En
muchos estados las normativas relativas a la protección de datos
personales
son antiguas y varios países buscan actualizarse. ESET, compañía de
seguridad informática, repasa cuál es la situación en Latinoamérica.
Ciudad
de México, México - Con
el crecimiento de las tecnologías que procesan datos a gran escala y
con su implementación en diversos
ámbitos de la sociedad, surge el desafío para los estados de regular el
tratamiento de la información de los usuarios. Esta necesidad no es
nueva, sino que está presente desde los inicios de la computación y, en
el período pandémico y pospandémico, aumentó
en forma brusca y a velocidades inesperadas. ESET,
compañía líder en detección proactiva de amenazas, repasa cuál es la situación en Latinoamérica.
Los ejes temáticos principales que se encuentran en discusión actualmente son muy diversos y se pueden resumir en los
siguientes:
- Regulación del tráfico de información a través de internet.
- Traspaso internacional de datos.
- Huella Digital.
- Tecnologías de procesamiento de datos a gran escala.
- Reevaluación de métodos de protección de datos y acceso a la justicia.
- Descentralización de tratamiento de la información y de autoridades a cargo del control.
- Primacía del consentimiento de los titulares de datos.
“La
mayoría de las normativas relativas a la protección de datos
personales, en muchos de los estados de Latinoamérica,
data de hace más de 10 o 20 años y resultan insuficientes frente al
actual estado de la tecnología y las necesidades de esta era. Dada esta
circunstancia, varios países latinoamericanos, como Chile y Argentina,
buscan regular, reformular y actualizar sus normas
vigentes, mientras que otros continúan estáticos”, comenta Fabiana Rodriguez, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.
A continuación desde ESET repasan el estado de la situación normativa en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México:
Argentina:
En la Argentina, la protección de datos personales se encuentra sujeta a la Ley
25326,
sancionada y promulgada en el 2000, que dio lineamientos generales
respecto a la forma de
almacenar y transferir datos, y reconoció en forma explícita algunos
derechos en favor de los titulares de datos, como la modificación y
extinción de los registros.
“Si
bien cumplió su cometido regulatorio, también dejó fuera algunas
situaciones que, quizás al momento de su creación,
eran impensadas, o implicaban tecnologías incipientes: por ejemplo, la
ley no menciona el término “internet”, lo cual incluso para esa época ya
era necesario. Frente a varias problemáticas actuales, resulta
insuficiente y puede poner en peligro los derechos
fundamentales de los titulares de datos”, comenta Rodriguez.
El nuevo
proyecto de Ley de Protección de Datos Personales,
que se está tratando en el Congreso de la Nación,
pretende dar una nueva perspectiva a la cuestión, desde una mirada
centrada en los avances tecnológicos. Entre los principales cambios que
se proponen se destacan: la posibilidad de que los niños a partir de los
13 años puedan prestar consentimiento para el
tratamiento de sus datos (de acuerdo con ciertas circunstancias), la
aplicación de la Ley para habitantes de la Nación, sin importar dónde se
encuentren almacenados los datos A, y la ampliación del concepto de
dato sensible.
México:
La Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
vigente desde el año
2010, es la norma que rige la temática en el país. También da
lineamientos generales en cuanto a clasificación de datos, estableciendo
algunos principios sobre el tratamiento de estos, aplicable en figuras
públicas y privadas. El eje central de esta ley es
la garantía a los particulares de los derechos
ARCO (aceptación, rectificación, cancelación y oposición). Sin embargo, la ley cuenta con más de
diez años y no abarca cuestiones actuales como la internet, la Inteligencia Artificial, entre otras.
Por otro lado, algunos estados del país cuentan con sus propias leyes, como es el caso de la Ciudad de México y su
ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, que
recientemente sufrió una reforma orientada a que personas de grupos
vulnerables puedan ejercer sus derechos vinculados con la ley en forma
equitativa.
Chile:
Se encuentra en vigencia la Ley
19628,
sobre “Protección de Datos de Carácter Personal” también denominada
“Ley de Protección de
la Vida Privada” que fue sancionada en 1999. En el año 2018 se modificó
la Constitución de Chile y se consagró textualmente a la protección de
datos como derecho fundamental. Sin embargo, y en consonancia con lo que
sucede en otros países, la actual regulación
no es eficaz en su aplicabilidad a diferentes situaciones que plantea
la digitalización y el uso de tecnologías en constantes cambios, razón
por la cual se encuentra en tratativas un nuevo
proyecto de ley.
