+ Denuncia ante el Ministerio Público de la Federación para que inicie las investigaciones correspondientes por delitos
del fuero federal.
+ Solicita el ejercicio de la acción penal contra el Síndico del Municipio de San Felipe, Antonio Marrufo López y otras
personas consideradas presuntas responsables por los delitos cometidos en el Municipio de San Felipe.
+ Asimismo, PROFEPA solicitó se le considerara como ofendida y coadyuvante en la investigación de la denuncia presentada.
La
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó
denuncia penal por las actividades de derribo
de manglar y relleno de humedal en el Municipio de San Felipe, Yucatán,
dentro del Área Natural Protegida (ANP) Reserva Estatal Dzilam de
Bravo.
En la denuncia se señaló al Síndico del Municipio de San Felipe, Antonio Marrufo López, y otras personas, consideradas
presuntas responsables por los delitos cometidos en dicho Municipio.
Se
denunciaron las actividades de desmonte, eliminación de vegetación
natural, corte, arranque, derribo o tala,
así como cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el relleno
de un humedal, actividades tipificadas como delito en el artículo 418
del Código Penal Federal (CPF).
Además,
del daño a los ejemplares de mangle detectados, también fue denunciado,
ya que se trata de un delito
contemplado en el artículo 420 fracción V del CPF, el cual protege a
ejemplares de especies silvestres considerados amenazados, siendo el
caso del manglar.
Lo anterior, debido a que se detectó afectación de ejemplares de mangle rojo (Rhizophora mangle),
mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus), listados en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de especies Amenazadas
(A).
Para
los dos delitos arriba mencionados, el CPF establece una pena de 6
meses a nueve años de prisión y de uno
a nueve años de prisión, respectivamente; debiendo aumentarse hasta en
tres años más por afectar un área natural protegida, siendo el caso, ya
que se trata de actividades realizadas en el ANP Reserva Estatal Dzilam
de Bravo.
También, se declaró el daño por desecamiento y relleno de un humedal, delito establecido en el artículo 420 Bis
fracción I del referido Código, para el cual se establece una pena de dos a diez años de prisión.
En la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación, se solicitó que se considerara a la PROFEPA
como ofendida y coadyuvante en las acciones de investigación que dicha autoridad determine.
La
denuncia presentada derivó de los hechos encontrados en inspecciones
realizadas en las que se detectó cambio
de uso de suelo, eliminación de vegetación mediante la tala y corta,
afectación de ejemplares de mangle rojo, blanco, negro y botoncillo; así
como el relleno y desecamiento de humedal, para la apertura de
vialidades y establecimiento de asentamientos humanos
irregulares.
Una
de estas inspecciones corresponde a la efectuada en octubre de 2018, en
un predio de 4,880 metros cuadrados,
que fue clausurado en el Municipio de San Felipe, Yucatán, ubicado
dentro de la poligonal de la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo, por las
actividades de cambio de uso de suelo área forestales sin autorización
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
Durante
el periodo 2013-2018 la PROFEPA realizó acciones consistentes en la
clausura de 1,345.1019 hectáreas
por afectación a humedales en los municipios de San Felipe y Río
Lagartos, así como la realización de 29 recorridos, que derivaron en el
establecimiento de 24 procedimientos administrativos, y la resolución de
20 de ellos, con sanciones administrativas y la
presentación de las denuncias penales correspondientes.
Con
estas acciones, la PROFEPA busca inhibir la comisión de ilícitos
ambientales, a la vez que refrenda su compromiso
y misión de proteger los recursos naturales de México, así como
procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la
Ley.
