2 de julio de 2021
Preámbulo
Han sido
reiteradas las reformas legales o políticas públicas impulsadas en
los últimos meses que resultan desalentadoras para la economía y el
Estado de Derecho. A ellas, se suma el reciente anuncio
del titular del Ejecutivo federal, tras una gira por la frontera,
quien ha planteado regularizar los autos ilegales. Eso implicaría
legalizar el contrabando y fomentar la competencia desleal en una
industria estratégica para México y gravemente afectada por la
pandemia como lo es la automotriz. También tenemos claridad sobre lo
complejo que este tema resulta para los habitantes de la franja
fronteriza del país.
En esta
Señal COPARMEX analizamos el impacto devastador de una medida como
esa y la urgente necesidad de lograr que en México impere el Estado
de Derecho.
Antecedentes
Como lo
ha advertido la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA), la introducción y comercialización irregular de vehículos
usados procedentes de los Estados Unidos es un tema discutido por
décadas. Han sido múltiples los intentos gubernamentales por
poner orden, muestra de ello son los 19 procesos de regularización
puestos en marcha en el periodo de 1979 a 2011.
De
hecho, hoy en día importar un vehículo usado es factible de acuerdo
con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se
regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.
Quien
cumpla con lo estipulado puede legalmente introducir un auto a
México; el problema radica en la introducción ilegal que es un
delito por medio del cual se benefician organizaciones criminales,
grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros
delitos mediante el uso de esos autos. Además de representar un acto
de evasión fiscal.
Riesgos
e impactos que podría provocar la medida
Golpe
al sector automotriz, uno de los más afectados por la pandemia:
En el mercado nacional se vendieron 428,312 vehículos ligeros
durante enero-mayo 2021. Esto está 19.8% por debajo de los niveles
registrados en enero-mayo 2019. La producción total de vehículos
ligeros está 19.7% por debajo de los niveles vistos en el mismo
periodo previo a la pandemia.
No
podemos esperar que la recuperación del sector automotriz en México
dependa exclusivamente del repunte del sector estadounidense que se
prevé ocurra hacia finales de 2022. Tampoco deben perderse de
vista las presiones que enfrenta, como es el incremento del precio
del acero (que alcanzó su mayor nivel en 7 años), el desabasto de
semiconductores (chips) en el mercado global o los procesos laborales
para renovar contratos colectivos entre sindicatos y empresas como
parte de lo establecido en el T-MEC.
La
competencia desleal que representa la regularización de "autos
chocolate" atentaría gravemente contra la recuperación de un
sector clave para el país. La
AMDA estima que podría implicar una caída del 39% en las ventas del
mercado nacional.
Empleos
asociados y que estarían en riesgo:
Hoy son casi 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de
equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de
ellos se verían en riesgo dada la posible contracción del mercado
interno.
Caída
en la recaudación:
Habría dos efectos recaudatorios: (1) Los fabricantes dejarían de
pagar IVA e ISR ante los recortes en la producción que tendrían que
hacer por una menor demanda de autos nacionales; y (2) Habría una
contracción en la captación del ISAN, que es un impuesto que los
compradores de vehículos nuevos tienen que pagar. En 2020, se
recaudaron poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto.
Afectaciones
al Medio Ambiente:
Resulta incongruente que las autoridades promuevan acciones como el
programa Sembrando
Vida
para fomentar la siembra de árboles y, al mismo tiempo, se aliente
la introducción de automóviles al país que por sus elevados
kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes.
En
algunas zonas metropolitanas, las emisiones generadas por vehículos
representan hasta un 60% de la contaminación total por partículas
suspendidas gruesas (PM-10) y, lo más grave, es que de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren en nuestro
país 14,700 personas a causa de enfermedades asociadas a la
contaminación.
El
gobierno debería de trabajar en una política orientada a incentivar
e implementar sistemas de transporte público más eficientes y
sostenibles en lugar de regularizar “autos chocolate” cuya
antigüedad promedio ronda los 15 años de vida y que no cumplen con
las normas vigentes como son la NOM-042-SEMARNAT-2003 y la
NOM-044-SEMARNAT-2017.
Riesgos
a la seguridad de las personas: Al
constituir una actividad ilegal, no se cuenta con estimaciones
acertadas que ayuden a dimensionar el universo de este tipo de
vehículos. Sin embargo, muchos de ellos al ser vehículos desechados
o con antecedentes de siniestro en Estados Unidos no garantizan los
estándares mínimos de seguridad vehicular como son frenos de
seguridad ABS, bolsas de aire o sistemas de retención infantil. Con
ello se pone en riesgo a los usuarios del auto como a las personas en
su entorno.
Otro
riesgo en materia de seguridad es que se ampliarían los márgenes de
operación de grupos de traficantes de autos que impactan
negativamente a las entidades fronterizas. Se tiene identificado que
muchos de estos autos que circulan con placas vencidas de los Estados
Unidos lo hacen portando “acreditaciones” o identificaciones
provisionales de alguna de las decenas de organizaciones civiles que
prometen legalizarlos. La regularización planteada podría resultar
en un mecanismo para legalizar la corrupción.
Llamado
de COPARMEX
Para
COPARMEX el planteamiento hecho para la regularización de "autos
chocolate" representa premiar a la ilegalidad. Es, al mismo
tiempo, un atentado contra uno de los sectores claves de nuestra
economía ya que la industria automotriz representa cerca del 20% del
PIB manufacturero nacional.
Coincidimos
con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes
demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las
entidades de la frontera norte, pero no respaldamos medidas que
distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos,
deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de
impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo
la vida de los usuarios de autos y a terceros.
Llamamos
a que las autoridades sean las primeras en respetar y hacer respetar
la ley y las medidas regulatorias que este mismo gobierno ha emitido.
La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de
contrabando sería un duro golpe a la economía y aumentaría la
obsolescencia automotriz, México no debe ser el basurero automotriz
de ningún país.
