La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con el Instituto Electoral (IECM) y la Secretaría de Gobierno (SeGob), todos de la Ciudad de México, llevaron a cabo la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, en siete centros penitenciarios, en los que participaron cerca de 2 mil personas privadas de la libertad.
Este ejercicio de consulta contempló la participación de personas en prisión preventiva, quienes tuvieron la posibilidad de presentar proyectos para la mejora en sus colonias o unidades habitacionales, o elegir alguna propuesta presentada por sus vecinas y vecinos.
Estas acciones se llevaron a cabo entre el 04 y el 14 de agosto, periodo en el que se instalaron las Mesas Receptoras de Opinión (MRO) al interior de los centros penitenciarios, y el personal del IECM habilitó los dispositivos electrónicos para que las personas electoras previamente registradas en la Lista Nominal de Electorado en Prisión Preventiva (LNEPP) de la Ciudad de México, pudieran emitir su opinión.
En total, en los siete centros penitenciarios, participaron mil 975 personas privadas de la libertad en prisión preventiva; en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fueron 835, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte 542, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur 384, en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 198, en el Centro Femenil de Reinserción Social siete, en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla siete, y en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria dos.
Cabe señalar que, para esta consulta, se inscribieron 2 mil 690 personas que cumplían con el requisito de no haber recibido sentencia condenatoria o una resolución en la que se imponga como pena la suspensión de sus derechos político - electorales, de las cuales mil 975 ejercieron su voto, lo que representa un 73.42% de participación.
El Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada Molina, sigue trabajando y colaborando con las autoridades electorales, para incluir a las personas privadas de la libertad en la democracia participativa, respetar sus derechos humanos, político - electorales, y generar acciones que permitan su reinserción social.
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