Aquiles
Córdova Morán
Creo
que todas y todos los mexicanos supimos a buen tiempo que la opinión
mayoritaria del país se inclinaba de manera clara, y en una actitud
muy decidida además, en favor del actual presidente de la República
y de casi todos los candidatos que postulaba su partido. La gente
estaba harta de la pobreza, la marginación y las carencias de todo
tipo en que las habían sumido y mantenido los gobiernos anteriores,
sin distinción de partido, y no estaban dispuestas a soportar, por
ninguna razón, que las cosas siguieran igual. Exigían un cambio y
estaban dispuestas a lograrlo a cualquier precio. El peligro de un
estallido violento en caso de un fraude electoral se podía tocar con
las manos.
El
entonces candidato presidencial y actual Primer Mandatario lo sabía,
él primero de todos, y así lo dijo en varias ocasiones. Todos
recordamos aquel discurso ante la convención nacional de banqueros
en que les advirtió que nadie debería atreverse a abrir la jaula al
tigre. Si alguien se atreve a hacerlo, amenazó, me voy a Palenque y
ahí les dejo el problema. A ver quién es el bueno que haga frente a
la fiera desatada (la cita no es literal). Afortunadamente, el
Instituto Nacional Electoral (INE) se comportó a la altura de las
circunstancias y nuestra endeble democracia funcionó eficazmente
esta vez. A ello hay que sumar, por elemental espíritu de justicia,
que quienes tenían en sus manos el poder y la capacidad para
adulterar los resultados de la elección, también reaccionaron con
madurez y responsabilidad: respetaron estrictamente la autonomía del
INE y, llegado el momento, acataron el veredicto de las urnas. Así,
entre todos, salvamos la paz y la convivencia de todos los mexicanos
y las mexicanas que conformamos este gran país.
Hoy
estamos ante un reto parecido. Se acercan las elecciones
“intermedias” en las que se renovará la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, se elegirán 15 gobernadores, algunos
congresos locales, presidentes municipales y regidores, las alcaldías
de la Ciudad de México, etc. Estarán en juego unos tres mil
doscientos cargos de elección popular, según los cálculos
oficiales, razón por la que algunos la califican como la elección
más numerosa y compleja en la historia reciente del país. Sin
embargo, pienso que lo que lo vuelve un ejercicio democrático
difícil, complejo y peligroso, como quizá nunca antes, es el estado
de ánimo social en que nos encuentra. Hoy, a diferencia de la
elección recién pasada, no hay una unidad clara en torno a un
partido político; más bien, la sociedad se encuentra claramente
dividida y polarizada a un grado tal que, al igual que la unidad en
torno al candidato presidencial de Morena en el 2018, hoy la división
se puede palpar con la mano, o “cortar con un cuchillo”, según
la conocida frase coloquial. Hay división en la ciudadanía. Y una
división tan honda e irreconciliable que nadie con un mínimo de
sentido común y de capacidad de observación la puede negar.
Lo
que no está tan claro, lo que sí ofrece dudas evidentes y nos tiene
que poner a reflexionar a todos, en primer lugar a los analistas
políticos expertos y desprejuiciados, es lo siguiente: ¿por dónde
pasa la línea divisoria actual entre mexicanos y mexicanas y de qué
tamaño son los bloques separados por esa línea? En otras palabras,
¿de qué lado está ahora la mayoría y de qué tamaño es su
ventaja sobre la minoría? ¿Qué tan monolíticos son esos bloques y
cuáles son las probabilidades de que, al calor de la lucha
electoral, crezcan unos a expensas de los otros? La importancia de la
cuestión reside, según mi opinión, en que, caso de existir una
mayoría del lado que sea, tiene que ser por fuerza una mayoría
exigua, con una ventaja pequeña sobre la minoría que exige, por
tanto, un instrumento de medición fino y ultrasensible para poder
dimensionarla con seguridad y exactitud.
En
eso reside, precisamente, el carácter difícil y peligroso de la
próxima elección. Todos lo hemos visto y vivido varias veces en los
pocos años de nuestra joven democracia: cuando las diferencias en
los resultados que arrojan las urnas son mínimas, es cuando se torna
más difícil hacer que los perdedores acepten su derrota; cuando se
desatan con más virulencia las acusaciones recíprocas de fraude y
los reclamos de triunfo por parte de ambos competidores; es cuando el
terreno resulta más propicio para rebelarse contra del fallo de las
urnas. Afortunadamente, siempre se han hallado los caminos y los
medios para salir del paso y garantizar la paz y la tranquilidad de
todos. Pero hoy las cosas pintan de otro color. La crispación social
ha llegado a tal punto que hace temer al buen sentido que un fraude
en la elección, o el simple desaseo en la conducción del proceso
que haga creíble la acusación de fraude, desencadene las pasiones
de los contendientes, desborden éstos los frágiles diques de la ley
y nos arrastren a todos a un estallido violento y descontrolado cuyos
daños son imprevisibles pero seguros.
