Al cierre de
2017, laboraban 4 198 846 personas en las administraciones públicas
federal y estatal, de las cuales 40.4% formaban parte del gobierno
federal. En el ámbito municipal, laboraban 1 012 348 personas al
cierre de 2016.
En 2017, las
instituciones de las administraciones públicas federal y estatal
estaban dirigidas por 2 433 titulares, de los cuales 22.7% eran
mujeres y 77.3 hombres. En 2016, de los 41 940 titulares de las
administraciones municipales 25.8% eran mujeres y 74.2% hombres.
En 2017, el
servicio de energía eléctrica, las escuelas públicas y el servicio
de limpia generaron los mayores niveles de satisfacción entre la
población. En contraste, la policía, el transporte público y el
alumbrado público tuvieron los menores porcentajes de satisfacción.
En diciembre de 2002
la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio
como el Día de la Administración Pública para reconocer la
importancia que tiene el servicio público en el desarrollo de los
países. 1 En el marco de la Agenda Global para el Desarrollo 2030,
la Administración Pública se convierte en condición necesaria para
la implementación de políticas públicas articuladas y orientadas a
generar las condiciones de seguridad y desarrollo que permitan
construir sociedades más justas, equitativas y comprometidas con el
cuidado del medio ambiente. 2
Por su parte, el
Gobierno de México, por medio del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024, estableció una serie de criterios que garanticen el
adecuado funcionamiento de la administración pública, basados en el
combate a la corrupción y la administración de recursos públicos
para satisfacer las necesidades de la población.
Frente a esta
responsabilidad, resulta relevante conocer la capacidad de gestión
que tienen las administraciones públicas en México como insumo para
mejorar la toma de decisiones en aspectos relacionados con la
eficiencia y eficacia de la estructura organizacional, la asignación
de recursos, y la implementación de acciones de mejora regulatoria,
orientadas a incrementar el acceso y ofrecer mejores servicios
públicos, principalmente a la población de zonas con mayor rezago
social.
Por ello el INEGI
pone a disposición del público información sobre la composición
de las instituciones públicas del orden federal, estatal y
municipal, y la valoración que la sociedad tiene de los servicios
públicos que recibe.
La información
proviene de los Censos Nacionales de Gobierno (federal, estatal y
municipal) 2017 y 2018, así como de la Encuesta Nacional de Calidad
e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018,
que forman parte de los diversos proyectos que el INEGI realiza en
el marco del Subsistema Nacional e Información de Gobierno,
Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
PERSONAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Uno de los
principales ejes del gobierno mexicano se relaciona con la mejora de
la gestión pública y la capacidad administrativa para dirigir los
recursos a la atención de las necesidades ciudadanas, especialmente
de las poblaciones más vulnerables. 3
Frente a este
desafío es relevante conocer el número de servidores públicos
adscritos a las administraciones públicas para dimensionar la
disponibilidad de recursos humanos para proveer bienes y servicios
públicos a la ciudadanía.
a la relación
comercial entre México y Estados Unidos, que generó aumentos en los
indicadores de riesgo país y las tasas de interés, mientras que el
tipo de cambio del peso frente al dólar se depreció y mostró un
aumento en su volatilidad. Este comportamiento se ha revertido a
partir del anuncio de la suspensión indefinida de los aranceles que
Estados Unidos había planteado imponer a las importaciones
provenientes de México y por el entorno de menores tasas de interés
en los mercados internacionales. En este contexto, se mantienen como
riesgos a la baja para la actividad económica un posible retraso en
la aprobación del acuerdo comercial alcanzado en América del Norte,
y la debilidad que ha mostrado la inversión.
Por lo anterior, es
fundamental mantener un marco macroeconómico sólido que continúe
preservando la estabilidad de precios, la disciplina fiscal, y la
estabilidad financiera. Asimismo, para que la economía mexicana se
encuentre en una mejor posición para hacer frente a choques
adversos, será clave que las autoridades financieras mexicanas estén
alerta para, en caso necesario, tomar las medidas que se requieran
para coadyuvar a fortalecer al sistema financiero, salvaguardar su
estabilidad y procurar mantener condiciones de financiamiento
favorables.
En cuanto al sistema
bancario, el Consejo destacó que en esta coyuntura, los resultados
de las pruebas de estrés publicados en marzo en el Informe Anual
sobre el estado que guarda la Estabilidad del Sistema Financiero en
México, indican que los niveles de capital y de liquidez del sistema
bancario le dan una posición de fortaleza para enfrentar choques
severos.
Adicionalmente, el
Consejo analizó los riesgos asociados a la intermediación
financiera no bancaria, la cual está compuesta por instituciones que
realizan operaciones similares a las de la banca pero con una
regulación y supervisión distintas, y concluyó que si bien en este
momento dichas actividades no constituyen un riesgo para la
estabilidad del sistema financiero, es importante continuar vigilando
su evolución y las posibles interconexiones con el sistema
financiero. Asimismo, acordó revisar anualmente el perímetro de la
regulación aplicable a los intermediarios financieros no bancarios y
ajustarlo en caso necesario para reducir los posibles riesgos de
estas entidades. Lo anterior está en línea con los acuerdos
asumidos en el seno del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por
sus siglas en inglés).
En adición a los
riesgos antes expuestos, el Consejo continuó dando seguimiento al
estatus de la seguridad informática del sistema financiero,
resaltando la importancia de continuar trabajando conjuntamente entre
las autoridades y los entes regulados. Por otro lado, destacó la
conveniencia de mantener una sana distancia entre el sector
financiero regulado y los activos virtuales, dados los riesgos que la
operación con estos pudiera conllevar para los usuarios, para las
instituciones que operen con ellos y para el sistema financiero en
general y continuar analizando los riesgos en que incurrirían las
personas que operen con los activos virtuales. No obstante lo
anterior, también es de interés de las autoridades financieras
permitir el uso de tecnologías innovadoras que pudieran generar un
beneficio desde la perspectiva de eficiencia o funcionalidad.
Finalmente, el
Consejo acordó dar seguimiento y continuar el proceso de
implementación en nuestro país de la regulación financiera
acordada en el seno de los organismos financieros internacionales (el
Consejo de Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea y el Grupo de Acción
Financiera
Internacional).
El Consejo de
Estabilidad del Sistema Financiero está conformado por el Secretario
de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside, el Gobernador del
Banco de México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público,
dos Subgobernadores del Banco Central, el Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, el Presidente de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, el Presidente de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Secretario Ejecutivo del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
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