condicionantes de raza, estatus marital, nivel educativo y edad. Estas
restricciones fueron después comunes en muchos países. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Organización de
Naciones Unidas, esa agenda recibió un impulso internacional estructural, que dio lugar al avance más significativo del sufragio femenino, las
francesas y las italianas obtuvieron el derecho en 1945. 80% de los países africanos concedieron sufragio universal a sus poblaciones como
consecuencia de la masiva descolonización de la posguerra, y algo semejante sucedió en buena parte de Asia y Latinoamérica. En México, la
constitución reconoció el derecho de las mujeres al voto en 1953.
Hoy, la mujer tiene ese derecho formal en 194 países del mundo y, de acuerdo con un estudio sobre patrones de voto realizado por el
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), las mujeres son tan o más participativas que los hombres en la política
electoral. Mientras que el promedio mundial de participación electoral ha tendido a declinar desde 1945 (al pasar de 78% a 66% en 2016), en
21 de los 58 países considerados por el estudio de IDEA, a lo largo de ese período las mujeres han desarrollado tasas más altas de
participación electoral que los hombres (Solijonov, 2016)). México es un caso destacado, aquí la tasa de participación de las mujeres en
comicios federales al menos en lo que va de este siglo ha sido consistentemente más alta que la de los hombres, en promedio por 7.8 puntos
porcentuales según un estudio realizado por la Comisión de Organización Electoral del INE sobre el tema. En la elección federal legislativa
del 2021, del 62.3% del electorado nacional que acudió a votar, participaron 66.2% de las mujeres y 58.1% de los hombres. En todo caso, es
claro que la mujer ha conquistado el derecho a votar y ser votada en la mayor parte del planeta, y que ha dado muestras de su interés en
ejercer ese derecho con la misma intensidad, y hasta más, que los hombres. El siguiente plano de activación política es el de la tasa de
llegada de las mujeres a los cargos de elección popular que operan los aparatos políticos en la mayor parte del mundo.
La mujer en posiciones ejecutivas de gobierno
Con frecuencia se considera que la posición más alta de la política nacional está dividida en dos funciones, la jefatura del Estado y la del
gobierno. En la actualidad, quienes son sólo jefes de Estado cumplen una función simbólica y diplomática, de orden ceremonial más que
político. En contraste, los jefes de gobierno son los responsables de “definir las políticas del Estado; aplicar y reglamentar las leyes; ejercer
las funciones coercitivas del poder; organizar y dirigir la administración pública, y prevenir, atenuar o solucionar conflictos de relación entre
las fuerzas políticas” (Valadés, 2018). En los sistemas políticos tradicionales del pasado, una sola persona (los reyes, príncipes, emires,
sultanes) cumplía ambas funciones y la más importante era la simbólica, para la otra se hacían ayudar de sus consejos de gobierno.
Actualmente, quedan sólo unos cuantos Estados con figuras tradicionales que representan por separado la jefatura de Estado, pero la mayor
parte de los países están encabezados por una sola persona que conjuga ambas funciones. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, en
septiembre del 2022 sólo en 28 países había 30 mujeres en posiciones de Jefa de Estado o de Gobierno. En 13 de esos países había una
mujer Jefa de Estado y, en 15, una Jefa de Gobierno.
Mujeres gobernadoras en México
México no ha tenido aún una presidenta, pero las encuestas de intención de voto para relevar la presidencia en 2024 sugieren que hay al
menos cinco precandidatas con posibilidades reales de competir: Claudia Sheinbaum (Morena), Claudia Ruiz Massieu (PRI), Lilly Tellez,
Margarita Zavala y Maria Eugenia Campos (PAN). En todo caso, la aspiración de las mujeres por convertirse en mandatarias se advierte en
el número de candidaturas femeninas a cargos de gobernador (ver grafica 1), que contrasta con su baja tasa de éxito electoral. Como puede
observarse, a lo largo de los últimos 50 años, la participación de las mujeres en esos cargos había sido casi nula, pero a partir del 2012 el
dato muestra un salto significativo y, hoy en día, alcanza casi un tercio del total, con 9 de las 32 gubernaturas encabezadas por mujeres (ver
gráfica 2).

