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De acuerdo con lo establecido por la iniciativa
de reforma, más de 39 mil 978 personas serían postuladas a nivel federal y
local para ocupar las responsabilidades de juzgadores y juzgadoras.
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La gran cantidad de personas candidatas
representaría un reto para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto
de manera informada, pues se ve difícil que puedan conocer el perfil
profesional y las competencias de todas las personas postuladas.
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La reforma deja de lado mecanismos objetivos de
evaluación para la conformación de las listas de personas candidatas por parte
de los poderes públicos, por lo que se hace indispensable incorporar métodos
para una selección por méritos.
Ciudad de
México, 14 de agosto de 2024.- Frente a
la iniciativa de reforma judicial propuesta el pasado 5 de febrero de 2024 por
el presidente de la República que propone, entre otras cosas, que personas
juezas, ministras y magistradas sean elegidas por votación popular y que el
Consejo de la Judicatura Federal sea sustituido por un Órgano de Administración
Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, varias organizaciones de la
sociedad civil destacamos los riesgos que conlleva la iniciativa y ponemos sobre
la mesa propuestas concretas para reducirlos.
Partimos de la premisa que la elección de personas ministras,
magistradas y juezas federales afectaría la autonomía del Poder Judicial como
institución, así como la independencia de las personas juzgadoras, toda vez que
la función judicial no es representativa sino de brindar una “justicia pareja”
para todas y todos, sin influencias externas, políticas, económicas o fácticas.
En esta línea, el proceso de
preselección de las personas candidatas previsto en la iniciativa no es
claro y no garantizaría que estas sean las más idóneas para desempeñar la
función judicial, pues no se definen los criterios bajo los cuáles se hará la
definición de las listas de las personas que serían votadas y le deja a cada
Poder la decisión discrecional de fijarlos.
“Por otro lado, es importante resaltar que, pese a que su exposición de
motivos establece que esta iniciativa busca reducir la politización en los
nombramientos de las personas juzgadoras, existe un alto riesgo de injerencia
partidista y de los Poderes del Estado en el mecanismo propuesto, pues cada uno
de estos Poderes propondrá un tercio de las personas candidatas”,por, Itzel
Checa, Coordinadora General del Observatorio de Designaciones Públicas.
Por otro lado, la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y
el Estado Democrático de Derecho, Laurence Pantin, expuso que “Estimamos que,
como está planteada actualmente la iniciativa, se someterían a elección 9 mil 972 personas candidatas para ocupar mil
668 cargos a nivel federal y 30 mil 006 personas candidatas para 5 mil 001
puestos a nivel local, llegando a un total de 39 mil 978 personas candidatas en
dichas elecciones. Tal número de puestos de elección implica un desafío para
que la ciudadanía pueda conocer el perfil profesional y las competencias de las
personas candidatas, una condición indispensable para que las y los electores
emitan un voto informado”.
Ante este panorama, proponemos la conformación
independiente de Comités Técnicos de
Evaluación, figuras que se han instalado para otras designaciones de altas
responsabilidades públicas. Los Comités se encargarían de establecer y aplicar
una metodología de evaluación objetiva y rigurosa que permita definir a las y
los aspirantes más preparados, mejor calificados para ejercer las funciones
judiciales y con cualidades sustantivas que garanticen el principio de ser y
parecer independiente. Es decir, a los perfiles más idóneos.
Lo anterior, desde una perspectiva basada en buenas prácticas y de
estándares de transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana
efectiva, idoneidad, igualdad de condiciones, paridad y rendición de cuentas
que deben regir los procesos de designación para brindar certeza jurídica,
construir confianza ciudadana y dotar de legitimidad de origen a estas
importantes decisiones.
En este orden, proponemos que el
proceso de preselección de las personas candidatas considere las siguientes
etapas bajo el mando del Comité Técnico de Evaluación, con la finalidad de
garantizar perfiles idóneos:
● Emisión de
una convocatoria abierta y pública con las etapas y plazos del proceso, así
como con la metodología de evaluación que se seguiría.
● Revisión
de los requisitos de elegibilidad.
● Aplicación
de un examen de conocimientos teóricos-prácticos.
● Examinación
del perfil de las y los aspirantes, a fin de evaluar la idoneidad para ocupar
la responsabilidad.
● Realización
de entrevistas públicas.
● Definición
de las listas de personas candidatas con base en los resultados de la
evaluación.
● Elaboración
de un dictamen/documento público fundado y motivado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que un buen
proceso de designación es un presupuesto esencial para fortalecer la
independencia judicial, por lo que la Cámaras de Diputados tiene una oportunidad para trazar una reforma
integral que vincule a las autoridades impartidoras de justicia con los retos
del país y las demandas de la sociedad, proporcionando a los poderes judiciales
una verdadera legitimidad democrática, sin atisbos de corrupción, impunidad,
nepotismo, tráfico de influencias y demás acciones que empañen el proceso y las
funciones del Poder Judicial. Esperamos altura de miras en esta apuesta de
transformación.
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#RepensemosLaReforma
