- Esta denuncia penal es independiente a la presentada en febrero de 2017.
Ciudad de México, 23 de octubre del 2019.-
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE o Comisión) presentó ayer, ante la Fiscalía General de
la República (FGR), una querella contra varias personas que, de acuerdo
con sus investigaciones, probablemente cometieron hechos que el
artículo 254 bis del Código Penal Federal señala como delito de
prácticas monopólicas absolutas.
Esta
es la segunda vez que la Autoridad Investigadora de la COFECE hace uso
de esta facultad, toda vez que tiene evidencias sobre la posible
coordinación entre competidores en licitaciones públicas convocadas por
el sector salud, al menos desde 2011 y hasta 2015, que afectaron las
compras de bienes y servicios en diversas entidades del sector.
Las
prácticas monopólicas absolutas generan la más grave afectación, desde
la perspectiva de la competencia, al funcionamiento de los mercados y al
bienestar del consumidor, dado que elevan los precios y disminuyen la
cantidad y calidad de bienes o servicios ofrecidos. Es por ello, que la
legislación mexicana establece sanciones penales que pueden llegar hasta
diez años de cárcel para estas conductas. La colusión en el sector
salud es particularmente grave pues los bienes y servicios adquiridos
por las instituciones públicas inciden directamente sobre la atención
que presta el Estado a la población.
Corresponderá
al Ministerio Público de la Federación proseguir con la investigación
iniciada por la Autoridad Investigadora de la COFECE – los resultados de
esta última quedaron establecidos en el Dictamen de Probable
Responsabilidad que emitió –, para posteriormente, si fuese el caso,
judicializar la carpeta de investigación y ejercitar acción penal en
contra de quienes resulten responsables de haber cometido el delito o
haber participado en su comisión.
La
acción penal solicitada es adicional e independiente al proceso
administrativo que la COFECE tiene abierto en contra de las empresas y
personas físicas que ya fueron emplazadas, las que se encuentran
presentando pruebas y alegatos para su defensa. Al término del
procedimiento seguido en forma de juicio, será el Pleno de la COFECE
quien determine sobre su responsabilidad administrativa y, en su caso,
impondrá las sanciones correspondientes, las cuales pueden alcanzar
hasta 10% de los ingresos acumulables de cada agente económico
inculpado.
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