Mujeres en gabinetes
También de acuerdo con el dato más reciente de ONU Mujeres, 21% de todas las posiciones ministeriales en el mundo están encabezadas
por mujeres y sólo 14 países han logrado o rebasado la marca de 50% de mujeres en carteras de gabinete. Llama la atención que la
participación de mujeres en gabinetes tiende a concentrarse en alguna de las siguientes cinco áreas: 1) familia/infancia/juventud/tercera
edad/población con necesidades especiales; 2) desarrollo social; 3) medio ambiente/recursos naturales/energía; 4) empleo/entrenamiento
vocacional y 5) asuntos de la mujer/igualdad de género.
En México, el gobierno actual registra el número más alto de la historia de mujeres en el gabinete federal. Al instalar su gobierno en 2018, el
presidente López Obrador nombró a ocho mujeres y once hombres en las 19 secretarías del gabinete compacto. Ellas ocuparon las carteras
de Gobernación, Trabajo, Bienestar, Economía, Energía, Medio Ambiente, Función Pública y Cultura. Los relevos operados en los cuatro
años y medio que han transcurrido del sexenio han modificado ligeramente la configuración del gabinete, pero sigue habiendo ocho mujeres
al frente de secretarías de Estado.
En la Oficina de la Presidencia, constituida por seis puestos, cinco están encabezados por hombres, sólo la Consejería Jurídica está
conducida por una mujer. En cuanto a las 18 oficinas que conforman el denominado gabinete ampliado, seis están dirigidas por mujeres
(Conacyt, Conade, Capufe, Profepa, Inmujeres y el SNDIF), las otras doce tienen un hombre al frente (SAT, IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE,
Infonavit, Insabi, Conagua, Fonatur, INM, Profeco e INPI).
De acuerdo con un análisis publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en marzo 2022, 63% de las subsecretarías y
cargos de oficialía mayor estaban ocupados por hombres y 37% por mujeres. Pese a que todos los datos referidos constituyen el balance
históricamente más favorable para la mujer en la integración de los altos mandos de la burocracia federal, en su estudio el IMCO concluye
que “la presencia de mujeres al interior de las secretarías de Estado disminuye conforme se eleva el puesto y el nivel de ingresos” (IMCO,
2022).
Mujeres en el poder hoy en México
Además de los cargos directamente derivados de la estructura del gobierno federal, en el sistema político mexicano existen varias otras
trincheras de relevancia política sustantiva, donde la representación de la mujer ha aumentado de manera importante en los últimos años.
Destacamos las posiciones que las mujeres han conquistado en la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral y el Banco de
México (ver gráficas 3 y 4). En el caso del banco central, por primera vez en la historia del país encabeza a la Junta de Gobierno una mujer
desde el 2022, pero no sólo eso, también constituyen mayoría de tres sobre cinco en la integración general.

La mujer en el ámbito parlamentario
La organización internacional denominada Unión Inter-Parlamentaria (UIP) recaba desde 1997 y mensualmente actualiza datos sobre la
integración de los parlamentos del mundo. De acuerdo con el último corte de éstos, las mujeres ocupan 26% de todos los asientos
legislativos del mundo. Si bien sólo hay cinco países que han alcanzado o rebasado la marca de 50% de mujeres parlamentarias: Ruanda
(61%), Cuba (53%), Nicaragua (51%), México (50%) y los Emiratos Árabes Unidos (50%), la UIP refiere que este dato ha tenido una tasa
notable de crecimiento en los últimos 25 años, dado que en 1997 esa cifra era 11%.
Ligeramente por debajo de la marca de 50% hay 27 países con más de 40% de sus curules ocupadas por mujeres, entre ellos hay 15
europeos, cinco latinoamericanos o caribeños, cinco africanos, uno en Asia y uno en el Pacífico. En el mundo hay 137 países que han
legislado cuotas de paridad para garantizar la participación de mujeres en los órganos parlamentarios. No se trata únicamente de las
acciones afirmativas que típicamente se instalan como medidas temporales para facilitar un avance más rápido de la participación política de
las mujeres en contextos donde se advierten barreras estructurales. La paridad normalmente se postula como un objetivo ordenador
permanente. En el caso de los 32 países con más de 40% de mujeres legisladoras, ONU Mujeres calcula que más de un tercio de ellos tiene
de las cuotas de paridad de género más detalladamente reglamentadas, y que la significativa incorporación de mujeres a los congresos de
esos países obedece a que esas cuotas se hacen cumplir.