Por
eso hoy es más urgente que nunca que todos, pero en particular
quienes tienen el poder y la responsabilidad en la conducción del
país, cuidemos y midamos milimétricamente cada paso, acción y
declaración sobre cuestiones electorales. Es deber colectivo
preservar la competencia, respetabilidad, imparcialidad y apego a la
ley de los órganos y tribunales electorales; que todos, empezando
por el Presidente y los señores senadores de la República, obremos
con limpieza, transparencia y apego a la ley a la hora de decidir la
integración de tales organismos; que seamos muy respetuosos de su
integridad y de sus atribuciones legales, sin pretender invadirlas o
suplantarlas contraviniendo el derecho; que evitemos todo movimiento
de piezas que pueda ser interpretado como un intento de cargar los
dados en favor de tal o cual partido o candidato. En caso contrario,
estaremos debilitando la capacidad de acción, la imparcialidad y la
confiabilidad del instrumento de medición de los resultados
electorales y, con ello, abriendo de par en par la puerta al peligro
de un estallido violento que nadie desea.
El
buen sentido aconseja también la extremada responsabilidad y
transparencia en el manejo de los recursos públicos y los programas
de gobierno destinados al beneficio de las clases más desprotegidas
del país; en el manejo del presupuesto destinado a la publicidad del
gobierno; en el trato con todos los medios de comunicación, evitando
favorecer solo a los amigos y castigar a los insumisos con el dinero
público. Recomienda también la extremada institucionalidad a la
hora de nombrar y remover a los titulares de organismos relacionados
con la administración pública o con la defensoría de distintos
derechos ciudadanos, garantizando que todos se comporten con la mayor
transparencia y apego a lo mandatado por la ley. Cancelar de una vez
por todas las guerras mediáticas contra los opositores y disidentes
políticos porque, en último término, son otras tantas maniobras
ilegales para manipular y torcer la voluntad popular en las urnas.
Hay que aprender a rebatir con argumentos, no con injurias.
Los
antorchistas vivimos y sentimos en carne propia la intensificación
de la guerra sucia en medios y redes. Vemos cómo aumenta el refriteo
de viejas acusaciones falsas y cómo suben de tono las amenazas a
nuestra libertad y a nuestra vida. Dejo aquí constancia de ello
porque refuerza mi opinión sobre el carácter peligroso de la
elección que viene, pero también porque creo que es algo que no
debe tomarse a la ligera y la opinión pública nacional debe estar
advertida. Se trata de calumnias e infundios sin sustento de ninguna
clase; nuestro verdadero delito es ser opositores abiertos y
verticales del proyecto reformista de la 4ª T. Por eso exigimos que
cesen de inmediato las intimidaciones y que se respete de modo
irrestricto nuestro derecho a disentir y a participar de pleno
derecho en la vida política del país.
Es
del dominio público que los programas sociales de la 4ª T están
enfocados hacia gente previamente seleccionada por su fidelidad al
gobierno, mientras discriminan y marginan abiertamente a los
desafectos o insumisos. Las pocas despensas que se han repartido con
motivo de la pandemia; los famosos minicréditos a empresas micro,
pequeñas y medianas; el reparto de becas y la distribución de
fertilizantes a los pequeños productores del campo siguen el mismo
modelo electorero. Todo eso se ha hecho y se sigue haciendo con
criterio partidista, basándolo en padrones levantados casi
clandestinamente por miembros de Morena, y hoy se habla de
sofisticados programas cibernéticos de geolocalización y de
manipulación del voto de los beneficiarios. Esto es un delito
tipificado por la ley vigente.
Se
afirma también en los medios que la elección de los cuatro
consejeros del INE que hacen falta, se está “cocinando” entre
bambalinas para colocar gente adicta a la 4ª T. Es obvio que si eso
llegara a suceder, esa institución, que ha sido clave para
salvaguardar la democracia y la paz social, habrá perdido su
independencia y su credibilidad y el fraude electoral quedará a la
vista. Los ciudadanos y ciudadanas responsables de este país, que
somos la inmensa mayoría, no lo debemos permitir. El Presidente no
tiene ninguna facultad legal para autoerigirse en guardián de las
elecciones, ni puede ser garantía de imparcialidad alguna porque sus
intereses electorales y partidarios están a la vista de todos. Es un
absurdo jurídico y un claro abuso de poder que pretenda ser juez y
parte en los próximos comicios. También eso desnuda la intención
de manipular los resultados de las urnas en la elección que viene.
A
nadie conviene ni urge más que al gobierno, que las próximas
elecciones se den en un clima de absoluta paz social y de plena
confianza ciudadana en los órganos electorales, sin trampas ni
presiones, abiertas o disimuladas, sobre los electores. Solo así los
resultados, en caso de que le favorezcan, serán aceptados y
respetados por todos los actores políticos; solo así podrán
gobernar en paz y con pleno respaldo de la ley y del pueblo mexicano.
Solo así podrán seguir construyendo, también en paz, su proyecto
de la 4ª Transformación. ¿Es esto, acaso, mucho pedir?