Esta
nueva propuesta busca enfocarse en que el tratamiento de la información
se realice con el consentimiento del titular
de dichos datos o en los casos que lo autorice la ley. Además, procura
que se aseguren estándares de calidad, información, transparencia y
seguridad. Todo esto basándose en la situación en que se encuentra la
información frente a la tecnología. Como novedad,
se crearía la Agencia de Protección de Datos Personales, un órgano
público competente en la materia y definiría nuevos principios de
tratamiento de la información como la licitud y lealtad, la finalidad y
calidad de datos, que complementarían a los existentes.
Ecuador:
El 26 de mayo de 2021, se sancionó la primera ley referida a datos en Ecuador. La Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales establece
los lineamientos y principios que se deben
aplicar para garantizar la privacidad de los datos personales de los
ciudadanos. Por otro lado, regula el derecho a acceso y decisión sobre
la información que se recopila sobre estos con el objetivo de
empoderarlos frente a los desafíos del mundo digital.
Sin embargo, esta ley
entró en plena vigencia el
26 de mayo de 2023, dado que al momento de su promulgación se otorgó
un plazo de gracia a las empresas y organizaciones que tratan
información para reorganizar sus sistemas de acuerdo con la ley en
cuestión. A partir de este año, se volvieron aplicables las multas
previstas por incumplimiento de la ley, que pueden alcanzar
hasta el 1% del capital de negocios de quien la infringe.
Colombia:
La Ley
1581 del
2012, es la norma central de la regulación de las cuestiones que atañen
a la protección
de datos personales, que está complementada por el derecho
constitucional de habeas data y otras regulaciones. Esta ley desarrolla
los derechos de los titulares de datos a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recolectado sobre ellos
en bases de datos o archivos, siendo una norma similar a las leyes de
protección de datos iniciales de Latinoamérica y que establece
principios generales.
Dada
la fecha de su sanción, la misma no contempla supuestos actuales
relacionados con el aumento desmedido del almacenamiento
de datos en medios digitales y el crecimiento de tecnologías de
procesamiento de datos, lo cual generó una necesidad casi inmediata de
reforma. Esto, sumado a la influencia del RGDP europeo, fue el puntapié
para el planteo de un nuevo
proyecto de Ley (066 del 2022) que tiene como objeto aumentar el resguardo de los datos personales
frente al tráfico de mensajería a través de empresas que prestan esos servicios.
Dentro
de las propuestas que incluye se puede mencionar la creación de un
registro donde los usuarios puedan solicitar
la eliminación de los datos referidos a ellos que se encuentren bases
de diferentes entidades, así como la imposición de sanciones a empresas
que no cumplan con estas solicitudes. Por otro lado, pretende reformular
conceptos principales como datos personales
y sensibles y regular cuestiones referidas a las transferencias
internacionales de información.
“Del
panorama legislativo existente y tendencias de reforma respecto a
normativas de protección de datos, se puede
concluir que, si bien los estados cuentan con lineamientos de
protección de datos, los mismos resultan insuficientes para gestionar
las problemáticas actuales. Se podría recomendar fuertemente a los
estados el establecimiento de un sistema que permita un constante
análisis para acomodar las leyes de acuerdo con las necesidades y
evitar procesos legislativos lentos que ocasionen que al momento de
entrar en vigencia cada reforma, resulte desactualizada.”,
concluye Fabiana Rodriguez de ESET Latinoamérica.
El
avance de la tecnología, la influencia del Data Science, el Machine
Learning e implementaciones de Inteligencia
Artificial, generan una constante necesidad de cambio en la
legislación, ya que día a día surgen nuevas formas de vulnerar los
derechos de los usuarios.
A
las organizaciones y empresas tratantes de datos, desde ESET se
recomienda dar importancia e invertir para la implementación
de Sistemas de Gestión de la Seguridad de Información, así como tomar
los recaudos para cumplir las normas respectivas a la protección de
datos existentes y acomodarse a las tendencias, tomando como pilar el
respeto de los derechos fundamentales.
Finalmente,
para los usuarios finales y particulares, ESET aconseja mantenerse
actualizados respecto a las nuevas normativas,
evaluar qué tipo de datos se comparte y con quién, e informarse antes
de prestar consentimiento. Sobre todo, ser consientes a la hora de
exponer su información, principalmente al hacerlo mediante dispositivos
tecnológicos conectados a internet y que cuenten
con soluciones de seguridad suficientes capaces de detectar intrusiones
y lograr así una protección de calidad.