Cuotas electorales de género y paridad: alcances y límites
Aunque debe reconocerse que ya desde principios de este siglo México presentaba un promedio de mujeres legisladoras más alto que el
promedio mundial y también que el de Latinoamérica (ver gráfica 5), también es claramente cierto que las cuotas de paridad explican el
destacado avance de ese indicador en los últimos poco más de siete años.

La aspiración de promover el avance de la mujer en este ámbito se puede observar en México desde 1996 cuando, por primera, vez se
legisló que los estatutos de los partidos deberían establecer que las candidaturas a cargos legislativos no excederían del 70% para un mismo
género. Luego, en 2008 esa base de 30% aumentó a 40% y, en 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisó los
múltiples recursos empleados por los partidos para incumplir la cuota de género en las candidaturas (era común, por ejemplo, que las
registraran como suplentes en las fórmulas, o que las nominaran en distritos o posiciones en las listas donde el partido no era competitivo;
luego llegó la estrategia de presentar candidatas, dejarlas que ganaran y posteriormente obligarlas a retirarse y cederle el puesto a un
hombre) y señaló criterios para sujetar a los partidos a un cumplimiento sustantivo. Finalmente, en 2014 se autorizó una reforma
constitucional que mandató la paridad de género en la competencia electoral para integrar el congreso de la unión y los estatales. El impacto
de esa reforma se advierte a partir de la elección legislativa intermedia del 2015, cuando la participación de mujeres en la Cámara de
Diputados pasa de 36.8 a 42.4%, luego en 2018 llega a 48.2% y en 2021 finalmente alcanza el objetivo paritario de 50%. Con este dato,
México se coloca actualmente en la cuarta posición del ranking de la UIP, por arriba del país se ubican en primer lugar Ruanda (donde 61.3%
de sus legisladores son mujeres), en segundo lugar Cuba (53.4%) y en tercero Nicaragua (51.7). El cuarto lugar lo comparte México con
Nueva Zelandia (50.4%) y Emiratos Árabes Unidos (50%).
El perfil del listado anterior obliga a reflexionar sobre qué explica y en qué se traduce la numerosa presencia de mujeres legisladoras en esos
países. En una columna reciente de El País, el periodista Rodrigo Santodomingo revisa el caso particular de Ruanda, que se ha mantenido al
frente del ranking de la UIP durante los últimos 20 años. Parte de la explicación tiene que ver con que el genocidio de 1994 diezmó la
población masculina y muchos de los sobrevivientes enfrentaron la cárcel o el exilio, por lo que fueron sobre todo mujeres quienes tuvieron
que poblar la reconstrucción. Santodomingo reconoce que al erigir un nuevo Estado con muchas mujeres al frente también se intentaba
mandar un mensaje de compromiso con la paz. Pero lo cierto es que en ese país el poder sustantivo no lo detentan ellas sino un hombre y su
partido, el Presidente Paul Kagame, que llegó al cargo en el año 2000 y desde entonces no lo ha cedido. El parlamento ruandés ha adquirido
un carácter testimonial y ratificatorio de las decisiones del Ejecutivo, pero no muestra la autonomía propia de un contrapeso institucional ni
político. En la última edición del Índice de Democracia elaborado por la Intelligence Unit de The Economist, Ruanda es considerado un
régimen autoritario, donde las libertades civiles, la participación política y el pluralismo son reprimidos. Esto pone en perspectiva el alcance
de indicadores como la presencia de mujeres en órganos legislativos capturados, sin poder propio.
En esa perspectiva, al igual que Ruanda, en los últimos años México ha venido colocando más mujeres en el congreso al amparo de cuotas
de paridad (ver gráficas 6 y 7) cuyo cumplimiento es escrupulosamente vigilado por las autoridades electorales, tanto la administrativa (INE)
como la jurisdiccional (TEPJF), pero este rasgo no logra rescatar a México de la tendencia de deterioro democrático que registra el mismo
Índice de Democracia, donde en los últimos años México cae de la categoría de democracia defectuosa a la de régimen híbrido, porque
presenta por igual elementos propios de una democracia y otros asociables a entornos autoritarios. Uno de estos últimos tiene que ver con el

Poniendo a un lado casos singulares, los datos de la UIP muestran que las mujeres ocupan en promedio más de 30% de las curules en
Europa, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe. La cifra cae a 26% en promedio en el África sub-sahariana, a 22% en el este y sudeste de
Asia y a 21% en el norte de África y el oeste de Asia. Sólo en Oceanía y en el sur y centro de Asia la cifra promedio está por debajo de 20%.
Estas tendencias pudieran sugerir cierta pulsión cultural, aunque llaman a la cautela los casos de Ruanda y México en posiciones altas y de
los países escandinavos con datos más variables, aunque siempre en el rango alto.
Mujeres en gobiernos locales
En el último reporte publicado en diciembre de 2021 por ONU Mujeres, sobre la presencia de éstas en gobiernos locales, Naciones Unidas
registró datos para 133 países. Según esos datos, la presencia de las mujeres en órganos deliberativos locales es mayor que en parlamentos
nacionales, 36% c. 26%. 44% de los países con órganos deliberativos locales electos tienen algún tipo de cuotas de género con las que
intentan corregir desequilibrios históricos. Sólo dos países (Antigua y Barbuda, y Bolivia) han alcanzado o rebasado la marca de 50% de los
cargos en órganos deliberativos locales ocupados por mujeres. En total sólo hay 20 países donde las mujeres representan más de 40% de
esas posiciones, México está entre ellos con 45%, muy ligeramente por arriba de los escandinavos y resto de Europa occidental. Este último
dato resulta interesante de observar dado que ninguno de los países de Escandinavia tiene cuotas obligatorias para fomentar el acceso de
las mujeres a posiciones de poder político. Ello constituye evidencia de que ahí donde se combaten las barreras estructurales para el
desarrollo igualitario de niñas y mujeres, su eventual participación en los espacios de la política sobreviene de manera natural.
Conclusión
A lo largo del último siglo y un poco más, las mujeres de casi todo el mundo han conquistado el reconocimiento de sus derechos a elegir a
sus representantes políticos y a ser ellas mismas electas como representantes de sus sociedades. Gradualmente, han ido llegando a
posiciones de poder en distintos ámbitos de la política electoral, gubernamental y social. La mayor parte del mundo ha procurado legislar
esquemas de cuotas electorales de género y paridad para acelerar la llegada de mujeres a cargos políticos.
Sin embargo, como se dijo al principio de esta nota, el objetivo último de todo esto debe ser que las mujeres tengan la posibilidad de tomar en
sus manos la atención a los muchos problemas que les son propios y que históricamente han impedido su desarrollo. No se trata únicamente
de aumentar el conteo de mujeres en candidaturas que no tienen la posibilidad de ganar elecciones, ni en oficinas sin recursos para avanzar
sus carteras, o en asambleas que sólo ratifican las decisiones de otros; no se trata de forzar la llegada de mujeres a responsabilidades para
las que no han tenido la oportunidad de prepararse sino de garantizar que ellas y ellos podrán prepararse sobre bases de igualdad y,
eventualmente, llegar a cargos de poder y responsabilidad desde donde intenten mejorar el futuro de sus comunidades y del planeta. Se trata
de dejar atrás la visión “naturalista” según la cual las mujeres “pertenecen” únicamente en el ámbito de sus hogares y no tienen la misma
capacidad que los hombres para evaluar, diseñar y ejecutar decisiones colectivas.
México atraviesa por un período de sensible ampliación de la presencia de mujeres en cargos de gobierno (federal y local), de representación
parlamentaria, de poder administrativo y judicial. Ésta debiera ser una gran oportunidad para transformar la participación de las mujeres en la
política. Nosotros en Citibanamex empezamos por celebrar a todas aquellas que hoy ejercen con autonomía, mérito, ejemplo cotidiano y
compromiso social sus responsabilidades en alguna trinchera política.

Bibliografía
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Valadés, Diego: El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2018.
Estudios Económicos
10Nota Especial
7-mar-22
Las estimaciones, pronósticos o proyecciones referidos en esta publicación se realizan tomando en cuenta, entre otras cosas, el
comportamiento histórico de diversas variables tanto económicas como financieras de origen nacional e internacional y los
supuestos para su comportamiento futuro. Estos supuestos toman el escenario internacional propuesto, principalmente de las
publicaciones mensuales “Global Economic Outlook and Strategy” y “Emerging Markets Economic Outlook and Strategy” publicados
por Citi Research en la plataforma de Citivelocity así como sus posibles actualizaciones publicadas en la misma plataforma. Para el
escenario local, nuestros estimados consideran principalmente la información publicada en la tabla “Pronósticos Anuales” y
“Pronósticos Macroeconómicos” de nuestra publicación semanal “Perspectiva Semanal” así como sus actualizaciones publicadas por
nuestra dirección.
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